El Libero
Los hechos de violencia en la macrozona sur han crecido en número y en gravedad. El Presidente Sebastián Piñera llamó a un acuerdo nacional para derrotar la “ola de atentados”, envió al Ministro del Interior a las regiones de La Araucanía y el Biobío, se acordó una forma de que el Ejército pueda colaborar a través de los patrullajes mixtos -sin necesidad de declarar Estado de Sitio-, y convocó a todos los poderes de Estado para hablar de esta situación. “Cada institución debe revisar sus procedimientos” y tener una “mayor coordinación”, dijo el Jefe de Estado tras la reunión.
En este contexto, el abogado Sebastián Donoso quien fue asesor especial para Asuntos Indígenas durante el primer gobierno del Mandatario y actualmente se desempeña como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entrega su mirada a El Líbero sobre lo que él define como la “cuestión indígena”, es decir las relaciones que se establecen entre el Estado, los pueblos indígenas (incluyendo el pueblo mapuche) y el resto de la sociedad. Así como los desafíos que existen en ese relacionamiento. Una realidad que ahora también se ve afectada por situaciones como el robo de madera y el narcotráfico.
“La solución solo puede venir por el lado de un gran acuerdo político y social” en el que las medias tintas no son aceptables, afirma el abogado. Por eso, agrega, “no se puede vacilar en condenar categóricamente la violencia”, ni relativizar estos hechos.
-¿Es correcto seguir hablando del “conflicto indígena” en un contexto en el que ha quedado demostrada la presencia de una suerte de guerrilla, vinculada al narcotráfico?
-En términos generales creo que las etiquetas como ‘conflicto indígena’ o ‘conflicto mapuche’ solo simplifican la realidad y no permiten apreciar la cantidad y complejidad de variables que influyen en la grave situación que se vive en la macrozona sur. Una cosa es lo que yo llamo la ‘cuestión indígena’, que tiene principalmente que ver con el relacionamiento entre el Estado, los pueblos indígenas (incluyendo el pueblo mapuche) y el resto de la sociedad, y los obstáculos y desafíos que existen en ese relacionamiento. Ciertamente una de las facetas de la ‘cuestión indígena’ es el orden público, porque muchas veces las demandas -por ejemplo, las relacionadas con reivindicaciones territoriales- se han salido de la institucionalidad y han incurrido en hechos de violencia y vulneración de derechos. Pero otras veces la violencia ha venido desde el Estado, como ocurrió con el caso Catrillanca solo por dar un ejemplo. En un plano distinto creo que están realidades como el robo de madera, narcotráfico y otros delitos, que parecen aprovecharse de la situación que se vive en la zona para proliferar sin mucho control. Si bien existen antecedentes que parecen indicar ciertas vinculaciones entre ambas cuestiones, obviamente no se puede generalizar.
-En su opinión, ¿qué tan relevante es la influencia del narcotráfico en los acontecimientos que hemos visto recientemente en la macrozona sur?
-La presencia del narcotráfico y su posible vinculación con algunas comunidades es una realidad relativamente nueva y no tengo antecedentes suficientes para pronunciarme sobre ella. Sí he escuchado a personas que conocen bien el terreno decir que el narcotráfico ha penetrado fuertemente en esta zona y que es una realidad que debemos abordar con la máxima urgencia.
-En su cuenta pública de este año el fiscal de La Araucanía mencionaba como uno de los logros de su administración el que se hubiese instalado la expresión “violencia rural”. Sin embargo, considerando las muertes, la quema de viviendas, el armamento de alto calibre, ¿la expresión “violencia rural” puede ser ya un eufemismo?
-Creo que más que ‘instalar temas’, nuestro objetivo primordial hoy debiera ser el tratar de entender cómo hemos llegado a la situación actual y qué debemos hacer como sociedad para abordarla. Y cuando digo abordarla me refiero a una mirada integral, que por supuesto incluye asegurar el orden público pero que debe ir mucho más allá de eso. Debemos partir por entender que existen distintas formas de violencia que tienen víctimas también distintas, tanto entre mapuches como no mapuches. Debemos entender también que la violencia no partió en la década de 1990 como algunos creen, sino que ha existido con distintas intensidades desde hace mucho tiempo. El problema es que ante estas complejidades y distinciones, algunos políticos relativizan los hechos de violencia y son incapaces de pronunciarse categóricamente en su contra. Es importante tratar de entender las raíces históricas del conflicto, pero no se puede vacilar en condenar categóricamente la violencia, y ahí muchos yerran.
-¿Hay terrorismo en la macrozona sur?
-Le voy a ser franco: a mi juicio esa pregunta desvía la atención de lo que es más importante. Si uno mira la definición de terrorismo en la ley y la compara con algunos hechos que han ocurrido en la macrozona sur, creo que ciertamente hay situaciones cuyas circunstancias permiten calificarlas como actos terroristas. Pero si alguien cree que la solución a la situación actual pasa por decir “hay terrorismo” o “esto se arregla con la aplicación de la ley antiterrorista”, creo que estamos muy lejos de entender el problema.
“Se requiere actuar con sentido de urgencia”
-Hay una sensación de abandono entre los habitantes del sur. Por un lado los mapuche que consideran que no se han hecho avances en la agenda indígena y por el otro los agricultores y trabajadores de forestales para quienes se perdió el Estado de Derecho. ¿Qué medidas debe tomar el Estado para satisfacer los requerimientos de ambos grupos?
-Es importante entender que la referencia al ‘Estado de Derecho’ es recibida en forma muy crítica por los actores indígenas. Para muchos de ellos el llamado ‘Estado de Derecho’ o ‘la ley’ ha sido utilizado a través de la historia para cometer graves abusos en contra del pueblo mapuche. Por eso el llamado a respetar el estado de derecho puede ser leído como una hipocresía o injusticia. Este es uno de los aspectos que revela que estamos fundamentalmente en presencia de un problema político. El desafío para todos es construir un marco legal e institucional que asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas, de modo que nunca más las referencias al estado de derecho sean escuchadas de esa forma. Pero si nos embarcamos en ese desafío, no podemos menos que exigirle a los actores indígenas que renuncien también a toda forma de violencia. De lo contrario no habrá ninguna posibilidad de salir airosos de este trance.
-¿El Estado de Sitio puede ser una solución?
-A mí me parece que la solución solo puede venir por el lado de un gran acuerdo político y social en orden a enfrentar este tema como una política de Estado, renunciando a las trincheras políticas y las ganancias electorales de corto plazo. Tal como en noviembre de 2019 el sistema político llegó a un acuerdo para hacer frente a la crisis social, necesitamos con urgencia un acuerdo similar para esta gravísima realidad que estamos viviendo hace ya muchos años. A riesgo de simplificar el problema, se puede decir que la situación de la macrozona sur tiene una dimensión política y una dimensión de orden público. Si ponemos toda la atención en la dimensión de orden público y postergamos el componente político -por ejemplo declarando ahora el estado de sitio- probablemente el conflicto se va a ahondar y la posibilidad de llegar a un acuerdo va a ser mucho más difícil. En cambio, si todos los actores relevantes -gobierno, partidos políticos, parlamentarios, gremios empresariales, iglesias, sociedad civil y por supuesto los principales líderes y organizaciones indígenas- se ponen de acuerdo en las medidas que son indispensables para hacerse cargo de la dimensión política, entonces creo que existirá otra disposición a abordar la cuestión del orden público, incluyendo un eventual estado de sitio si corresponde. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Ahora, esto no significa que la restauración de la paz y el orden público deba esperar indefinidamente a que el sistema político llegue a un acuerdo, porque obviamente estamos en una situación de emergencia y se requiere actuar con sentido de urgencia.
“La autotutela ya es una realidad en la zona”
-El enfrentamiento entre civiles y la autotutela son posibilidades que ya no se ven lejanas. ¿Cuál es la peligrosidad de esto y qué se debe hacer para evitar llegar a ese punto?
-Creo que la autotutela ya es una realidad en la zona y existe efectivamente el riesgo de que se incremente hasta quedar fuera de control. Por eso -y por otras razones también- es que la situación es tan grave y nos obliga a actuar antes de que la violencia siga escalando más de lo que ya hemos observado. Lo que pasa es que estamos ante una situación de gran debilidad institucional, y no estoy hablando solo del Estado, sino de todas las instituciones que son relevantes para el tejido social. En este escenario una pregunta clave -creo- es quién puede convocar y es capaz de liderar un gran acuerdo. El punto de partida, eso sí, es una condena categórica de toda forma de violencia y un compromiso total con el diálogo como forma de buscar el camino. Las medias tintas son inaceptables y ese mensaje tenemos que entregarlo con mucha fuerza.
-¿Es pertinente la intervención en este asunto de instancias como las Naciones Unidas?
-La sociedad chilena y su sistema político debieran tener la visión y madurez para hacerse cargo de este tema oportunamente y de un modo que asegure la protección de los derechos de todos los involucrados, sin que sea necesaria la intervención de Naciones Unidas u otra instancia. Sin perjuicio de lo anterior, si hacemos las cosas bien ¿por qué tendría que incomodarnos que Naciones Unidas u otra instancia nos observe o haga recomendaciones?
-Entre las leyes que habría que revisar también está la Ley Indígena, en particular lo concerniente a la política de entrega de tierras, pensando en que hay múltiples reclamos sobre un mismo título de merced, la imposibilidad de heredar la tierra o de desarrollar grandes proyectos y miles de hectáreas de terreno abandonadas o improductivas.
-Hace muchos años vengo diciendo que el mecanismo de compra de tierras (conocido también como ‘compra de predios en conflicto’) debe ser reemplazado por una fórmula distinta que asegure la sustentabilidad social en el mediano y largo plazo. La actual regulación genera incentivos perversos a la violencia y además se presta para una gran discrecionalidad en la identificación de las comunidades que son elegibles para recibir tierras con fondos de Conadi. Este es uno de los principales temas que debiera ser incluido en este gran acuerdo nacional que le mencionaba antes.
