El Mercurio
Dicen que se ha trabajado en mejorar aspectos como la duración de la carrera, la actualización de la malla y la supervigilancia del desempeño.
Desde algunas facultades de Derecho y el Colegio de Abogados respondieron a críticas contenidas en el estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) sobre la formación académica para la abogacía y el control del ejercicio profesional, como la existencia de una enseñanza 'enciclopedista'.
Así, Gabriel Bocksang, decano de Derecho de la U. Católica, plantea que 'hay una cierta generalización sobre la enseñanza del Derecho que no contribuye al debate, porque existen distintos proyectos universitarios'. A su juicio, estandarizar es 'una mala idea, que suele ir acompañada de una pérdida de la libertad y autonomía de las universidades'.
En 2015 aprobaron un cambio de malla, cuya plena implementación ocurrió el año pasado. En ella, dice, se recogen los últimos avances en la enseñanza del Derecho, tanto sobre contenidos como metodologías, habilidades y actitudes.
Su par, la decana (s) de Derecho de la U. de Chile, Renée Rivero, explica que hace poco visaron un nuevo perfil de egreso y una malla curricular, aunque faltan algunos ajustes que deben ser sometidos al Consejo de facultad.
También se contemplan modificaciones al examen de grado y se incluyen 'muchos de los temas que aparecen en el estudio, como una formación más integral y basada en competencias', señala.
Para José Ignacio Martínez, decano de Derecho de la U. de los Andes, 'la generalización sin distinciones conduce a injusticias y errores de apreciación'. Es probable, dice, que 'a veces en la formación jurídica se haya podido incurrir en exceso de formalismo', pero la facultad está estrenando una nueva malla curricular, 'producto de cinco años de trabajo, que se hace cargo en gran medida de esas falencias'.
Tiene la impresión, además, de que 'la visión legalista del derecho ha ido cambiando de manera sustancial en los últimos decenios, entre otras cosas, por el valor que ha ido adquiriendo la Constitución como fuente del derecho'.
Sobre este mismo punto, Miriam Henríquez, decana de Derecho de la U. Alberto Hurtado, y Rafael Blanco, exdecano del mismo plantel, reconocen que 'ha sido una crítica recurrente a las facultades de Derecho'.
Por ello, explican, 'varios programas han transitado hacia mallas y programas que entrelazan los saberes tradicionales del área con temáticas emergentes o de relevancia para un Estado de Derecho'.
Una carrera muy larga
Otro tema cuestionado fue la duración de la carrera, que en Chile sería en promedio de ocho años o 17 semestres y no 10 como debiese ser.
Se desmarca de ello el decano UC, indicando que en su plantel los ramos se cursan en 10,66 semestres y, al incluir el examen de grado, en promedio los alumnos terminan en 12,96 semestres. Reconoce, no obstante, que aplicaron ajustes para controlar los plazos.
También lo ha hecho la U. de los Andes, y para ello, sostiene Martínez, fijaron fechas y períodos prioritarios para que los alumnos que egresan en diciembre 'puedan preferentemente dar su examen de grado al año siguiente'. Y, además, crearon un taller de preparación para esta evaluación final.
Rivero plantea que todas las universidades están preocupadas, pues 'efectivamente es uno de los puntos críticos, no la duración misma (...), sino que el retraso se debe al examen de grado, la memoria y la práctica profesional'. Por ello, para acelerar el proceso de la tesis incorporaron talleres obligatorios para guiar a los alumnos y, además, ya no es posible egresar sin haberla entregado.
Si bien estos planteles realizaron ajustes, en la UAH están revisando el plan de estudios. Sus autoridades admiten que 'la titulación oportuna es un gran desafío para todas las facultades de Derecho y las estadísticas oficiales efectivamente evidencian que la duración real de la carrera (...) alcanza cifras inaceptables'.
El problema del control
Todos coinciden en que la formación ética es de vital importancia para la profesión y está presente en el ramo propiamente tal, así como en los distintos cursos de la carrera. Ahora, cuando ya son abogados, el control del ejercicio de la profesión está diseñado como un sistema dual: hay un régimen para los colegiados y otro para los que no lo están.
'Efectivamente, en Chile tenemos algunas deficiencias en materia de control ético', pero 'existe una ley de Colegios Profesionales que está en el Congreso desde 2008 y ahí se analiza justamente el tema del control ético de los colegiados y los que no', subraya el presidente del Colegio de Abogados, Héctor Humeres, aunque antes de responder aclara que lo hará de manera personal, porque el tema aún no es abordado en el Consejo de la Orden. Comenta, además, que este asunto se está revisando en el Colegio, porque 'va a haber una nueva Constitución y habrá que discutir qué se hace con la colegiatura obligatoria'. Un tema clave, puntualiza, es cómo conciliar la libertad de afiliación con el control ético.
'Me habría encantado —agrega Humeres— que (del estudio) nos hubieran contactado (...) el Colegio en materia de control ético ha hecho una gran labor, respecto de sus afiliados, pero también más allá de ellos'.
Barreras de género
El estudio señala que en materia de género están algunos de los problemas más complejos de la profesión: obstáculos informales pero institucionalizados para conseguir ascensos; limitaciones para insertarse en áreas del derecho percibidas como masculinas y doble carga para las mujeres al deber encargarse del cuidado de las familias en paralelo al trabajo.
Se trata de un diagnóstico con el que coincide Carmen Domínguez, presidenta de la Comisión Abogadas del gremio y profesora UC, y añade que también está 'esa cultura cerrada que tiene el mundo jurídico chileno todavía frente al aporte femenino, que seguimos muy apegados a una formación jurídica que viene del siglo antepasado'.
'De alguna manera la formación jurídica —plantea— todavía no se adapta, pese a que las mujeres son hoy el 50% de quienes estudian Derecho y, luego, en el ejercicio de la profesión, es como que ese porcentaje pasara a ser invisible, ya que se sigue estructurando en torno a criterios, formas de interactuar, de relacionarse, entre contactos o redes que son fundamentalmente masculinas'.
Así, Gabriel Bocksang, decano de Derecho de la U. Católica, plantea que 'hay una cierta generalización sobre la enseñanza del Derecho que no contribuye al debate, porque existen distintos proyectos universitarios'. A su juicio, estandarizar es 'una mala idea, que suele ir acompañada de una pérdida de la libertad y autonomía de las universidades'.
En 2015 aprobaron un cambio de malla, cuya plena implementación ocurrió el año pasado. En ella, dice, se recogen los últimos avances en la enseñanza del Derecho, tanto sobre contenidos como metodologías, habilidades y actitudes.
Su par, la decana (s) de Derecho de la U. de Chile, Renée Rivero, explica que hace poco visaron un nuevo perfil de egreso y una malla curricular, aunque faltan algunos ajustes que deben ser sometidos al Consejo de facultad.
También se contemplan modificaciones al examen de grado y se incluyen 'muchos de los temas que aparecen en el estudio, como una formación más integral y basada en competencias', señala.
Para José Ignacio Martínez, decano de Derecho de la U. de los Andes, 'la generalización sin distinciones conduce a injusticias y errores de apreciación'. Es probable, dice, que 'a veces en la formación jurídica se haya podido incurrir en exceso de formalismo', pero la facultad está estrenando una nueva malla curricular, 'producto de cinco años de trabajo, que se hace cargo en gran medida de esas falencias'.
Tiene la impresión, además, de que 'la visión legalista del derecho ha ido cambiando de manera sustancial en los últimos decenios, entre otras cosas, por el valor que ha ido adquiriendo la Constitución como fuente del derecho'.
Sobre este mismo punto, Miriam Henríquez, decana de Derecho de la U. Alberto Hurtado, y Rafael Blanco, exdecano del mismo plantel, reconocen que 'ha sido una crítica recurrente a las facultades de Derecho'.
Por ello, explican, 'varios programas han transitado hacia mallas y programas que entrelazan los saberes tradicionales del área con temáticas emergentes o de relevancia para un Estado de Derecho'.
Una carrera muy larga
Otro tema cuestionado fue la duración de la carrera, que en Chile sería en promedio de ocho años o 17 semestres y no 10 como debiese ser.
Se desmarca de ello el decano UC, indicando que en su plantel los ramos se cursan en 10,66 semestres y, al incluir el examen de grado, en promedio los alumnos terminan en 12,96 semestres. Reconoce, no obstante, que aplicaron ajustes para controlar los plazos.
También lo ha hecho la U. de los Andes, y para ello, sostiene Martínez, fijaron fechas y períodos prioritarios para que los alumnos que egresan en diciembre 'puedan preferentemente dar su examen de grado al año siguiente'. Y, además, crearon un taller de preparación para esta evaluación final.
Rivero plantea que todas las universidades están preocupadas, pues 'efectivamente es uno de los puntos críticos, no la duración misma (...), sino que el retraso se debe al examen de grado, la memoria y la práctica profesional'. Por ello, para acelerar el proceso de la tesis incorporaron talleres obligatorios para guiar a los alumnos y, además, ya no es posible egresar sin haberla entregado.
Si bien estos planteles realizaron ajustes, en la UAH están revisando el plan de estudios. Sus autoridades admiten que 'la titulación oportuna es un gran desafío para todas las facultades de Derecho y las estadísticas oficiales efectivamente evidencian que la duración real de la carrera (...) alcanza cifras inaceptables'.
El problema del control
Todos coinciden en que la formación ética es de vital importancia para la profesión y está presente en el ramo propiamente tal, así como en los distintos cursos de la carrera. Ahora, cuando ya son abogados, el control del ejercicio de la profesión está diseñado como un sistema dual: hay un régimen para los colegiados y otro para los que no lo están.
'Efectivamente, en Chile tenemos algunas deficiencias en materia de control ético', pero 'existe una ley de Colegios Profesionales que está en el Congreso desde 2008 y ahí se analiza justamente el tema del control ético de los colegiados y los que no', subraya el presidente del Colegio de Abogados, Héctor Humeres, aunque antes de responder aclara que lo hará de manera personal, porque el tema aún no es abordado en el Consejo de la Orden. Comenta, además, que este asunto se está revisando en el Colegio, porque 'va a haber una nueva Constitución y habrá que discutir qué se hace con la colegiatura obligatoria'. Un tema clave, puntualiza, es cómo conciliar la libertad de afiliación con el control ético.
'Me habría encantado —agrega Humeres— que (del estudio) nos hubieran contactado (...) el Colegio en materia de control ético ha hecho una gran labor, respecto de sus afiliados, pero también más allá de ellos'.
Barreras de género
El estudio señala que en materia de género están algunos de los problemas más complejos de la profesión: obstáculos informales pero institucionalizados para conseguir ascensos; limitaciones para insertarse en áreas del derecho percibidas como masculinas y doble carga para las mujeres al deber encargarse del cuidado de las familias en paralelo al trabajo.
Se trata de un diagnóstico con el que coincide Carmen Domínguez, presidenta de la Comisión Abogadas del gremio y profesora UC, y añade que también está 'esa cultura cerrada que tiene el mundo jurídico chileno todavía frente al aporte femenino, que seguimos muy apegados a una formación jurídica que viene del siglo antepasado'.
'De alguna manera la formación jurídica —plantea— todavía no se adapta, pese a que las mujeres son hoy el 50% de quienes estudian Derecho y, luego, en el ejercicio de la profesión, es como que ese porcentaje pasara a ser invisible, ya que se sigue estructurando en torno a criterios, formas de interactuar, de relacionarse, entre contactos o redes que son fundamentalmente masculinas'.
