El Mercurio
Expertos debaten sobre los efectos de esta iniciativa en el sistema de justicia. Relevan la importancia de una asistencia integral, más que estrictamente jurídica.
Ante el alza de delitos violentos, expertos en la materia —desde la academia y congresistas— han relevado la necesidad de contar con un órgano que se haga cargo de la asistencia jurídica y psicosocial de quienes sufren este tipo de ilícitos: una defensoría de víctimas.
El Presidente Sebastián Piñera asumió el compromiso establecido en su programa de Gobierno y envió un proyecto de ley al Congreso, el pasado domingo en una ceremonia en La Moneda, que busca crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.
Abogados, especialistas en el área penal, abordan el debate sobre los efectos que un órgano como este podría generar en el sistema de persecución penal.
Eventual duplicidad de esfuerzos
La profesora de la UC María Elena Santibáñez califica el proyecto como 'una iniciativa muy esperada, que generará un impacto, porque supone garantizar un derecho que está consagrado en la Constitución'.
Si bien asegura que es importante transparentar que 'evidentemente no será para todas las víctimas, sino respecto de ciertos delitos, permitirá maximizar los recursos públicos que existen hoy, estableciendo que (dicha defensa) esté a cargo de un solo servicio. Porque lo que hay hoy es una duplicidad de esfuerzos de las instituciones que se encargan de brindar atención a víctimas, y falta un esfuerzo mancomunado de articulación centralizada que es lo que justamente debería hacer este servicio'.
Santibáñez concluye que es fundamental que se logre 'evitar esta duplicidad que se produce muchas veces en casos de alta conmoción pública, y donde tienes a muchos querellantes que representan al sector público, con todo el gasto de recursos que eso significa, por el solo hecho de tratarse de casos mediáticos. Versus la inmensa mayoría de personas que corresponden a víctimas en situación de vulnerabilidad y que en la práctica no se les garantiza un auténtico acceso a la justicia'.
Por su parte, para la abogada Catherine Lathrop, si bien crear una defensoría de víctimas 'parece una buena idea', en el sentido de proveer a todos los ciudadanos 'el acceso a la representación ante los tribunales, no es menos cierto que quien representa los intereses de las víctimas, según lo establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, es precisamente el Ministerio Público. Desde allí hay que sumar que tenemos otra serie de instituciones que están compareciendo en las investigaciones e, incluso, se les está reconociendo legitimación activa para comparecer en la defensa de los ciudadanos'.
Puede complejizar el equilibrio
Bajo ese análisis, Lathrop muestra preocupación por una eventual 'sobrerrepresentatividad que puede haber, lo que hace que de alguna manera el equilibrio de poderes en la representación de los intereses de los intervinientes se complejice más que se simplifique'.
Para que esto no suceda —añade—, debería ser fundamental 'llegar a un estándar en el cual efectivamente esta defensoría va a subsumir a todas estas otras instituciones y va a ser quien articulará la defensa desde una perspectiva prioritaria'. Aunque, dice que 'lo que hemos visto hasta hoy es una sobrerrepresentación de los intereses de los intervinientes en causas donde hay cinco instituciones compareciendo por una víctima, aparte de la víctima en sí misma'.
Dependiendo del modelo, el impacto podría ser 'marginal'
A juicio del académico de la UDP Mauricio Duce, los impactos de un órgano como este estarán determinados 'por el tipo de modelo que se instale y de cuál sea el objetivo que se priorice. Si se opta por un modelo, según parece ser por las declaraciones del Ministerio del Interior, en que la gran prestación sea proveer asistencia jurídica a las víctimas y se pone el énfasis en mejorar la eficacia de la persecución penal, creo que el impacto será bajo o marginal'.
En el caso contrario —reflexiona Duce—, si el proyecto 'buscará fortalecer un conjunto de otros derechos que hoy tienen las víctimas y que hoy se responde muy deficitariamente, como el derecho a la información, el derecho a la reparación, el derecho a la protección, o incluso visibilizar a la víctima como un actor relevante que tiene que ser mejor tratada por el sistema, creo que podría tener mayor impacto y resolver en concreto algo que mayoritariamente demandan las víctimas, como atención psicológica, médica o reparación'.
Profundiza la disociación entre el interés del Estado y de la víctima
El abogado y académico de la UC Alex van Weezel se suma al debate y señala que 'la creación de un servicio público de defensoría de víctimas es una iniciativa que profundiza la disociación entre el interés del Estado, representado por la fiscalía, y el interés de la víctima del delito'. Y lo explica en el sentido de que 'esta separación ya está presente en el Código Procesal Penal, que le asigna al querellante un rol muy importante en el proceso y en el juicio oral'.
Van Weezel concluye que si bien 'esta evolución puede ser positiva o negativa', lo importante es poner atención en un punto: 'Tiene que ir acompañada, o por lo menos seguida, de otras reformas que son indispensables para restablecer los equilibrios en el sistema. Por ejemplo, que el querellante esté obligado efectivamente a responder de todo perjuicio si su acción no prospera, que esta responsabilidad se declare en la misma sentencia que absuelve o sobresee el caso, y que se pueda ejecutar incidentalmente ante el mismo tribunal'.
Fallos del TC y posibilidad de seguir sin la fiscalía
Otro tema que preocupa es una eventual sobrecarga de trabajo en el Ministerio Público. Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) el año pasado acogió la petición de una víctima y obligó a este a continuar una investigación que había cerrado por falta de antecedentes. ¿Puede este nuevo organismo producir situaciones como esta? Duce asegura que eso 'es parte del riesgo que genera si esta nueva institucionalidad se dedica a tener abogados querellantes'. Y añade que 'un costo que puede tener esto es que vas a obligar a los fiscales e imponerles más trámites y mucho más desgaste de tiempo, para justificar decisiones que igualmente van a terminar adoptando, pero luego de un mucho mayor desgaste de tiempo y de recursos humanos, sin que cambien significativamente los resultados'.
Van Weezel plantea que los 'fallos más recientes del TC han seguido profundizando en esta línea, por la vía de remover los obstáculos legales, para que el querellante pueda proceder sin la fiscalía, incluso cuando la investigación no está formalizada'.
El Presidente Sebastián Piñera asumió el compromiso establecido en su programa de Gobierno y envió un proyecto de ley al Congreso, el pasado domingo en una ceremonia en La Moneda, que busca crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.
Abogados, especialistas en el área penal, abordan el debate sobre los efectos que un órgano como este podría generar en el sistema de persecución penal.
Eventual duplicidad de esfuerzos
La profesora de la UC María Elena Santibáñez califica el proyecto como 'una iniciativa muy esperada, que generará un impacto, porque supone garantizar un derecho que está consagrado en la Constitución'.
Si bien asegura que es importante transparentar que 'evidentemente no será para todas las víctimas, sino respecto de ciertos delitos, permitirá maximizar los recursos públicos que existen hoy, estableciendo que (dicha defensa) esté a cargo de un solo servicio. Porque lo que hay hoy es una duplicidad de esfuerzos de las instituciones que se encargan de brindar atención a víctimas, y falta un esfuerzo mancomunado de articulación centralizada que es lo que justamente debería hacer este servicio'.
Santibáñez concluye que es fundamental que se logre 'evitar esta duplicidad que se produce muchas veces en casos de alta conmoción pública, y donde tienes a muchos querellantes que representan al sector público, con todo el gasto de recursos que eso significa, por el solo hecho de tratarse de casos mediáticos. Versus la inmensa mayoría de personas que corresponden a víctimas en situación de vulnerabilidad y que en la práctica no se les garantiza un auténtico acceso a la justicia'.
Por su parte, para la abogada Catherine Lathrop, si bien crear una defensoría de víctimas 'parece una buena idea', en el sentido de proveer a todos los ciudadanos 'el acceso a la representación ante los tribunales, no es menos cierto que quien representa los intereses de las víctimas, según lo establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, es precisamente el Ministerio Público. Desde allí hay que sumar que tenemos otra serie de instituciones que están compareciendo en las investigaciones e, incluso, se les está reconociendo legitimación activa para comparecer en la defensa de los ciudadanos'.
Puede complejizar el equilibrio
Bajo ese análisis, Lathrop muestra preocupación por una eventual 'sobrerrepresentatividad que puede haber, lo que hace que de alguna manera el equilibrio de poderes en la representación de los intereses de los intervinientes se complejice más que se simplifique'.
Para que esto no suceda —añade—, debería ser fundamental 'llegar a un estándar en el cual efectivamente esta defensoría va a subsumir a todas estas otras instituciones y va a ser quien articulará la defensa desde una perspectiva prioritaria'. Aunque, dice que 'lo que hemos visto hasta hoy es una sobrerrepresentación de los intereses de los intervinientes en causas donde hay cinco instituciones compareciendo por una víctima, aparte de la víctima en sí misma'.
Dependiendo del modelo, el impacto podría ser 'marginal'
A juicio del académico de la UDP Mauricio Duce, los impactos de un órgano como este estarán determinados 'por el tipo de modelo que se instale y de cuál sea el objetivo que se priorice. Si se opta por un modelo, según parece ser por las declaraciones del Ministerio del Interior, en que la gran prestación sea proveer asistencia jurídica a las víctimas y se pone el énfasis en mejorar la eficacia de la persecución penal, creo que el impacto será bajo o marginal'.
En el caso contrario —reflexiona Duce—, si el proyecto 'buscará fortalecer un conjunto de otros derechos que hoy tienen las víctimas y que hoy se responde muy deficitariamente, como el derecho a la información, el derecho a la reparación, el derecho a la protección, o incluso visibilizar a la víctima como un actor relevante que tiene que ser mejor tratada por el sistema, creo que podría tener mayor impacto y resolver en concreto algo que mayoritariamente demandan las víctimas, como atención psicológica, médica o reparación'.
Profundiza la disociación entre el interés del Estado y de la víctima
El abogado y académico de la UC Alex van Weezel se suma al debate y señala que 'la creación de un servicio público de defensoría de víctimas es una iniciativa que profundiza la disociación entre el interés del Estado, representado por la fiscalía, y el interés de la víctima del delito'. Y lo explica en el sentido de que 'esta separación ya está presente en el Código Procesal Penal, que le asigna al querellante un rol muy importante en el proceso y en el juicio oral'.
Van Weezel concluye que si bien 'esta evolución puede ser positiva o negativa', lo importante es poner atención en un punto: 'Tiene que ir acompañada, o por lo menos seguida, de otras reformas que son indispensables para restablecer los equilibrios en el sistema. Por ejemplo, que el querellante esté obligado efectivamente a responder de todo perjuicio si su acción no prospera, que esta responsabilidad se declare en la misma sentencia que absuelve o sobresee el caso, y que se pueda ejecutar incidentalmente ante el mismo tribunal'.
Fallos del TC y posibilidad de seguir sin la fiscalía
Otro tema que preocupa es una eventual sobrecarga de trabajo en el Ministerio Público. Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) el año pasado acogió la petición de una víctima y obligó a este a continuar una investigación que había cerrado por falta de antecedentes. ¿Puede este nuevo organismo producir situaciones como esta? Duce asegura que eso 'es parte del riesgo que genera si esta nueva institucionalidad se dedica a tener abogados querellantes'. Y añade que 'un costo que puede tener esto es que vas a obligar a los fiscales e imponerles más trámites y mucho más desgaste de tiempo, para justificar decisiones que igualmente van a terminar adoptando, pero luego de un mucho mayor desgaste de tiempo y de recursos humanos, sin que cambien significativamente los resultados'.
Van Weezel plantea que los 'fallos más recientes del TC han seguido profundizando en esta línea, por la vía de remover los obstáculos legales, para que el querellante pueda proceder sin la fiscalía, incluso cuando la investigación no está formalizada'.
