El Mercurio
Se sugiere modificación para tipificar el tráfico a gran escala y rebajar los requisitos para dar por acreditada la asociación delictiva para cometer este delito.
Las autoridades de Australia, Italia y España incautaron más de 112 kilos de cocaína en maquinarias enviadas desde Chile. La exportadora, radicada en Santiago, preparaba nuevos envíos a Canadá cuando la PDI la intervino en marzo de 2018 y halló en su poder 200 kilos más de droga.
Un chileno y dos colombianos que integraban la empresa fueron condenados por el tribunal de San Antonio por narcotráfico. Pero el martes pasado, al dictar la sentencia, los jueces desestimaron que conformaran una agrupación de delincuentes, agravante invocada por la fiscalía. Y discrepando del persecutor, que relativizó la relevancia de sus confesiones, les reconocieron colaboración sustancial. Junto a irreprochable conducta anterior, sumaron dos atenuantes que llevó al tribunal a rebajar en un grado su pena y les aplicó cinco años en libertad vigilada.
Penalistas coincidieron en que la pena aparece como desproporcionadamente baja para la gravedad del delito, pero señalaron que está apegado a la ley antidrogas, lo que evidenciaría debilidades para abordar el creciente uso de puertos chilenos en el blanqueo de rutas mundiales de la cocaína.
Lo primero que destacan los profesores de Derecho Penal de la U. de Valparaíso y U. Católica de Valparaíso, Andrés Benavides y Jaime Vera, respectivamente, es que la Ley 20.000 no hace referencia, salvo para el caso de microtráfico, a la cantidad. 'Un tráfico de 5 kilos tiene el mismo tratamiento de otro de cientos de kilos, porque en Chile no existe esa agravante', dice Vera.
'Pensando en cuestiones que puedan resultar sorprendentes para el lego, sería necesario pensar en una reforma legal. España, por ejemplo, sí considera esta agravante en un caso así', dijo. El fundamento es que el bien jurídico afectado es la salud pública y a mayor volumen de droga, el daño es mayor.
La situación también fue destacada por el Ministerio Público, al reaccionar al fallo. 'El tribunal solo usó las facultades que la ley le confiere para cualquier situación de tráfico, sea de menor o mayor cantidad', dijo el fiscal Víctor Ávila, a cargo de la investigación. Y agregó que 'tampoco distingue organizaciones criminales complejas como esta de otras situaciones'. Por ello, el fiscal nacional antidrogas, Luis Toledo, planteó reformas legales que sometan al crimen organizado a reglas especiales para acceder a beneficios. 'Si no, un traficante de mil kilos de cocaína sin anotaciones previas va a decir ‘yo fui', esperando recibir libertad vigilada', dijo, señalando que ello debería abordarse en la nueva ley contra el crimen organizado.
La académica de la PUC de Santiago, María Elena Santibáñez, también cree que ese proyecto debería abordar la materia, cumpliendo así los tratados suscritos por el Estado en el combate al narcotráfico transnacional. 'Podría tener importancia una modificación legal que establezca requisitos más laxos para entender que existe una asociación criminal o delictiva aplicable al delito de tráfico. Que no sea necesario establecer jerarquía, que es algo que complica la prueba', sostuvo.
Un chileno y dos colombianos que integraban la empresa fueron condenados por el tribunal de San Antonio por narcotráfico. Pero el martes pasado, al dictar la sentencia, los jueces desestimaron que conformaran una agrupación de delincuentes, agravante invocada por la fiscalía. Y discrepando del persecutor, que relativizó la relevancia de sus confesiones, les reconocieron colaboración sustancial. Junto a irreprochable conducta anterior, sumaron dos atenuantes que llevó al tribunal a rebajar en un grado su pena y les aplicó cinco años en libertad vigilada.
Penalistas coincidieron en que la pena aparece como desproporcionadamente baja para la gravedad del delito, pero señalaron que está apegado a la ley antidrogas, lo que evidenciaría debilidades para abordar el creciente uso de puertos chilenos en el blanqueo de rutas mundiales de la cocaína.
Lo primero que destacan los profesores de Derecho Penal de la U. de Valparaíso y U. Católica de Valparaíso, Andrés Benavides y Jaime Vera, respectivamente, es que la Ley 20.000 no hace referencia, salvo para el caso de microtráfico, a la cantidad. 'Un tráfico de 5 kilos tiene el mismo tratamiento de otro de cientos de kilos, porque en Chile no existe esa agravante', dice Vera.
'Pensando en cuestiones que puedan resultar sorprendentes para el lego, sería necesario pensar en una reforma legal. España, por ejemplo, sí considera esta agravante en un caso así', dijo. El fundamento es que el bien jurídico afectado es la salud pública y a mayor volumen de droga, el daño es mayor.
La situación también fue destacada por el Ministerio Público, al reaccionar al fallo. 'El tribunal solo usó las facultades que la ley le confiere para cualquier situación de tráfico, sea de menor o mayor cantidad', dijo el fiscal Víctor Ávila, a cargo de la investigación. Y agregó que 'tampoco distingue organizaciones criminales complejas como esta de otras situaciones'. Por ello, el fiscal nacional antidrogas, Luis Toledo, planteó reformas legales que sometan al crimen organizado a reglas especiales para acceder a beneficios. 'Si no, un traficante de mil kilos de cocaína sin anotaciones previas va a decir ‘yo fui', esperando recibir libertad vigilada', dijo, señalando que ello debería abordarse en la nueva ley contra el crimen organizado.
La académica de la PUC de Santiago, María Elena Santibáñez, también cree que ese proyecto debería abordar la materia, cumpliendo así los tratados suscritos por el Estado en el combate al narcotráfico transnacional. 'Podría tener importancia una modificación legal que establezca requisitos más laxos para entender que existe una asociación criminal o delictiva aplicable al delito de tráfico. Que no sea necesario establecer jerarquía, que es algo que complica la prueba', sostuvo.
