El Mercurio
Coautor Hernán Larraín M.
'…una nueva Constitución no podrá, por sí sola, enfrentar los múltiples desafíos y necesidades que demanda hoy nuestra comunidad política en los más diversos ámbitos. Ello requerirá de leyes, medidas administrativas, políticas públicas, pero muy especialmente de un nuevo Estado…'.
Por primera vez en su historia esta generación de chilenas y chilenos, la primera del siglo XXI, tendrá la oportunidad de debatir y aprobar su pacto político. No ocurrió así bajo las cartas de 1833 —una imposición de los vencedores de Lircay—, la de 1925 —en medio del 'ruido de sables' y la presión militar—, y en 1980 —una Constitución impuesta en dictadura—. Lo hará en medio de un proceso constituyente democrático y participativo, y esencialmente institucional, reflejando el contenido más profundo de membresía de cada uno de nosotros con nuestra comunidad política, la posibilidad de participar, sin violencia, con nuestra voz y votos, en dibujar el futuro de la sociedad. El plebiscito del 25 de octubre fue un primer gran paso en esta dirección.
Son diversos los sentidos que les damos a las constituciones. Además de su dimensión política, técnico-jurídica, sociológica, entre otras, las podemos pensar como pactos intergeneracionales entre el pasado, el presente y el futuro. Así, nuestra relación con el pasado requiere lealtad crítica con nuestros esenciales constitucionales, nuestra 'meta-constitución', que ha evolucionado en dos siglos de vida republicana: una Constitución escrita, los principios de soberanía popular y el sistema representativo, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho, la división de poderes, y la independencia judicial. A ello hemos llamado escribir desde una hoja en blanco con tinta de 200 años. En lo que respecta al futuro, debemos tener una aproximación especialmente sobria; la nueva Constitución debe ser un punto de partida, otro hito en nuestra evolución constitucional, abierta al cambio y perfeccionamiento futuro, y, al igual que ahora, a un procedimiento de reemplazo o revisión total si la futura generación así lo estima en 20 o 30 años más.
En consecuencia, la evolución constitucional se parece a la redacción de una novela en cadena, en la que cada generación va redactando un nuevo capítulo, sobre la base de los capítulos anteriores, pero incluyendo nuevos protagonistas e historias —y dejando abierta la trama para los capítulos siguientes como hemos advertido antes—, en los próximos dos años deberemos poner especial atención a los desafíos del presente.
Junto con enfrentar aspectos orgánicos de gran trascendencia —un régimen de gobierno hiper-presidencial y un modelo de Estado unitario agotados—, ello nos lleva a una nueva interpretación, más exigente, de la igual dignidad de cada miembro de la comunidad; la igual consideración y respeto por los más diversos proyectos de vida, incluyendo las condiciones materiales que garanticen que puedan desplegarse de manera autónoma y un compromiso especial con la equidad de género; los imperativos de una sociedad plural, intercultural, abierta al mundo, especialmente en materia de un nuevo trato con nuestros pueblos indígenas o los inmigrantes; un compromiso más fuerte con un modelo de desarrollo sustentable; y rehabilitar lo político, la política, el concepto mismo de representación, y darle un nuevo valor a la regla de mayoría, como presupuesto de una cultura y práctica política legitimada. Ello, por lo demás, considerando la necesidad de robustecer nuestra longeva y alicaída democracia representativa con dosis sensatas de mecanismos de democracia directa, que estimulen la participación ciudadana en los asuntos comunes, en parte a nivel nacional, y especialmente subnacional.
Con todo, una nueva Constitución no podrá, por sí sola, enfrentar los múltiples desafíos y necesidades que demanda hoy nuestra comunidad política en los más diversos ámbitos. Ello requerirá de leyes, medidas administrativas, políticas públicas, pero muy especialmente de un nuevo Estado, uno a la altura de estos desafíos y necesidades de una democracia legitimada. El nuevo Estado debe comenzar en la nueva Constitución. Es por eso que ello importa incorporar reglas y estándares exigentes a la administración pública en materia de eficacia, eficiencia, coordinación, transparencia, responsabilidad, probidad, entre otros; consagrar el derecho a la buena administración pública; el debido proceso administrativo y todas sus garantías; un principio de igualdad y no discriminación de trato entre trabajadores del sector público y privado; estándares más exigentes en el ingreso a la función pública; entre otras.
Esta es la visión que inspiró el trabajo que por diez meses dieciséis académicos de distintas disciplinas elaboraron y que se plasmó en 'Evolución constitucional: Bases conceptuales y propuestas para pensar la nueva Constitución', que desarrolló el centro de estudios Horizontal y que fue publicada el 22 de octubre pasado. Porque tenemos la convicción de que ha llegado el momento de los contenidos y de iniciar un diálogo constructivo que, enfrentando los desafíos del presente y el futuro, se haga cargo también de aquellas heridas del pasado.
Son diversos los sentidos que les damos a las constituciones. Además de su dimensión política, técnico-jurídica, sociológica, entre otras, las podemos pensar como pactos intergeneracionales entre el pasado, el presente y el futuro. Así, nuestra relación con el pasado requiere lealtad crítica con nuestros esenciales constitucionales, nuestra 'meta-constitución', que ha evolucionado en dos siglos de vida republicana: una Constitución escrita, los principios de soberanía popular y el sistema representativo, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho, la división de poderes, y la independencia judicial. A ello hemos llamado escribir desde una hoja en blanco con tinta de 200 años. En lo que respecta al futuro, debemos tener una aproximación especialmente sobria; la nueva Constitución debe ser un punto de partida, otro hito en nuestra evolución constitucional, abierta al cambio y perfeccionamiento futuro, y, al igual que ahora, a un procedimiento de reemplazo o revisión total si la futura generación así lo estima en 20 o 30 años más.
En consecuencia, la evolución constitucional se parece a la redacción de una novela en cadena, en la que cada generación va redactando un nuevo capítulo, sobre la base de los capítulos anteriores, pero incluyendo nuevos protagonistas e historias —y dejando abierta la trama para los capítulos siguientes como hemos advertido antes—, en los próximos dos años deberemos poner especial atención a los desafíos del presente.
Junto con enfrentar aspectos orgánicos de gran trascendencia —un régimen de gobierno hiper-presidencial y un modelo de Estado unitario agotados—, ello nos lleva a una nueva interpretación, más exigente, de la igual dignidad de cada miembro de la comunidad; la igual consideración y respeto por los más diversos proyectos de vida, incluyendo las condiciones materiales que garanticen que puedan desplegarse de manera autónoma y un compromiso especial con la equidad de género; los imperativos de una sociedad plural, intercultural, abierta al mundo, especialmente en materia de un nuevo trato con nuestros pueblos indígenas o los inmigrantes; un compromiso más fuerte con un modelo de desarrollo sustentable; y rehabilitar lo político, la política, el concepto mismo de representación, y darle un nuevo valor a la regla de mayoría, como presupuesto de una cultura y práctica política legitimada. Ello, por lo demás, considerando la necesidad de robustecer nuestra longeva y alicaída democracia representativa con dosis sensatas de mecanismos de democracia directa, que estimulen la participación ciudadana en los asuntos comunes, en parte a nivel nacional, y especialmente subnacional.
Con todo, una nueva Constitución no podrá, por sí sola, enfrentar los múltiples desafíos y necesidades que demanda hoy nuestra comunidad política en los más diversos ámbitos. Ello requerirá de leyes, medidas administrativas, políticas públicas, pero muy especialmente de un nuevo Estado, uno a la altura de estos desafíos y necesidades de una democracia legitimada. El nuevo Estado debe comenzar en la nueva Constitución. Es por eso que ello importa incorporar reglas y estándares exigentes a la administración pública en materia de eficacia, eficiencia, coordinación, transparencia, responsabilidad, probidad, entre otros; consagrar el derecho a la buena administración pública; el debido proceso administrativo y todas sus garantías; un principio de igualdad y no discriminación de trato entre trabajadores del sector público y privado; estándares más exigentes en el ingreso a la función pública; entre otras.
Esta es la visión que inspiró el trabajo que por diez meses dieciséis académicos de distintas disciplinas elaboraron y que se plasmó en 'Evolución constitucional: Bases conceptuales y propuestas para pensar la nueva Constitución', que desarrolló el centro de estudios Horizontal y que fue publicada el 22 de octubre pasado. Porque tenemos la convicción de que ha llegado el momento de los contenidos y de iniciar un diálogo constructivo que, enfrentando los desafíos del presente y el futuro, se haga cargo también de aquellas heridas del pasado.
