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Demoras en el proceso y requerimiento de trámites que no están en la normativa vigente. Estas son algunas de las conclusiones de la Contraloría General de la República tras una investigación donde se advirtieron irregularidades en el procedimiento de formalización de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados por parte del Departamento de Extranjería y Migración de la Subsecretaría del Interior.
La entidad fiscalizadora, además, ordenó que la cartera del Interior realice sumarios administrativos para perseguir responsabilidades por estos hechos y también difundir un manual sobre este proceso en un plazo de 60 días.
En específico, el documento detalló la investigación de los hechos denunciados por el abogado Tomás Greene, de la Clínica Jurídica de Derecho Migratorio de la Universidad Católica, quien solicitó que se revisaran las actuaciones del exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; del jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, además de funcionarios de dicha cartera y gobernaciones que "estuvieren relacionados con la tramitación del proceso de solicitudes de la condición de refugiados y que hubieren incurrido en dilaciones o presuntas negativas en su formalización” entre el periodo de julio de 2018 y junio de 2019.
Tras esta indagatoria, Contraloría advirtió “demoras y/o el requerimiento de trámites no contemplados en la norma, para acceder a la formalización de la condición de refugiado”.
Esto se evidenció, según la entidad, por “dilación a través del otorgamiento de fecha para la atención, que implica una espera superior a tres meses para acceder al trámite". También, a través de “evaluación improcedente de la necesidad de protección por parte del funcionario que efectúa la atención inicial en las oficinas migratorias, mediante una entrevista; y solicitar instrucciones por parte de las autoridades migratorias regionales al nivel central respecto de si proceder o no con la formalización, condicionando así su inicio”.
La directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, señaló a La Tercera que “lo que hace Contraloría es constatar irregularidades que se cometen para dilatar u obstaculizar que estas personas puedan acceder al procedimiento de solicitud de refugio”. Agregando que se concluye, además, que las irregularidades “no vienen sólo de un funcionario, de una sola oficina, esto se ha detectado en todas las regiones (...). Es un actuar sistemático”.
Asimismo, en el informe se indicó que “se analizaron 25 acciones constitucionales, con resolución favorable a los migrantes -interpuestas o falladas entre julio de 2018 y junio de 2019-, correspondientes a 229 extranjeros, respecto de los cuales un 55,89% accedió a la formalización de sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado después de haber acudido a los tribunales de justicia”, señalaron.
“Contraloría dice que aún hay personas que, habiendo obtenido una resolución judicial favorable -lo que no es requisito para iniciar el procedimiento de solicitud de refugio-, cuando se presenta el recurso ya estaban fueran del país”, explicó Rodríguez. Debido a estas demoras para iniciar el trámite, “las personas no logran ingresar al procedimiento y puede ser expulsadas (de Chile)".
En ese sentido, se constató en el documento que estas situaciones contravienen la ley N°20.430 (sobre protección de refugiados) y de su reglamento. Por esa razón, se ordenó al Ministerio del Interior iniciar “un proceso sumarial tendiente a investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas qué correspondan en los hechos expuestos".
Por otra parte, la entidad fiscalizadora dio cuenta que el Departamento de Extranjería y Migración no tiene información -como manuales- sobre cómo realizar el trámite de formalización de la condición de refugiados, y que esto “conlleva al riesgo de que se realicen trámites o se exijan requisitos distintos a los establecidos” en la norma actual.
Al respecto, se señaló que la Subsecretaría del Interior deberá elaborar -en un plazo de 60 días- un manual para los funcionares respecto este procedimiento, el que deberá ser distribuido a nivel nacional; además, deberá corregir las cartillas informativas para quienes soliciten el procedimiento.
