El Mercurio Legal - Diario Financiero
"...Sería tremendamente beneficioso para cualquiera que sea el gobierno que asuma en marzo de 2022; la inversión extranjera —cumpliendo las normas medioambientales, fiscales y laborales— debe ser bienvenida: inyecta capital a la economía, aporta al crecimiento del PIB, es fuente de empleos, significa más exportaciones y más divisas, implica transferencia de tecnología (...) Los capitales e inversionistas extranjeros están observando y siguiendo con mucho cuidado y atención lo que sucede en Chile..."
El 1 de enero de 2016 dejó de regir el DL N° 600, Estatuto de la Inversión Extranjera. En su oportunidad se señaló, como justificación de tal derogación, que dado el nivel de desarrollo social, económico e institucional que había alcanzado el país ya no era necesario este régimen excepcional que apuntaba, en lo fundamental, a una invariabilidad tributaria y garantizaba el acceso al mercado cambiario para la remesa de capitales o utilidades, y se agregaba que la suscripción por parte de Chile de acuerdos o tratados de protección de inversiones lo hacían igualmente innecesario.
Respecto de lo primero, en el Mensaje de la Ley N° 20.848 se lee como fundamento de la derogación lo siguiente: “El Decreto Ley 600 —al igual que los instrumentos jurídicos equivalentes que le antecedieron— fue concebido en otro momento de nuestra historia, cuando efectivamente las inversiones extranjeras necesitaban un marco especial, tanto institucional como de estabilidad, para entrar al país. Hoy, dicho régimen de excepcionalidad no es necesario. Chile cuenta con un estatus reconocido a nivel mundial, no solo por ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sino por su estabilidad económica, social e institucional, lo que nos permite con tranquilidad dar el paso de derogar este decreto ley y avanzar hacia una nueva regulación acorde a los requerimientos actuales…”. Luego de los acontecimientos del 18 de octubre pasado, cualquiera sea el juicio que se tenga sobre ello, habrá que concordar qué lejanas y ajenas se ven esas palabras.
En lo que dice relación con la suscripción por parte de Chile de acuerdos o tratados de protección de inversiones que harían innecesario el DL 600 cabe señalar que nuestro país ha suscrito acuerdos de esta índole con más de 50 naciones, sin embargo, la diferencia radica en que el DL 600 era un instrumento disponible, sin excepción, para todos los países del mundo y no solo para aquellos con los cuales tenemos tratados (Mayorga, 2017).
En el muy corto plazo nuestro país (ya es hora de abandonar el uso, casi despectivo y recurrido, de “este país”) se verá enfrentado a reformas estructurales de la mayor envergadura, partiendo por una nueva Constitución Política, donde la intuición indica, por ejemplo, que el derecho de propiedad, posiblemente, ya no tendrá la misma protección de que goza hoy. Súmese a esto que una vez concluido el proceso constituyente la población constatará que no todo lo que se escribe en una Constitución se hace realidad, por lo que las tensiones y demandas sociales, de la más variada naturaleza, nos seguirán acompañando por un buen tiempo. Por otra parte, la relación deuda pública/PIB podría empinarse, fácilmente, a un 40% a la vuelta de la esquina, en 2022. Este nivel de deuda, los gastos comprometidos y las promesas electorales nos conducen, inevitablemente, de acuerdo a la mayoría de los expertos, a una reforma tributaria mayor, seguramente con acento en el aumento de impuestos.
Podríamos detallar un largo listado de cosas —además de una nueva Carta Fundamental, otra reforma tributaria, numerosos procesos electorales—, todo en un plazo muy breve de dos años, que aconsejan garantizar o transmitir, de alguna forma, certeza y seguridad jurídica a la inversión extranjera. La competencia por ella es feroz en el mundo. Un par de ejemplos. Perú hace rato nos viene pisando los talones en minería y hacía allá se han dirigido grandes inversiones mineras por muy diversas razones; en sentido contrario, al otro lado de la cordillera aumenta el número de empresas extranjeras de todo tipo que se retiran del país vecino a otros destinos que les ofrecerán más certeza y rentabilidad.
No se trata de reponer el DL 600 o que Chile entre en una “race to the bottom” impositiva ofreciendo, como lo hacen algunos países o estados (Irlanda, Delaware), la menor tasa corporativa. Pero sí hay que ser especialmente proactivos y creativos para atraer esa inversión extranjera. En todas las bancadas hay congresistas destacados y preparados que pueden explorar alguna fórmula para, en este escenario de incertidumbre, complejo y volátil que estamos viviendo, transmitir tranquilidad a quienes quieren invertir en el país. Esto sería tremendamente beneficioso para cualquiera que sea el gobierno que asuma en marzo de 2022; la inversión extranjera —cumpliendo las normas medioambientales, fiscales y laborales— debe ser bienvenida: inyecta capital a la economía nacional, aporta al crecimiento del PIB del país, es fuente de empleos, significa más exportaciones y más divisas, implica transferencia de tecnología, de punta en muchos casos, etcétera. Los capitales e inversionistas extranjeros están observando y siguiendo con mucho cuidado y atención lo que sucede en Chile. Es un tiempo de gestos y una señal a ellos, en el sentido que hemos dicho, haría muy bien a nuestro querido país.
