El Mercurio
Los decanos de cinco facultades de Derecho remitieron una carta al ministro de Educación, Raúl Figueroa, en la que expresan su 'preocupación por el método seguido para regular el arancel de las carreras de Derecho para las instituciones de educación superior adscritas al sistema de gratuidad'.
Fechado el 26 de agosto, el documento es suscrito por Pablo Ruiz-Tagle (U. de Chile), Gabriel Boksang (U. Católica), Rodolfo Díaz (U. de Concepción), María Graciela Brantt (UC de Valparaíso) y Alberto Balbontín (U. de Valparaíso).
Los académicos plantean que su inquietud se origina en que 'los criterios y procedimientos seguidos para aquella determinación no consideran adecuadamente la complejidad de los modelos educativos relacionados con la enseñanza del Derecho'.
Según los decanos, 'el modelo escogido no parece reflejar adecuadamente la realidad de nuestro sistema universitario, y su implementación, en los términos informados recientemente, podría poner gravemente en riesgo el desarrollo idóneo de la educación jurídica en Chile'.
Sostienen que la enseñanza del Derecho 'excede largamente la tarea de docencia en aula a la que se circunscribió en sus orígenes'. Al respecto, añaden que sus facultades, así como otras del país, 'desarrollan intensamente actividades de investigación' y también labores relacionadas con la 'vinculación con el medio' y la 'internacionalización académica'.
A juicio de los decanos, 'el compromiso y la responsabilidad social' que supone formar abogados 'íntegros, de excelencia y con vocación de servicio nos impone mantener y cuidar nuestro quehacer en todas sus complejas dimensiones. Ello será imposible de mantener con aranceles que solo consideran de manera parcial el amplio abanico de dimensiones relacionadas con nuestro quehacer'.
Además, advierten que hay 'aspectos normativos y procedimentales comprometidos, relacionados con el régimen jurídico aplicable a esta materia, lo que incluye la eventual inconsistencia o contravención formal a las Bases Técnicas elaboradas por la propia Subsecretaría de Educación Superior'.
El documento señala que 'el hecho de que el informe que contiene los valores de los aranceles no incluya una memoria de cálculo lo suficientemente comprensiva, en la que se explicite y perfile debidamente cada una de las etapas de la determinación del arancel base y de los ponderadores, no solo perturba la legitimidad del sistema de cálculo, sino que también impide el ejercicio del derecho que otorga expresamente el artículo 92 de la Ley N° 21.091 y que también se relaciona con el numeral 8.2 de las Bases Técnicas, que alude explícitamente a que la metodología contenida en dichas bases permitirá que el proceso de cálculo sea replicado por quien lo estime necesario'.
Para los decanos, 'la falta de antecedentes en este sentido coloca a las instituciones a que pertenecemos en una posición de indefensión, y apunta a que el procedimiento pueda no haberse ajustado al ordenamiento jurídico vigente, con la consiguiente infracción del principio de juridicidad'.
Los académicos piden que 'las deficiencias antes referidas' sean abordadas 'oportuna y eficazmente, evitando un grave perjuicio de las instituciones universitarias y de la calidad de la educación superior en el área de Derecho'.
