El Mercurio
Sorprende la alarma que está causando la avalancha de solicitudes para que los alimentantes cumplan sus deudas con cargo a la retención del 10% de los ahorros previsionales. Sorprende a quienes llevamos años abogando, ante todas las autoridades, por la reforma al régimen de pensiones alimenticias que clama al cielo. Se trata de un drama moral del que nadie habla: la grave situación que aqueja a un sinnúmero de niños en el país que no reciben siquiera lo necesario para sobrevivir por parte de sus padres.
Como ha sido relevado, un 80% de las pensiones alimenticias ordenadas pagar por un tribunal civil son incumplidas. De ese porcentaje, a su vez, aproximadamente el 80% son padres y el otro 20% son abuelos que se ven obligados a cumplir porque sus hijos —padres— no pueden o no quieren hacerlo. Madres que no asumen ese deber prácticamente no existen. De este modo, tenemos desde antaño un número importante de niños que han crecido sin ninguna presencia paterna, ni siquiera para aportarle lo mínimo que necesita para seguir creciendo. ¿Puede haber un drama más doloroso que este? Sin duda, difícilmente.
A la hora de tratar de cambiar esta situación, conviene tener presente la complejidad que ello plantea en cuanto corresponde a una realidad casi endémica en nuestro país. Desde la Colonia hemos tenido un ausentismo paterno caracterizado por un varón que se resiste a comprometerse con la madre de sus hijos y con estos últimos. Debido a ello, por ejemplo, la normativa de filiación debió ser progresivamente reformada hasta llegar a la situación actual, en la que el padre puede ser forzado a reconocer a su hijo mediante las acciones de reclamación de paternidad y la presunción de paternidad que surge de la negativa a practicarse las pruebas periciales biológicas que pueden ser ordenadas de oficio por el tribunal de familia.
A su vez, esta situación específica en materia alimenticia tampoco es reciente, sino que se presenta desde hace años. Para reforzar su cumplimiento numerosas reformas han sido introducidas en el tiempo, todas tendientes a mejorar el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias. Pese a ello, la obligación legal de contribuir a la subsistencia de sus hijos no ha sido internalizada por numerosos padres.
Y ello puede deberse a varias razones. Primero, a la insuficiente comprensión por parte de muchos de ellos de la responsabilidad mínima que entraña el engendrar un hijo: hacerse cargo de su manutención. Se trata de una indebida comprensión cultural de la paternidad que es difícil de remontar y que, por ello, requeriría de decididas políticas públicas encaminadas a hacer vida el principio de corresponsabilidad entre los padres.
Influye también la existencia de un conjunto de reglas dispersas en distintos estatutos que hace difícil su aplicación y presenta numerosos vacíos. Por otro lado, de esa normativa y la que regula en general el resto de los créditos en nuestro sistema jurídico resulta que la deuda alimenticia es la más irrelevante de incumplir. No tiene preferencia, no genera intereses en general y, por una serie de prácticas judiciales, resulta fácilmente eludible en el tiempo. Todo ello pese a que es la única deuda civil susceptible de ser forzada a cumplir mediante apremios de privación de libertad.
Esta realidad es conocida por todos los expertos en derecho de familia y abogados que se dedican a la materia. Muchos hemos intentado avanzar en la reforma de prácticas judiciales y de normas que han facilitado el grave escenario del que hoy todos se sorprenden. Algo se ha conseguido en los últimos meses gracias a las declaraciones del Consejo del Colegio de Abogados haciendo suyas las observaciones de la Comisión Familia. Pero, en lo medular, todo sigue igual y el proyecto de reforma general al sistema de cumplimiento de las pensiones alimenticias, tramitado de forma íntegra en el Senado en 2014, sigue esperando el sueño de los justos.
Esperamos que, por fin, esta realidad que ha asomado a la luz pública y golpea el alma, genere la reacción proporcional en los tres Poderes del Estado. A los jueces de familia, los anime a uniformar criterios y abandonar prácticas que permiten facilitar el incumplimiento. Al Ejecutivo, a impulsar políticas públicas de corresponsabilidad parental y reiniciar la tramitación de proyectos de ley poniéndoles la debida urgencia. A los parlamentarios, a debatirlos con la seriedad y prontitud que lo que está en juego demanda.
