La Tercera
El estribillo de una antigua canción de Serrat me ha llevado a reflexionar sobre el conflicto suscitado entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República, a raíz del anuncio formulado por éste de crear una comisión de expertos para mejorar el análisis de constitucionalidad de las mociones parlamentarias en las cámaras. El anuncio se funda en estadísticas irrefutables de proyectos declarados admisibles pese a que importaban gasto público o se referían a otras materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
¿Hay aquí un mero salto a la Constitución para acoger supuestos requerimientos ciudadanos urgentes? Temo que el problema es más profundo que eso.
Tiene que ver, en primer término, con el desprestigio de la democracia representativa y del sistema de partidos políticos. La pandemia pareciera ser una oportunidad propicia para un "lavado de imagen": lo que no se ha hecho antes, se hace ahora.
En segundo lugar, la Constitución no se ha cambiado, pero hay una tendencia a ir apurando el proceso. Como algunos discrepan del carácter profundamente presidencialista de la actual Carta habría que irle dando un rasgo más parlamentario en los hechos. O sea, una mutación constitucional. Ello torna finalmente irrelevante que el Presidente recurra al Tribunal Constitucional o vete los proyectos generados en mociones inconstitucionales, pues lo que realmente molesta es que él tenga iniciativa exclusiva de ley en ciertas materias. En tercer término, el conflicto ha relevado al consenso. Si bien el Ejecutivo y el Legislativo están obligados a respetar la supremacía constitucional y el principio de la legalidad del gasto público, esto es, a no promover iniciativas que carezcan de financiamiento, es más fácil decir que se atiende ala voz ciudadana que escuchar al ministro de Hacienda diciendo que hay otras prioridades más urgentes en un contexto de crisis como éste.
Temo, en consecuencia, que este conflicto no se resolverá creando una Comisión de Expertos, representantes de ambos colegisladores (Ejecutivo y Congreso), sino que fomentando un diálogo constructivo que adecúe las necesidades de hoy al marco constitucional que aún nos rige. Lo contrario es desacato. La verdad no es triste; solo que no parece tener remedio en las actuales circunstancias.
