El Líbero
El lunes, el Presidente Sebastián Piñera anunció que convocará a un grupo de ex parlamentarios, académicos y expertos para proponer un perfeccionamiento a los criterios y procedimientos con que el Congreso Nacional determina la admisibilidad o no de las mociones y proyectos de ley.
«En los últimos tiempos han proliferado muchas mociones de parlamentarios que se están tramitando en el Congreso, que pudiendo estar bien inspiradas, son inconstitucionales porque no respetan las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso», afirmó el Mandatario en La Moneda.
En entrevista a El Líbero, la ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, analiza el anuncio y critica la cantidad de proyectos inconstitucionales que se tramitan hoy en el Congreso. Sobre la propuesta del Mandatario, señala: «Es una iniciativa muy positiva que tiende a darle realce y efectivo cumplimiento a la supremacía constitucional».
Además, se refiere a la crisis interna del TC. «Las declaraciones de marzo de la presidenta actual, fueron tan desafortunadas como que gatillaron una crisis de legitimidad del Tribunal Constitucional, porque sembraron la duda sobre la actuación de cada uno de los integrantes del Tribunal.
-¿Qué opina sobre el anuncio del Presidente Piñera de crear un comité de expertos para analizar el tema de la admisibilidad de los proyectos de ley?
-Considero que es una iniciativa muy positiva, lejos de las aprehensiones que han manifestado algunos parlamentarios y dirigentes políticos, lo estimo como una preocupación que manifiesta el Presidente de la República en orden a que la norma que obliga a todos los órganos del Estado a sujetar su acción a la Constitución sea una realidad. Esa norma está en el artículo 6, inciso primero de la Constitución. Por lo tanto, considero que es una iniciativa muy positiva que tiende a darle realce y efectivo cumplimiento a la supremacía constitucional.
-¿No tiene ya el Presidente instrumentos para eso como acudir al Tribunal Constitucional o usar el veto para alguna ley?
-Lo que sucede es que en el caso de las iniciativas que son exclusivas del Presidente y proyectos de ley sobre materias donde solamente él puede regular por ley y eso es por imposición de la propia Constitución, existen una serie de resortes actualmente contemplados en el ordenamiento jurídico. El principal resorte es que el presidente de cada Cámara por imposición de la ley orgánica del Congreso debiera declarar la inadmisibilidad de esas mociones parlamentarias que estarían invadiendo ámbitos de la iniciativa exclusiva del Presidente y aún más la Sala, en caso de que el presidente de la Cámara declarase la admisibilidad, la Sala completa debería aún declararlo inadmisible por inconstitucional. Lamentablemente, lo que ocurre en la práctica del último tiempo que hemos estado observando, por ejemplo, al menos 19 proyectos que habían sido declarados inadmisibles en los últimos dos meses por esta circunstancia. Eso indica que en este último tiempo más que nunca algunos parlamentarios han ejercido su iniciativa propia de ley en forma inconstitucional, y ello no ha sido advertido y reparado por los presidentes de las Cámaras.
-Claro, sin embargo igualmente el Presidente de la República cuenta con el instrumento del veto.
-Naturalmente el Presidente puede formular un veto al final de la tramitación de ese proyecto de ley, pero el veto en sí mismo es un mecanismo que tensiona la relación entre el Ejecutivo y el Congreso porque obliga al Congreso a una segunda deliberación frente a lo que ya ha debatido. Por lo tanto, sostener que el Presidente tiene derecho a veto, no salva necesariamente la responsabilidad de los órganos legisladores, en este caso de los parlamentarios, de haber promovido y permitido la tramitación de iniciativas que son claramente inconstitucionales.
-¿Cree que el anuncio del Mandatario es necesario debido al aumento que se ha visto de proyectos inconstitucionales en el Congreso durante la pandemia?
-Me parece que un anuncio de esta naturaleza de una comisión de expertos, una comisión de técnicos que pudiera ayudar a detectar proyectos de ley inconstitucionales no solo debería aplicarse a las mociones parlamentarias, sino que debiera aplicarse a los mensajes parlamentarios que por ejemplo invadieran el ámbito de la potestad parlamentaria. En ese caso, una comisión que asesore tanto al Presidente como al Congreso, con expertos designados por los dos órganos del Estado, podría ser una gran contribución al respecto efectivo de la supremacía constitucional. Me parece que esa comisión no debería estar integrada solo por expertos designados por el Presidente de la República, porque los órganos colegisladores en Chile son el Presidente y los parlamentarios. Encuentro que la comisión debería estar integrada por expertos de ambos tipos de órganos.
-El senador José Miguel Insulza (PS) afirmó : “Si quieres cambiar las reglas, vote Apruebo” . ¿En esta discusión los fines electorales prevalecen por sobre los legislativos?
-Yo creo que las declaraciones, por ejemplo, de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD) son más que claras. Ella lo que le ha dicho al país es que está por un populismo legislativo, por consagrar lo que la gente le pide que haga independientemente de que sea constitucional o no. Eso es tan grave como decir «nosotros vamos a adecuar las exigencias desde un momento histórico determinado a ese puro momento histórico», desconociendo absolutamente las reglas fundamentales. Ya que el senador Insulza habla de reglas, las reglas fundamentales que están consagradas en la Constitución y que se han ido legitimando a través del tiempo, salvo que volvamos al viejo debate de la ilegitimidad de origen de la Constitución de 1980, que ya nadie lo cree después de la cantidad importante de reformas que ha tenido la Constitución.
-¿Cuál cree usted que es el mejor mecanismo para destrabar esta discusión?
-Me ha llamado mucho la atención en los últimos días los llamados desesperados a la tolerancia. Ha habido columnas muy significativas de Edmundo Pérez-Yoma, Cristián Warnken, José Rodríguez Elizondo, por citar solo algunos nombres, donde han llamado justamente a la tolerancia. A ponerse en el lugar del otro para favorecer diálogos sinceros y constructivos. Las élites políticas han dado demostraciones lamentables de intolerancia, en el sentido que frente a esta misma idea del Presidente de la República han dicho «no cuenten siquiera con la posibilidad de que nosotros hagamos una proposición». Me parece que hace falta un diálogo constructivo, un abrirse más al interés general, deponer el interés electoral o partidista para pensar en criterios que aseguren la vigencia del Estado de Derecho, porque al final del día la falta de respeto a la Constitución es lo que resquebraja el Estado de Derecho en cualquier país.
-¿Comparte lo dicho por Carlos Peña en una columna en la que mencionó que estamos viendo “un país al margen de la ley” donde cada “parlamentario o juez hace justicia desde el corazón”?
-Yo comparto algo mucho más profundo de Carlos Peña. Comparto su análisis que está en su último texto de «Pensar el malestar», en el sentido de que estamos viviendo una crisis de anomia, de falta de normatividad. Las normas no son importantes o han dejado de ser lo importantes que eran frente a la necesidad de satisfacer intereses puntuales coyunturales, como todos aquellos que ha revelado la pandemia, pero eso es muy peligroso porque la norma es lo que da proyección a una situación, es lo que le da estabilidad hacia el futuro, es lo que permite el tránsito entre el pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con Carlos Peña en que estamos viviendo una crisis de norma y si esa crisis encuentra manifestaciones en la actividad legislativa, aún es mucho más grave, porque ellos son los creadores de las normas de carácter general.
-¿Cree que el anuncio del Mandatario responde a la crisis interna que existe en el Tribunal Constitucional?
-No me consta que haya una relación clara. Lamentaría que la decisión del Presidente de no llevar un requerimiento de inconstitucionalidad sobre el proyecto de ley del post natal, que fue el último, tuviera que ver con el hecho de que él reconoce la crisis que vive el Tribunal Constitucional. Lo que ocurre es que objetivamente creo que al menos ni en mi peor pesadilla me habría imaginado a los diez ministros del Tribunal Constitucional siendo objeto de una investigación criminal por prevaricación. Creo que eso coloca al Tribunal Constitucional en una situación tremendamente grave que repercute sin duda en la fuerza y en el imperativo moral que deben tener sus sentencias. Yo lamentaría mucho que ese hubiera sido un argumento del Presidente. Más bien si el Presidente tiene esa convicción, uno lo que esperaría es que a través de los nombramientos que él está haciendo, por ejemplo, pudiera dar señales de gente que contribuyera, de los mejores expertos, pero no que le restara piso al Tribunal Constitucional.
-Este organismo anunció la creación de un consejo integrado por sus ex presidentes. ¿Considera que esto puede ser una vía para encontrar acuerdos teniendo en cuenta las críticas de la actual presidenta María Luisa Brahm a su antecesor Iván Aróstica y la forma en que funcionaba el TC en su período?
-Lo encuentro bien complejo. Creo que los ex presidentes lo demostramos cuando la presidenta actual nos invitó en el mes de enero a escuchar nuestras opiniones sobre una futura reforma constitucional al Tribunal Constitucional, demostramos todos los que estuvimos ahí que teníamos la mejor voluntad de seguir colaborando y seguir ayudando a fortalecer la institucionalidad del órgano que en algún minuto nos tocó presidir a cada uno de nosotros. Me parece, y lo he dicho, que las declaraciones de marzo de la presidenta actual fueron tan desafortunadas como que gatillaron una crisis de legitimidad del Tribunal Constitucional, porque sembraron la duda sobre la actuación de cada uno de los integrantes del Tribunal. Por mucho que ella haya dicho que focalizaba en el ex presidente sus críticas, que estaba al borde de la corrupción, lo cierto es que ello ha tenido como efecto que los diez ministros, incluida ella misma, hoy día se encuentren imputados frente a la justicia. El rechazo en la tramitación de las causas no es responsabilidad del ministro Aróstica, sino que tiene que ver en la falta de recursos humanos. Echarle la culpa de eso a una sola persona y con eso generar una crisis de legitimidad total de una institución es muy grave.
-¿Cómo se podría retomar el rol que ha jugado el TC los últimos años y salir de estas polémicas?
-Creo que debe fortalecerse la función jurisdiccional del Tribunal. La presidenta actual del Tribunal ha dicho que quiere mejorar los índices de sentencias, pero al mismo tiempo sé positivamente que se ha reducido el espacio de tiempo para los alegatos, se ha reducido el espacio de tiempo para el debate de las sentencias, y eso me parece gravísimo, porque cuando uno es redactor de una sentencia tiene que tener muy claros los argumentos de los demás jueces para ser capaz de traducir ese acuerdo en el texto que a uno le corresponde redactar. Cuando ese ejercicio no se hace, se descuida la labor jurisdiccional en su esencia, tenemos sentencias con una cantidad de votos particulares que hacen preguntarse a la opinión pública, qué fue lo que realmente decidió el Tribunal. Mi primera medida sería fortalecer la actividad jurisdiccional, darle el tiempo necesario a la producción de los acuerdos y no entrar en una especie de fábrica productora de sentencias para tener estadísticas más abultadas. Yo creo que eso es un gravísimo error.
-¿Cómo solucionar el diálogo al interior del TC?
-Con respeto y con consideración. Me parece que por lo que ha trascendido a la prensa, yo en parte lo viví en mi último tiempo en el Tribunal, hay una profunda división al interior del Tribunal, y creo que debe hacerse un trabajo como el que se hizo en mi presidencia que fue una jornada interna de reflexión para conversar criterios comunes, para deponer visiones contrapuestos y sobre todo para recobrar las confianzas. Eso me parece urgente y ese trabajo lo tiene que liderar la presidenta. Lejos de que ella esté preocupada si el ex presidente está o no involucrado en situaciones de corrupción, su gran desafío es fortalecer la unidad del Tribunal para que se aprecie un trabajo jurisdiccional más consistente y el Tribunal recobre de alguna manera la confianza de la opinión pública.
