El Mercurio de Valparaíso
El destacado abogado constitucionalista José Francisco García fue el encargado de inaugurar el año académico de la Universidad Viña del Mar (UVM). Premio Alejandro Silva Bascuñán, por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), doctor en Derecho por la Universidad de Chicago, Estados Unidos, durante el primer trimestre de 2013 fue académico visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, Inglaterra.
Actualmente es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la PUC y en 2019 integró la comisión de expertos que diseñó la reforma constitucional habilitante del proceso constituyente.
Su exposición en la UVM, en la cual participaron más de 200 estudiantes y académicos, "trató sobre el proceso constituyente, el acuerdo nacional y la modernización del Estado, pero se centró, básicamente, en las tesis que hay para sostener el cambio constitucional, y al final, además, presenté una reflexión respecto de cómo las universidades, y especialmente una universidad de una región, puede ver que el debate sobre el cambio constitucional tiene un impacto directo en esa comunidad académica y no es solamente un debate abstracto y teórico", explicó.
En ese sentido, destacó que "el cambio constitucional tiene un impacto grande a la hora de pensar tanto en lo que viene en materia de descentralización o el nuevo núcleo de Estado, como también qué tipo de reglas que pueden afectar sus estatutos constitucionales, el estatuto de las universidades y de la educación superior en general. Entonces, un debate que parece muy teórico y abstracto sobre el cambio constitucional, en todas las comunidades, en este caso una comunidad académica, tiene bastante impacto, al igual que en los ciudadanos".
-¿Cree que la pandemia ponga en riesgo la realización del plebiscito y con eso el inicio del proceso constituyente?
- Yo creo que se ha ido generando un cierto consenso respecto de que la única razón objetiva por la cual se podría postergar, pero no suspender el plebiscito, está asociada a la crisis sanitaria y a que las condiciones objetivas sean muy difíciles de cumplir, porque, recordemos, el plebiscito no es solamente el hecho de ir a votar el 25 de octubre; es la campaña 60 días antes, la posibilidad de tener un debate informado, que las distintas posiciones, literalmente, puedan salir a las calles, haya propaganda, publicidad a través de medios de comunicación, la prensa, redes sociales.
Esa campaña está permitida desde los 60 días anteriores, pero también en los espacios públicos. Entonces, si vamos a estar en un escenario de pandemia, especialmente porque se va a superponer el Estado de Catástrofe en sus últimos 20 días a los primeros 20 días de la campaña, obviamente, ahí las libertades políticas están disminuidas o están suspendidas, como la libertad de reunión, por ejemplo.
Entonces, obviamente, hay razones por las cuales tenemos que pensar muy bien no solamente el día mismo del plebiscito, sino que los 60 días anteriores, y me parece que puede conseguirse un acuerdo razonablemente pacífico, sin tanta polémica, de que si se dan condiciones todavía dramáticas de la crisis sanitaria, podría postergarse el plebiscito, pero no suspenderse.
-Algunos políticos de derecha están proponiendo saltarse el plebiscito para ir directo a la elección de los miembros de la Convención Constitucional. ¿Cuál es su visión al respecto?
- Yo no comparto esa visión. Las fuerzas políticas democráticas pactaron un acuerdo, el 15 de noviembre, que tenía distintos componentes; todos los que participaron en ese acuerdo agregaron ciertos mecanismo que ellos estimaban los mejores, muchos tuvieron que ceder en mecanismos que no se estimaban los adecuados, pero al final se conformó un consenso, y ese consenso me parece que tiene que ser respetado. Ahora, tiene que ser respetado de una manera racional; una manera no racional sería tratar de forzar a todo evento el plebiscito del 25 de octubre.
Por ejemplo, lo que plantean ciertos académicos, de tener un plebiscito seguro, parece una mala idea; el hecho de que por primera vez en nuestro país a escala nacional implementemos una propuesta de voto electrónico, cuando no tenemos experiencia, y las pocas experiencias piloto que han hecho algunos partidos han sido catastróficas, han sido malos experimentos, yo creo que ese tipo de propuestas tampoco son el camino.
Tiene que haber cierta racionalidad, más bien yo pensaría en no cercenar el acuerdo, no saltarnos pasos que ya fueron acordados, pero con racionalidad. Quizás en septiembre todo esto puede haber cambiado, pero pareciera, hoy día, que postergarlo podría ser; al igual que hicimos en marzo, algo sensato, pero no saltarnos las etapas que forman parten del acuerdo del 15 de noviembre, ese mecanismo yo creo que hay que mantenerlo en su integridad.
- Tildó de "catastróficas" las votaciones electrónicas que implementaron algunos partidos, sin embargo, afines del año pasado hubo una consulta ciudadana que hicieron los municipios también de manera electrónica y fue calificada como positiva y exitosa. ¿Le asigna algún mérito o cree que es un sistema aún muy en ciernes como para adoptarlo en una instancia tan crucial como una nueva Constitución?
- Bueno, a mí me parece que sí, pero desconozco cuál sería la posición del Servicio Electoral en esta materia, si hay capacidad real para implementado, y en tan poco tiempo, así que yo creo que esa propuesta debe ser descartada.
- ¿Cuánto debiera durar el proceso para culminar con una nueva Carta Magna?
- Bueno, hay un acuerdo, una cierta proyección que se hizo en la comisión de expertos, cuando se diseñó la Ley 21.200, que es la reforma constitucional más importante para habilitar el proceso constituyente, y hubo un acuerdo en la idea de tener nueve meses, con una extensión relativamente simple de otros tres meses. Y cuando uno mira eso al nivel del derecho comparado, de algunos países que hemos estado mirando, por ejemplo, el proceso constituyente colombiano a comienzos de los 90, que se demoró cinco a seis meses, un proceso de un año parece razonable. Para algunos es muy poco, para otros es demasiado y genera incertidumbre, a mí me parece que puede ser un buen equilibrio ese año.
- ¿Hay gran diferencia entre la convención constitucional y una asamblea constituyente, como plantean los partidarios de esta última?
- Eso es caer, me parece, en categorías demasiado academicistas y algo teóricas y abstractas, o sea, si algunos creen que la asamblea constituyente (AC) es necesaria y obligatoriamente una asamblea que es soberana, que no tiene límite alguno y que puede tornar las decisiones que quiera, claro, bajo ese concepto maximalista, AC no es nuestra convención constitucional (CC).
Si por el contrario, tenemos una definición de asamblea constituyente que pueda admitir ciertos límites, corno los límites de plazo, los límites de algunas materias que hay que respetar, la forma republicana de Estado, el sistema democrático, el respeto a las sentencias judiciales, el respeto a los tratados internacionales; si alguien cree que esos límites son demasiado para su concepto de asamblea constituyente, bueno, claro, esa es nuestra CC.
- Uno de los argumentos de quienes están por el Rechazo es que dicen que a la ciudadanía mayoritariamente no le importa cambiar la Constitución. ¿Cree que sea así?
- No. Yo creo que ha habido distintos elementos que han dado cuenta que el debate constitucional es importante, significativo, el proceso participativo de la Presidenta Bachelet creo que fue un buen ejemplo de eso; el proceso participativo digital que en su momento lideró el expresidente Lagos también fue un ejemplo de eso. Y dependiendo de cómo se formula la pregunta, distintas encuestas han dado cuenta de que el tema constitucional es un tema relevante.
Ha sido parte, también del debate de los programas presidenciales en las últimas tres o cuatro elecciones; recordemos que fueron parte de las plataformas de candidaturas presidenciales que obtuvieron muchos millones de votos a partir de la elección presidencial del 2009 con mucha fuerza. Claro, había candidatos presidenciales que no tenían eso como prioridad, pero el desconocer que es un tema relevante, el desconocer que distintos sectores sienten que esta Constitución no nos une, sino que nos divide, que tiene alto grado de descrédito, desconocer eso me parecería un error.
Quizás hoy día, en estos días de junio, nuestras autoridades están claramente enfocadas en superar la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales, pero en caso alguno la coyuntura actual permite desplazar o esconder el problema constitucional.
- ¿Cree que las conclusiones del proceso constituyente que se realizó en el gobierno anterior debieran ser una base sobre la cual partir?
- Sí, yo estoy de acuerdo. Cuando pensamos en el famoso debate sobre la hoja en blanco, en realidad, más allá de su sentido formal en cuanto a que la CC no va a reescribir la actual Constitución, en realidad tenemos una tradición constitucional que es republicana y democrática, de más de dos siglos.
Tenemos las constituciones importantes que han formado parte de esa tradición; tenemos la actual Constitución; tenemos una propuesta de nueva Constitución de la expresidenta Bachelet; tenemos las bases ciudadanas del proceso participativo de la expresidenta Bachelet; y eventualmente podemos tener otros insumos de participación ciudadana que puedan desplegarse en los meses futuros.
La propia CC puede hacer una convocatoria a un proceso participativo, entonces, cuando pensamos en la hoja en blanco, es una quimera, tenemos muchos insumos que vamos a poner sobre la mesa, los esfuerzos que han hecho los académicos en los últimos años, poniendo propuestas concretas sobre la mesa, en fin.
Actualmente es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la PUC y en 2019 integró la comisión de expertos que diseñó la reforma constitucional habilitante del proceso constituyente.
Su exposición en la UVM, en la cual participaron más de 200 estudiantes y académicos, "trató sobre el proceso constituyente, el acuerdo nacional y la modernización del Estado, pero se centró, básicamente, en las tesis que hay para sostener el cambio constitucional, y al final, además, presenté una reflexión respecto de cómo las universidades, y especialmente una universidad de una región, puede ver que el debate sobre el cambio constitucional tiene un impacto directo en esa comunidad académica y no es solamente un debate abstracto y teórico", explicó.
En ese sentido, destacó que "el cambio constitucional tiene un impacto grande a la hora de pensar tanto en lo que viene en materia de descentralización o el nuevo núcleo de Estado, como también qué tipo de reglas que pueden afectar sus estatutos constitucionales, el estatuto de las universidades y de la educación superior en general. Entonces, un debate que parece muy teórico y abstracto sobre el cambio constitucional, en todas las comunidades, en este caso una comunidad académica, tiene bastante impacto, al igual que en los ciudadanos".
-¿Cree que la pandemia ponga en riesgo la realización del plebiscito y con eso el inicio del proceso constituyente?
- Yo creo que se ha ido generando un cierto consenso respecto de que la única razón objetiva por la cual se podría postergar, pero no suspender el plebiscito, está asociada a la crisis sanitaria y a que las condiciones objetivas sean muy difíciles de cumplir, porque, recordemos, el plebiscito no es solamente el hecho de ir a votar el 25 de octubre; es la campaña 60 días antes, la posibilidad de tener un debate informado, que las distintas posiciones, literalmente, puedan salir a las calles, haya propaganda, publicidad a través de medios de comunicación, la prensa, redes sociales.
Esa campaña está permitida desde los 60 días anteriores, pero también en los espacios públicos. Entonces, si vamos a estar en un escenario de pandemia, especialmente porque se va a superponer el Estado de Catástrofe en sus últimos 20 días a los primeros 20 días de la campaña, obviamente, ahí las libertades políticas están disminuidas o están suspendidas, como la libertad de reunión, por ejemplo.
Entonces, obviamente, hay razones por las cuales tenemos que pensar muy bien no solamente el día mismo del plebiscito, sino que los 60 días anteriores, y me parece que puede conseguirse un acuerdo razonablemente pacífico, sin tanta polémica, de que si se dan condiciones todavía dramáticas de la crisis sanitaria, podría postergarse el plebiscito, pero no suspenderse.
-Algunos políticos de derecha están proponiendo saltarse el plebiscito para ir directo a la elección de los miembros de la Convención Constitucional. ¿Cuál es su visión al respecto?
- Yo no comparto esa visión. Las fuerzas políticas democráticas pactaron un acuerdo, el 15 de noviembre, que tenía distintos componentes; todos los que participaron en ese acuerdo agregaron ciertos mecanismo que ellos estimaban los mejores, muchos tuvieron que ceder en mecanismos que no se estimaban los adecuados, pero al final se conformó un consenso, y ese consenso me parece que tiene que ser respetado. Ahora, tiene que ser respetado de una manera racional; una manera no racional sería tratar de forzar a todo evento el plebiscito del 25 de octubre.
Por ejemplo, lo que plantean ciertos académicos, de tener un plebiscito seguro, parece una mala idea; el hecho de que por primera vez en nuestro país a escala nacional implementemos una propuesta de voto electrónico, cuando no tenemos experiencia, y las pocas experiencias piloto que han hecho algunos partidos han sido catastróficas, han sido malos experimentos, yo creo que ese tipo de propuestas tampoco son el camino.
Tiene que haber cierta racionalidad, más bien yo pensaría en no cercenar el acuerdo, no saltarnos pasos que ya fueron acordados, pero con racionalidad. Quizás en septiembre todo esto puede haber cambiado, pero pareciera, hoy día, que postergarlo podría ser; al igual que hicimos en marzo, algo sensato, pero no saltarnos las etapas que forman parten del acuerdo del 15 de noviembre, ese mecanismo yo creo que hay que mantenerlo en su integridad.
- Tildó de "catastróficas" las votaciones electrónicas que implementaron algunos partidos, sin embargo, afines del año pasado hubo una consulta ciudadana que hicieron los municipios también de manera electrónica y fue calificada como positiva y exitosa. ¿Le asigna algún mérito o cree que es un sistema aún muy en ciernes como para adoptarlo en una instancia tan crucial como una nueva Constitución?
- Bueno, a mí me parece que sí, pero desconozco cuál sería la posición del Servicio Electoral en esta materia, si hay capacidad real para implementado, y en tan poco tiempo, así que yo creo que esa propuesta debe ser descartada.
- ¿Cuánto debiera durar el proceso para culminar con una nueva Carta Magna?
- Bueno, hay un acuerdo, una cierta proyección que se hizo en la comisión de expertos, cuando se diseñó la Ley 21.200, que es la reforma constitucional más importante para habilitar el proceso constituyente, y hubo un acuerdo en la idea de tener nueve meses, con una extensión relativamente simple de otros tres meses. Y cuando uno mira eso al nivel del derecho comparado, de algunos países que hemos estado mirando, por ejemplo, el proceso constituyente colombiano a comienzos de los 90, que se demoró cinco a seis meses, un proceso de un año parece razonable. Para algunos es muy poco, para otros es demasiado y genera incertidumbre, a mí me parece que puede ser un buen equilibrio ese año.
- ¿Hay gran diferencia entre la convención constitucional y una asamblea constituyente, como plantean los partidarios de esta última?
- Eso es caer, me parece, en categorías demasiado academicistas y algo teóricas y abstractas, o sea, si algunos creen que la asamblea constituyente (AC) es necesaria y obligatoriamente una asamblea que es soberana, que no tiene límite alguno y que puede tornar las decisiones que quiera, claro, bajo ese concepto maximalista, AC no es nuestra convención constitucional (CC).
Si por el contrario, tenemos una definición de asamblea constituyente que pueda admitir ciertos límites, corno los límites de plazo, los límites de algunas materias que hay que respetar, la forma republicana de Estado, el sistema democrático, el respeto a las sentencias judiciales, el respeto a los tratados internacionales; si alguien cree que esos límites son demasiado para su concepto de asamblea constituyente, bueno, claro, esa es nuestra CC.
- Uno de los argumentos de quienes están por el Rechazo es que dicen que a la ciudadanía mayoritariamente no le importa cambiar la Constitución. ¿Cree que sea así?
- No. Yo creo que ha habido distintos elementos que han dado cuenta que el debate constitucional es importante, significativo, el proceso participativo de la Presidenta Bachelet creo que fue un buen ejemplo de eso; el proceso participativo digital que en su momento lideró el expresidente Lagos también fue un ejemplo de eso. Y dependiendo de cómo se formula la pregunta, distintas encuestas han dado cuenta de que el tema constitucional es un tema relevante.
Ha sido parte, también del debate de los programas presidenciales en las últimas tres o cuatro elecciones; recordemos que fueron parte de las plataformas de candidaturas presidenciales que obtuvieron muchos millones de votos a partir de la elección presidencial del 2009 con mucha fuerza. Claro, había candidatos presidenciales que no tenían eso como prioridad, pero el desconocer que es un tema relevante, el desconocer que distintos sectores sienten que esta Constitución no nos une, sino que nos divide, que tiene alto grado de descrédito, desconocer eso me parecería un error.
Quizás hoy día, en estos días de junio, nuestras autoridades están claramente enfocadas en superar la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales, pero en caso alguno la coyuntura actual permite desplazar o esconder el problema constitucional.
- ¿Cree que las conclusiones del proceso constituyente que se realizó en el gobierno anterior debieran ser una base sobre la cual partir?
- Sí, yo estoy de acuerdo. Cuando pensamos en el famoso debate sobre la hoja en blanco, en realidad, más allá de su sentido formal en cuanto a que la CC no va a reescribir la actual Constitución, en realidad tenemos una tradición constitucional que es republicana y democrática, de más de dos siglos.
Tenemos las constituciones importantes que han formado parte de esa tradición; tenemos la actual Constitución; tenemos una propuesta de nueva Constitución de la expresidenta Bachelet; tenemos las bases ciudadanas del proceso participativo de la expresidenta Bachelet; y eventualmente podemos tener otros insumos de participación ciudadana que puedan desplegarse en los meses futuros.
La propia CC puede hacer una convocatoria a un proceso participativo, entonces, cuando pensamos en la hoja en blanco, es una quimera, tenemos muchos insumos que vamos a poner sobre la mesa, los esfuerzos que han hecho los académicos en los últimos años, poniendo propuestas concretas sobre la mesa, en fin.
