El Líbero
Entre el 18 de octubre y el 29 de noviembre, el Ministerio Público ha llevado a 35.292 personas a Audiencias de Control de Detención, fueron formalizadas 23.449 personas y los tribunales dictaron 2.537 prisiones preventivas, es decir que 7% de los detenidos desde que empezó el estallido quedó recluido.
Otra cifra entregada por la Fiscalía es que el total de cautelares ascendió a 26.407, con medidas como prohibición de asistir a determinados lugares, acercarse a las víctimas y salir del territorio nacional.
Diversos expertos, parlamentarios y el mismo gobierno han dicho que muchos de los delitos que han cometido los manifestantes en las movilizaciones tienen muy baja pena por lo que un gran número detenidos termina libre. Así, los tribunales tienen poco margen de acción para fallar de manera más «dura».
De hecho, en el Congreso trabajan para aumentar las penas asociadas a delitos como saqueos, barricadas, uso de capuchas, e incluso para la acción conocida como “el que baila pasa”. En la Cámara de Diputados ya se aprobó el proyecto conocido como antisaqueos y antibarricadas, ahora el Senado y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo para redactar un nuevo texto que defina mejor los desórdenes públicos. Existen 91 indicaciones ingresadas al proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia. “El que baila pasa”, por ejemplo, podría ser sancionado con penas de 541 días a 5 años, según una indicación hecha por el Presidente Sebastián Piñera; o de 541 a 3 años según la observación del senador Felipe Harboe (PPD), al considerar estas acciones como coacción o amneza.
Durante la última semana de medición del Ministerio Público, entre el 23 y 29 de noviembre, el saqueo se ubicó en el quinto lugar entre los delitos más frecuentes, tras las lesiones, el hurto simple, las amenazas simples contra personas y los desórdenes.
“Muchos de los delitos que se imputan o la gran mayoría son los delitos de desorden público, que tiene una pena bajísima; si la persona no tiene antecedentes, esa persona nunca va a cumplir una pena de privativa de libertad y, por lo tanto, es rarísimo que un juez con mínima racionalidad pueda decretarle la prisión preventiva. Distinto es si está quemando o rompiendo algo, porque allí hay otros delitos”, indica el abogado Mauricio Duce, quien fue asesor del Ministerio de Justicia en materia de la reforma procesal penal desde 1996 hasta el 2000.
Explica que históricamente uno de cada diez formalizados queda en prisión preventiva. Por tanto, si se mira las cifras entregadas por la Fiscalía los flujos durante el estallido social se mantienen e incluso se podría decir que se mejoró la tasa de las prisiones preventivas, con respecto al número de formalizaciones. En este caso, 10,8% de los formalizados desde los desórdenes a partir del 18 de octubre quedó en prisión preventiva.
Por su parte, el abogado Cristián Riego, director del equipo técnico redactor del Código Procesal Penal Chileno, señala que a priori, no es raro que solo en un porcentaje limitado de casos se haya pedido la prisión preventiva. “Los datos probablemente agrupan muchas cosas muy distintas, yo diría que siempre en este tipo de situaciones hay un universo de casos muy menores, o donde no hay pruebas para imputar por delitos mayores”, dice.
En esta línea, Duce subraya que hay que poner el foco en los hechos de violencia más severos, en lugar de los desórdenes públicos o los saqueos frustrados. “Lo que ha estado más lento es la detección y la identificación de las personas que han participado en los hechos más graves, como los incendios de las estaciones de Metro, o los saqueos más graves. La identificación de esas personas ha ido con más retraso de lo que uno esperaría desde el punto de vista de la expectativa social. En cambio el sistema lo que ha procesado más son los casos más sencillos. Probablemente, allí haya carencias o dificultades que tienen que ver por ejemplo con la gran cantidad de imágenes y videos que hay, la capacidad de poder analizar esas miles de horas de imágenes y fotografías para poder luego identificar a personas, probablemente ahí tenemos una necesidad de fortalecimiento, porque eso ha constituido un cierto cuello de botella”, afirmó.
Durante hoy y mañana estará reunido el Consejo General de Fiscales. El encuentro servirá para unificar criterios y “evitar interpretaciones”, según ha dicho el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.
El rol de la Fiscalía ha sido cuestionado desde que se solicitara fijar una audiencia de salida alternativa para 26 imputados por saquear un supermercado en Conchalí. Peticiones que, luego se supo, han sido requeridas para 126 personas únicamente en la jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte; y también por los declaraciones de Abbott al defender la labor que ha llevado adelante el Ministerio Público. “Vemos con preocupación que se trate de llevar a sede penal un conflicto que es social y político, cuyos responsables no han sido capaces de solucionarlo”, dijo en una entrevista en Radio Cooperativa
Si bien el recurso de la salida alternativa está contemplado en la ley, el reclamo, en particular de los abogados penalistas Samuel Donoso, Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik convocados por el Ejecutivo para querellarse en los casos más graves de incendios, desórdenes públicos y saqueos, se orienta a lo "apresurado" de la decisión en tiempos en los que el país aún no logra retomar la normalidad tras el estallido social del 18 de octubre y por la gravedad de los hechos de violencia que han tenido lugar desde entonces, con 2.811 casos de saqueos, de acuerdo con el último reporte del Ministerio Público y con 20 estaciones de Metro incendiadas.
Además, hasta el 10 de diciembre el Ministerio del Interior tiene registro de 1.313 civiles lesionados y de 2.792 funcionarios de Carabineros, PDI o de las Fuerzas Armadas también con lesiones.
Mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos detalló en su reporte del 6 de diciembre que de las 352 personas con heridas oculares, 331 ocurrieron por lesión o trauma, mientras que 21 sufrieron el estallido o la pérdida del ojo.
Otra de las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía ayer fue lograr acreditar la responsabilidad de un civil en la muerte de joven manifestante en Curicó por la cual estaba detenido el cabo segundo de Ejército, Juan Carlos Jesús Reyes.
La fiscalía en una audiencia realizada la mañana de este miércoles desestimó las imputaciones hechas en principio al soldado, quien figuraba hasta ahora como la única persona que usó un arma de fuego al momento de los incidentes, y reformalizó cargos en su contra por el delito de disparos injustificados. La fiscalía solicitó la cautelar de arresto domiciliario y arraigo, lo que no fue acogido por el tribunal quedando Reyes en libertad. En tanto, el Ministerio Público formalizó por los delitos de homicidio, porte ilegal de arma de fuego y daños a Francisco Fuenzalida Calvo, quien de acuerdo con las investigaciones, la noche del 21 de octubre disparó a un grupo de manifestantes hiriendo mortalmente a José Uribe Antipani.
Los abogados señalan aquellos aspectos que, consideran, se podrían fortalecer. Uno de los puntos de coincidencia es ser más explícitos o comunicar mejor cuáles son los criterios de persecución penal que se están utilizando y que estas sean políticas que se apliquen de forma homogénea a nivel nacional.
Riego sostiene que uno de los problemas es que los penalistas desconocen la existencia de estos criterios: “El Fiscal Nacional no ha sido explícito en decir cuáles son los objetivos que él ha tenido. Ese podría ser un déficit, no haber expuesto con claridad cuáles eran los objetivos de la Fiscalía”; y menciona como puntos a favor la rapidez con la que ha actuado la Fiscalía en lo concerniente a los saqueos y violaciones a los Derechos Humanos.
La abogada María Elena Santibáñez, profesora de Derecho Penal de la Universidad Católica y miembro del Observatorio Judicial, destaca que desde el punto de vista de los casos que involucran violaciones a los DD.HH. “la Fiscalía ha actuado bien homogéneamente, sobre todo cuando tienen fiscales especializados, que cuentan con conocimiento, expertise y saben qué diligencias pedir. He visto que las diferencias tienen que ver más bien con la persecución de delitos comunes cometidos en este contexto, donde al parecer no ha sido uniforme la persecución en las distintas fiscalías. Esa es una situación más o menos común, que no está adscrita al contexto que estamos viviendo ahora”.
En este punto está de acuerdo Duce: “Entiendo que sí hay criterios de actuación que el Fiscal Nacional empezó a fijar tempranamente, pero un problema que en general tiene el Ministerio Público, no producto del estallido social, son las dificultades que tienen para aplicar estos criterios homogéneamente. Eso produce un enorme daño potencial a su imagen, pero esto es un problema más general de la estructura y no solo para estos casos, por el hecho de que la Fiscalía Nacional dicte instructivos generales, pero quienes en el fondo tienen la potestad de ejercer la acción penal son los fiscales regionales, con algunos niveles de autonomía importantes y por tanto ahí a veces se produce un espacio donde puede haber diferencias en la persecución penal en distintas regiones o incluso en una región como Santiago, donde hay varios fiscales regionales. Ese es un tema delicado de resolver”.
Santibáñez agrega: “Me gustaría que se unificara de manera nacional la política de persecución de tal manera que no hubiesen diferencias, es una aspiración legítima, que no sea distinta la respuesta, según la cuadra en que ha tenido lugar el delito. Para los ciudadanos es bueno ver una política nacional de persecución que sea la misma siempre, sin perjuicio de considerar en cada caso las aristas particulares de las personas involucradas, sin duda”.
Con respecto al Consejo General de Fiscales que comienza hoy, Riego sugiere que debiera concluir con “definiciones claras de grandes criterios para proceder tanto en los casos de derechos humanos, como en los de saqueos y violencia pública. Sería bueno que el público conociera cuáles son los grandes criterios que la Fiscalía tiene, por ejemplo si se va a focalizar en la búsqueda de grupos organizados, si va a buscar penas altas. Hay que ver cuáles son los criterios que se van a implementar y con esa claridad, luego sería posible ver si eso se cumplió”.
Para Duce, otra cuestión a fortalecer es que el Ministerio Público ha debido ser más proactivo en la comunicación de qué estaba pasando con el trámite de los casos. “Hoy ellos han tomado esa mayor actividad, que yo creo que es bien importante en términos de la tranquilidad de la ciudadanía, que se sepa que se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer, con dificultades, pero se está haciendo”.
