El Mercurio
En esta sección ha surgido una interesante discusión sobre la reforma al sistema notarial y registral. Resulta innegable que es necesario introducir modificaciones destinadas a modernizar el funcionamiento de las notarías y los conservadores, pero el punto de partida de la discusión debe estar en la seguridad jurídica que ellos prestan desde hace siglos al país. No hay que olvidar que el primer notario fue nombrado escasas semanas después de la fundación de Santiago, y que los conservadores empezaron a funcionar casi contemporáneamente con el Código Civil, sucediendo a los anotadores de hipotecas ya existentes.
La base del proyecto proviene del 'Estudio del mercado de notarios' elaborado por la Fiscalía Nacional Económica, el cual está circunscrito por dos parámetros que conviene tener en cuenta para su análisis ponderado: este solo se refiere al ejercicio del notariado y únicamente examinó algunos oficios de las ciudades de Santiago y Valparaíso. Por el contrario, la reforma abarca por igual a los notarios, conservadores y archiveros (este último, un oficio siempre deficitario por la función de custodia de libros, protocolos y expedientes que trae consigo) y se aplicará a todo el país, sin considerar las diferentes funciones que cada uno cumple, ni las particularidades que existen en las diversas localidades de nuestro extenso territorio. Además, el proyecto prevé una serie de reformas que incrementan considerablemente el gasto público y no parecen haber sido tenidas en cuenta.
Por ejemplo, por la disposición de las nuevas normas al parecer se triplica el registro inmobiliario (se mantienen los libros existentes y se crea un folio real y un repositorio digital, ambos regulados por futuros reglamentos) y se duplica el de las interdicciones por demencia y disipación (sigue la inscripción hoy vigente y se establece un nuevo registro digital, también confiado a un reglamento), asumiendo el Servicio de Registro Civil la tarea de llevar dos de esos registros con cargo al presupuesto de la nación. La verdad es que extendiendo reformas tecnológicas ya en marcha, el folio real es una consecuencia automática de la interconexión de datos, la que permite conocer de inmediato la completa situación jurídica de un inmueble, y ella se puede lograr imponiendo ese coste a los conservadores y no, indirectamente y vía impuestos, a los usuarios.
