El Mercurio
El pasado 12 de septiembre se aprobó el control preventivo de identidad de menores —a partir de los 16 años— en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. El proyecto busca ampliar las facultades de Carabineros, que ahora estarán autorizados tanto para el registro superficial de vestimentas como para la revisión ocular de equipaje y maletero de vehículos.
Tras la votación, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que es “un avance para sacar adelante la iniciativa que amplía las atribuciones policiales en dichos controles, no solo sobre la edad, sino que también sobre la posibilidad de efectuar registros en bolsos, mochilas y al interior de automóviles.
Esto es muy importante para mejorar la eficacia de estos controles preventivos y que nuestros carabineros tengan más herramientas para combatir la delincuencia”, Insistió en que para el Gobierno estas inspecciones serían más eficaces si hubiera habido acuerdo para aplicarlas a partir de los 14 años, como se había planteado, pero los votos no estaban.
Ahora, aunque se logró dar luz verde a la indicación —con votos de diputados democratacristianos—, luego que se introdujera un ajuste en la edad propuesta —son 16 años y no 14—, el proyecto sigue generando suspicacias en la Academia y entre especialistas en materia de seguridad pública. Unos advierten que no apela a un diseño inteligente, sino al azar Mauricio Duce, académico de la Universidad Diego Portales (UDP), es una de las voces opositoras al control preventivo. “La evidencia comparada es abundante en términos de decir que no hay un impacto de esta estrategia”, dice. El abogado explica que la cifra de personas que pasaron a control de detención entre el 2014 y el 2018 se ha mantenido estable. No así el número de detenciones por delitos de mayor connotación social, que ha disminuido en cerca de un 10% en los últimos cinco años.
“Si las detenciones que pasan a control de detención se mantienen estables, pero bajan los delitos de mayor connotación social, significa que el único impacto en detenciones que han tenido los controles de identidad preventivos es que se ha aumentado las detenciones por infracciones de menor preocupación ciudadana”, dice Duce. Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, critica que la norma se haya justificado a partir de un objetivo general —disminuir el delito cometido por menores de edad— y no a partir del problema. “Lo primero que tenemos que hacer es definir y ponernos de acuerdo qué efecto estamos buscando, porque si no lo definimos claramente, no podemos evaluar si la norma está siendo efectiva o no después”, dice. Gonzalo García Palominos, académico de Derecho de la Universidad de los Andes, también cuestiona la eficacia del control.
“No apela a un diseño inteligente de una política de prevención del delito, sino al azar”. Otros creen que propuesta parte de un diagnóstico errado Una de las medidas más polémicas durante el proyecto fue incluir a menores de edad en el control preventivo de identidad. Aunque en un comienzo el Gobierno propuso rebajar la edad a 14 años, finalmente se dispuso que fuese desde los 16 años. Alex van Weezel, penalista de la Universidad Católica, cuestiona que se incluya a jóvenes en la normativa. Recuerda que respecto de los menores de edad “existe también un amplísimo acuerdo de (para) todo lo que sea ´desjudicializar´ la intervención respecto de ellos. Dentro de lo posible, mantenerlos fuera del sistema de persecución penal, sobre eso hay un acuerdo bien amplio entre los especialistas”. Para Johnson, la posibilidad de controlar a menores de edad comienza desde un diagnóstico erróneo. “El porcentaje de jóvenes que participan en delitos es bastante limitado".
Si bien se ha incrementado en algún tipo de delitos —que son preocupantes, porque son los delitos más violentos— sigue siendo bajo en la totalidad de la comisión de delitos en Chile, dice. Según el profesor de la UDP, aplicar el control preventivo en menores de edad vulnerables puede producir el efecto inverso al propuesto. “Al someter a procesos de estigmatización policial, lo que vas generando es que los jóvenes tienen una conducta refractaria al sistema de justicia criminal. Eso refuerza comportamientos delincuenciales a futuro”, puntualiza.
Alertan además sobre eventual afectación de libertad personal
Para Van Weezel, la dotación de mayores facultades a las policías no se justifica, por el “daño” que provoca en las garantías constitucionales.
“Es tan considerable la afectación de una libertad personal que puede entrañar el control preventivo —advierte el académico UC— que solamente podría justificarse con una eficacia y una necesidad y una idoneidad absolutamente comprobadas, y no parece ser el caso”. Una opinión similar tiene el profesor García Palominos: “Como tal es una medida ineficiente y que entrega una herramienta limitadora de derechos ciudadanos bajo criterios de selectividad arbitrarios”. Con todo, y sin perjuicio del debate que ha abierto la iniciativa en distintos ámbitos, se espera que continúe siendo analizada por la comisión de la Cámara de manera prioritaria, porque el Gobierno la calificó con suma urgencia (15 días para efectuar el trámite) y es probable que se destinen al menos dos sesiones más para su despacho. El Ejecutivo volvería sobre el tema de la edad durante lo que queda de tramitación legislativa, intentando llevarla a los 14 años originales.
