El Mercurio
Plantean que los conflictos políticos deben resolverse en ese ámbito y no 'instrumentalizar' el Poder Judicial con 'fines comunicacionales'. Además, estiman que se causa un daño al Estado de Derecho.
La tensión entre el Partido Socialista y el Gobierno finalmente llegó a tribunales en los últimos días. El martes, diputados de RN presentaron una denuncia en contra del senador Carlos Montes en la Fiscalía Nacional por el delito de 'omisión a la denuncia'. Esto, luego de decir que manejaba antecedentes de comunas que retenían donaciones de narcotraficantes.
Dicha acción judicial se presentó a ocho días de una denuncia presentada, también ante el Ministerio Público, por senadores de oposición tras las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien dijo que la intención de acusar constitucionalmente a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, era un esfuerzo de desviar la atención sobre 'qué relación tiene el PS con el narcotráfico'.
Ante este escenario, expertos y exautoridades critican que discusiones que deberían resolverse en la esfera política se trasladen al Poder Judicial, cuestionando las intenciones comunicacionales y la afectación que se hace a la institucionalidad y a la separación de los poderes del Estado que esto podría tener.
Denuncias que 'persiguen fines comunicacionales'
Para Luis Bates, exministro de Justicia y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, es criticable que la discusión política se haya trasladado a los tribunales: 'Temas de esa naturaleza deberían resolverse propiamente en el campo político, en el área política'. Y en ese sentido asegura que 'a veces se sobrecarga el trabajo de los jueces con exceso de denuncias que persiguen otros fines, fines comunicacionales, por ejemplo'.
De acuerdo con esa idea se muestra el también exministro de Justicia en la segunda administración de Michelle Bachelet, Jaime Campos, quien acota que 'lo peor que podemos hacer es que judicialicemos la política, o que utilicemos los tribunales para resolver lo que debe ser resuelto políticamente'.
Respecto de las consecuencias, destaca que 'cualquiera que sea el desenlace, naturalmente le va a causar daño al país, al sistema y a la institucionalidad'. Esto porque, 'si las acciones judiciales no producen el efecto que algunos esperan, le van a echar la culpa al Poder Judicial, diciendo que no está haciendo bien su pega y lo van a dejar en una situación incómoda, independiente el mérito o valor jurídico que tenga la resolución'.
Y si fuera en el caso inverso, agrega, 'si el tribunal adopta una posición que satisfaga los intereses de los querellantes, le van a replicar diciendo que los tribunales están absolutamente politizados. Beneficio de esto yo no veo por ningún lado'.
'Ni siquiera es claro que lo denunciado sea delito'
El profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, cree que el problema 'más bien recae sobre la política, que está destruyendo la poca confianza que pudiese tener la población'.
Dice que 'ni siquiera es claro que lo denunciado sea delito. Esto no es relevante judicialmente, es relevante políticamente y da cuenta del clientelismo y de la tendencia autodestructiva de algunos políticos'.
Mientras que Mauricio Duce, presidente ejecutivo de Espacio Público, asegura que ambas denuncias 'dan cuenta de una incapacidad de la clase política de usar las herramientas de la política para resolver problemas de esta naturaleza. Desafortunadamente el sistema de justicia criminal no puede negarse a recibir denuncias, sin perjuicio que luego puede decidir que no deben ser tramitadas profundamente si es que se considera que no hay delitos involucrados'. Para Duce, este problema 'es político y no jurídico. No sacamos nada con sobrerregular al sistema de justicia penal respecto de cuestiones que sensatamente se podrían resolver en una comunidad democrática respetuosa'.
'Lo razonable es que la investigación sea archivada'
En tanto, Constanza Hube, profesora de Derecho de la Universidad Católica, plantea que 'ha existido en el pasado liviandad' respecto de iniciar 'acciones judiciales como una manera de hacer política', lo que su juicio 'es muy preocupante, no solo por un tema de recursos, sino porque se pierde la lógica de lo que es la discusión política y se lleva a un plano que no se debiera llevar'. En esa línea, Felipe Abbott, académico de Derecho de la Universidad de Chile, agrega que la conclusión frente a estos casos es que se trata de 'una guerrilla política'. Y explica que 'si nos concentramos en la persecución de la omisión de denuncia, en estricto rigor, como delito de muy baja envergadura, lo razonable es que la autoridad, el Ministerio Público, disponga que muy a poco andar en la investigación esta sea derechamente archivada'.
La académica de la Facultad de Derecho de la UC, María Elena Santibáñez, sostiene que 'en esta como en otras ocasiones la responsabilidad es buena consejera. La imputación de un delito o falta penal, en este caso, el de omisión de denuncia, no debe utlizarse como herramienta política, pues en este escenario se corre el riesgo de judicializar la política, lo que nunca ha llevado a buenos resultados'.
Mientras que para Maricruz Gómez de la Torre, académica de Derecho de la Universidad de Chile y abogada integrante de la Corte Suprema entre 2009 y 2012, ambas denuncias reflejan 'de manera paradigmática la mala calidad de nuestra política, el perjuicio para nuestro Estado de Derecho y el peligro para nuestra democracia. Cuando los políticos parecen más dispuestos a los pugilatos verbales que a los proyectos país y tratan de solucionar sus conflictos recurriendo a los jueces no hay ganador posible. Pierde Chile'.
Frente a la polémica, el fiscal nacional, Jorge Abbott, explicó que no le corresponde a la institución que dirige calificar estos hechos, sino que solo 'recibir las denuncias. Se le da el curso normal, de modo que se le dé su tramitación normal'.
A Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, le preocupa la 'guerrilla política', e indica que lo que esperaría es que 'esto no se prestara para este tipo de acciones judiciales, que a veces son más bien para generar conflictos políticos'. Y Carlos Huneeus, cientista político y profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, es receloso respecto de la independencia del Ministerio Público para investigar delitos que incumben a políticos. 'Hay un problema con ese recurso (el presentado por los diputados) porque el fiscal nacional es nombrado con acuerdo del Senado, entonces hay una autonomía menor', dice.
