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'El trámite para solicitar una concesión minera de explotación es muy sencillo, se puede hacer en los tribunales de justicia, y cuando se pide, lo puede hacer cualquier persona, no tiene que ser una compañía minera ni tampoco una industrial, ni Codelco... Juan Pérez lo puede pedir ante un Juzgado de Letras'.
El abogado Winston Alburquenque, académico de derecho en recursos naturales de la Universidad Católica, dice que en un año y medio de papeleos y paciencia, cualquier ciudadano (salvo funcionarios del Estado) puede imitar al mecánico Manuel Ojeda y solicitar formalmente a un Juzgado de Letras la concesión minera para explotar cualquier terreno del país.
'Este es un instrumento jurídico que ocupan los mineros en el norte. Está hecho para pedir porciones mineras en la mitad del desierto o en la cordillera, precisamente para extraer minerales que se encuentren allí', ilustra el abogado, quien aclara que la concesión no hace dueña a la persona del terreno, sino que de las sustancias minerales que puedan aparecer en él. Para conseguir la concesión se debe presentar una manifestación ante el juez.
¿Qué es eso? Un escrito que contenga los datos del solicitante: nombre, nacionalidad y domicilio. También se debe informar la ubicación del terreno, pero en coordenadas UTM; y el largo y ancho de la superficie en hectáreas.
No se requiere informar las calles. Si el escrito está bien hecho, el juez después pide que se inscriba el sector en el Conservador de Minas y se publique en el Boletín Oficial de Minería. Luego se debe pagar una tasa (pago único que depende por hectáreas) y una patente anual (4.800 pesos por hectárea aproximadamente). Tras eso, se debe solicitar la medición oficial del terreno, lo que se conoce como mensura, que concluye con la construcción de monolitos como los de la imagen. Si nadie reclama, el trámite pasa a Sernageomin, quienes verifican que la medición y las coordenadas informadas son las correctas. Si ese informe es positivo, el magistrado dictará sentencia. Alburquenque calcula que el mecánico Ojeda gastó $2.500.000 desde que inició el papeleo en 2016.
'El juez está obligado a otorgar la concesión si la persona cumple con los requisitos técnicos, porque el juez no tiene cómo determinar si en determinado lugar existen minerales', explica. La concesión minera de explotación, agrega el abogado, es solo un papel inservible si no se pasa a la siguiente etapa: la solicitud de servidumbre, que es la posibilidad de trabajar el subsuelo. Sin esa autorización, añade, no se puede hacer ni un hoyo sin la autorización del dueño legítimo del suelo.
'Recién en la otra etapa, para otorgar la servidumbre, se evalúa si ese lugar concesionado se puede explotar', ilustra el abogado. Alfonso Domeyko, director del Sernageomin, concluye: 'Las concesiones mineras de explotación, a diferencia de las de exploración, no caducan en un tiempo establecido (dos años) siendo el pago de su patente anual lo que asegura su vigencia (amparo)'.
