EL Mercurio
Autoridades reconocen preocupación sobre la representatividad de la protesta. Abogados aseguran que las tomas y paros no son legítimos, pues se pasan a llevar derechos constitucionales.
'El TPP11 nos viene a privatizar y precarizar aún más nuestras vidas, las de los animales y los ecosistemas', señala el Centro de Estudiantes de Veterinaria (CEV) de la U. de Chile, sobre las demandas que motivan el paro que mantienen hace un mes. También figuran exigencias sobre salud mental.
Las inquietudes generaron extrañeza. 'A pesar de que pudiéramos compartir algunas de las críticas y aprensiones en relación al TPP11, como facultad no tenemos mayor injerencia en su eventual aprobación', recalcaron las autoridades académicas en una carta a la comunidad. En el texto afirman que 'no logra ser comprendido ni aceptado por el resto de los estamentos' que esta sea una de las principales razones del paro.
Agregan que les preocupa que la participación estudiantil de las últimas semanas 'sea tan escasa, dando la impresión de que importa poco el devenir de las movilizaciones' y que 'las decisiones de continuar el paro sean solo representación de una minoría activa, versus una mayoría pasiva'.
Pero esto no empezó con el paro: el CEV está compuesto por delegados, ya que ninguna lista se presentó a las elecciones.
Habla el decano
El decano Mario Maino plantea a 'El Mercurio' que han surgido dudas sobre las consultas estudiantiles. Según datos que el CEV entregó a la facultad, la semana pasada, 554 alumnos de los 1.064 de pregrado votaron sobre el paro y 406 quisieron mantenerlo.
El académico postula que 'no se ratifican estas tremendas participaciones con lo que uno ve', y adelanta que el Senado Universitario trabaja en nuevas reglas sobre la responsabilidad del alumnado.
La movilización inquieta también a los apoderados, que ven cómo sus hijos pierden clases. A esa incertidumbre respondieron Maino y otras autoridades de la facultad en una carta publicada el 19 de mayo en este diario: 'Dichas movilizaciones son resultado de un proceso democrático en el que los estudiantes expresan mediante votación su opinión a favor o en contra del paro'.
Consultado ayer sobre qué tan democrática puede ser una medida de esa naturaleza, Maino responde: 'Siento que las tomas no se condicen con la vocación de la universidad, que es conversar y avanzar en consensos. En el tema de los paros, hay una suerte de doble mirada: creo que es innegable que parte de las movilizaciones han propiciado importantes cambios en la universidad y en la sociedad; por ejemplo, lo que pasó el año pasado. Ahora, en lo que sí se debería avanzar es en un protocolo más estricto, que invite a creer, sin temor a dudas, que estamos frente a un proceso democrático'.
Legitimar lo ilegítimo
Más allá de que haya votaciones, la abogada Constanza Hube, profesora de Derecho Constitucional de la U. Católica, afirma que estas 'se hacen para tratar de legitimar una situación que es ilegítima. Una cosa es la reflexión y la paralización para hacer ciertos planteamientos (…), pero pasar a los medios ilícitos, como las tomas, o romper el mobiliario, es ahí donde se produce el atropello'. Y detalla que cuando a una casa de estudios se le impide impartir clases, eso 'implica una grave vulneración a la libertad de enseñanza', además de un 'desequilibrio' entre garantías constitucionales, como la libertad de expresión y la de cátedra.
Añade que las votaciones 'no pueden pasar a llevar derechos constitucionales independientemente de que se logre cierto quorum, que tiendo a pensar que no siempre es muy alto'.
Para Javier Couso, abogado constitucionalista de la U. Diego Portales, 'las tomas son constitucional y legalmente ilegítimas, sean o no aprobadas por una mayoría. Dicho esto, en la práctica, ante muchas situaciones de fuerza, las sociedades reaccionan utilizando la herramienta represiva con prudencia'.
Advierte que, en los últimos años, las tomas se han normalizado, pero 'no es sostenible que algo que es abiertamente ilegal, antirreglamentario, se tolere como una práctica crónica'.
El antropólogo social e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Pablo Ortúzar, dice que 'se generó una cultura de cobardía y de falta de capacidad de ejercer la autoridad por parte de la generación anterior respecto de las nuevas, y esa falta de carácter ha llevado a que se toleren actos que son injustos'.
Las inquietudes generaron extrañeza. 'A pesar de que pudiéramos compartir algunas de las críticas y aprensiones en relación al TPP11, como facultad no tenemos mayor injerencia en su eventual aprobación', recalcaron las autoridades académicas en una carta a la comunidad. En el texto afirman que 'no logra ser comprendido ni aceptado por el resto de los estamentos' que esta sea una de las principales razones del paro.
Agregan que les preocupa que la participación estudiantil de las últimas semanas 'sea tan escasa, dando la impresión de que importa poco el devenir de las movilizaciones' y que 'las decisiones de continuar el paro sean solo representación de una minoría activa, versus una mayoría pasiva'.
Pero esto no empezó con el paro: el CEV está compuesto por delegados, ya que ninguna lista se presentó a las elecciones.
Habla el decano
El decano Mario Maino plantea a 'El Mercurio' que han surgido dudas sobre las consultas estudiantiles. Según datos que el CEV entregó a la facultad, la semana pasada, 554 alumnos de los 1.064 de pregrado votaron sobre el paro y 406 quisieron mantenerlo.
El académico postula que 'no se ratifican estas tremendas participaciones con lo que uno ve', y adelanta que el Senado Universitario trabaja en nuevas reglas sobre la responsabilidad del alumnado.
La movilización inquieta también a los apoderados, que ven cómo sus hijos pierden clases. A esa incertidumbre respondieron Maino y otras autoridades de la facultad en una carta publicada el 19 de mayo en este diario: 'Dichas movilizaciones son resultado de un proceso democrático en el que los estudiantes expresan mediante votación su opinión a favor o en contra del paro'.
Consultado ayer sobre qué tan democrática puede ser una medida de esa naturaleza, Maino responde: 'Siento que las tomas no se condicen con la vocación de la universidad, que es conversar y avanzar en consensos. En el tema de los paros, hay una suerte de doble mirada: creo que es innegable que parte de las movilizaciones han propiciado importantes cambios en la universidad y en la sociedad; por ejemplo, lo que pasó el año pasado. Ahora, en lo que sí se debería avanzar es en un protocolo más estricto, que invite a creer, sin temor a dudas, que estamos frente a un proceso democrático'.
Legitimar lo ilegítimo
Más allá de que haya votaciones, la abogada Constanza Hube, profesora de Derecho Constitucional de la U. Católica, afirma que estas 'se hacen para tratar de legitimar una situación que es ilegítima. Una cosa es la reflexión y la paralización para hacer ciertos planteamientos (…), pero pasar a los medios ilícitos, como las tomas, o romper el mobiliario, es ahí donde se produce el atropello'. Y detalla que cuando a una casa de estudios se le impide impartir clases, eso 'implica una grave vulneración a la libertad de enseñanza', además de un 'desequilibrio' entre garantías constitucionales, como la libertad de expresión y la de cátedra.
Añade que las votaciones 'no pueden pasar a llevar derechos constitucionales independientemente de que se logre cierto quorum, que tiendo a pensar que no siempre es muy alto'.
Para Javier Couso, abogado constitucionalista de la U. Diego Portales, 'las tomas son constitucional y legalmente ilegítimas, sean o no aprobadas por una mayoría. Dicho esto, en la práctica, ante muchas situaciones de fuerza, las sociedades reaccionan utilizando la herramienta represiva con prudencia'.
Advierte que, en los últimos años, las tomas se han normalizado, pero 'no es sostenible que algo que es abiertamente ilegal, antirreglamentario, se tolere como una práctica crónica'.
El antropólogo social e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Pablo Ortúzar, dice que 'se generó una cultura de cobardía y de falta de capacidad de ejercer la autoridad por parte de la generación anterior respecto de las nuevas, y esa falta de carácter ha llevado a que se toleren actos que son injustos'.
