El Mercurio
De acuerdo a especialistas, tasas de juicios orales y condenas en estos delitos no distan de la regla general del sistema judicial.
Las investigaciones por fraude al fisco y malversación de caudales públicos han mermado la credibilidad de distintas instituciones, según lo evidenció la Encuesta de Corrupción 2018 del Instituto Libertad y Desarrollo.
Una contingencia que en cinco años registra 1.800 imputados formalizados en el país por estos cargos, según datos del Ministerio Público (ver infografía). Las sentencias definitivas condenatorias en estado de término, en tanto, llegan a 270 en el período.
Marta Herrera, directora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, comenta que los aumentos de penas que incorpora la reciente modificación de la Ley 21.121 aportan en el tipo de sanciones vinculadas a estos casos. No obstante, opina, persisten las limitaciones para indagar estos ilícitos.
'En herramientas investigativas no tenemos las que son propias de investigaciones de complejidad. Eso dificulta un poco la investigación de estos hechos, porque siempre decimos que no tenemos prueba física de la comisión de estos delitos, pensando en delitos más comunes', agrega Herrera.
La especialista detalla que la mutación en este tipo de transgresiones presenta hoy redes más amplias para sus cometidos. 'Una de las complejidades es la cantidad de antecedentes que uno debe incorporar en una investigación como esta. En casos de fraudes, los aspectos respaldatorios del proceso del que se trate, de la licitación. Es mucho papel. También adjuntar la información contable de los involucrados, la información bancaria, los sumarios que se hayan realizado', detalla Herrera.
En 2017, la cifra de imputados por estos delitos abarcó en la Región Magallanes a 120 personas con RUT distinto, asociados al fraude de Carabineros, los cuales al hallarse vinculados a más de un caso determinaron un total de 816 imputados en esa región, según precisaron en esa fiscalía. El fiscal de Magallanes Eugenio Campos encabeza estas investigaciones.
Entre las indagatorias figuran también causas que involucran al Ejército. Además, los alcaldes del país enfrentan una constante fiscalización que hoy evidencian la formalización de la alcaldesa Karen Rojo (independiente), en Antofagasta; el informe de Contraloría que cuestiona la administración de Virginia Reginato (UDI), en Viña del Mar, y el arresto domiciliario luego de tres de meses de prisión preventiva del alcalde de las Guaitecas, Cristian Alvarado (independiente), en Aysén.
Para el abogado Cristóbal Bonacic, profesor de derecho de la U. Católica, la baja tasa de juicios orales y de condenas en este tipo de criminalidad no escapa de la regla general en todo tipo de delitos. 'Porque en estricto rigor, la reforma (procesal penal) fue ideada para que solo una parte menor de los juicios y de las investigaciones llegaran a juicio oral. Por eso existen las salidas alternativas y los procedimientos abreviados (...), porque si no, el sistema se reventaría', afirma el especialista.
Una contingencia que en cinco años registra 1.800 imputados formalizados en el país por estos cargos, según datos del Ministerio Público (ver infografía). Las sentencias definitivas condenatorias en estado de término, en tanto, llegan a 270 en el período.
Marta Herrera, directora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, comenta que los aumentos de penas que incorpora la reciente modificación de la Ley 21.121 aportan en el tipo de sanciones vinculadas a estos casos. No obstante, opina, persisten las limitaciones para indagar estos ilícitos.
'En herramientas investigativas no tenemos las que son propias de investigaciones de complejidad. Eso dificulta un poco la investigación de estos hechos, porque siempre decimos que no tenemos prueba física de la comisión de estos delitos, pensando en delitos más comunes', agrega Herrera.
La especialista detalla que la mutación en este tipo de transgresiones presenta hoy redes más amplias para sus cometidos. 'Una de las complejidades es la cantidad de antecedentes que uno debe incorporar en una investigación como esta. En casos de fraudes, los aspectos respaldatorios del proceso del que se trate, de la licitación. Es mucho papel. También adjuntar la información contable de los involucrados, la información bancaria, los sumarios que se hayan realizado', detalla Herrera.
En 2017, la cifra de imputados por estos delitos abarcó en la Región Magallanes a 120 personas con RUT distinto, asociados al fraude de Carabineros, los cuales al hallarse vinculados a más de un caso determinaron un total de 816 imputados en esa región, según precisaron en esa fiscalía. El fiscal de Magallanes Eugenio Campos encabeza estas investigaciones.
Entre las indagatorias figuran también causas que involucran al Ejército. Además, los alcaldes del país enfrentan una constante fiscalización que hoy evidencian la formalización de la alcaldesa Karen Rojo (independiente), en Antofagasta; el informe de Contraloría que cuestiona la administración de Virginia Reginato (UDI), en Viña del Mar, y el arresto domiciliario luego de tres de meses de prisión preventiva del alcalde de las Guaitecas, Cristian Alvarado (independiente), en Aysén.
Para el abogado Cristóbal Bonacic, profesor de derecho de la U. Católica, la baja tasa de juicios orales y de condenas en este tipo de criminalidad no escapa de la regla general en todo tipo de delitos. 'Porque en estricto rigor, la reforma (procesal penal) fue ideada para que solo una parte menor de los juicios y de las investigaciones llegaran a juicio oral. Por eso existen las salidas alternativas y los procedimientos abreviados (...), porque si no, el sistema se reventaría', afirma el especialista.
-"Lo importante es que estos casos se conozcan, se investiguen y se condene en aquellos que efectivamente son delitos'.
Cristóbal Bonacic, Profesor de Derecho, U. Católica
-"Eso aumentó (la penalidad para la malversación). Ahora nosotros tenemos, en muchos casos, penas de crímenes'.
Marta Herrera, Unidad Anticorrupción del M. Público
-"Esperamos que en esta región se investigue para aclarar estas situaciones, porque también están ocurriendo en otras partes del país'.
Marcos Silva, Concejal comuna de Guaitecas (PPD)
Cristóbal Bonacic, Profesor de Derecho, U. Católica
-"Eso aumentó (la penalidad para la malversación). Ahora nosotros tenemos, en muchos casos, penas de crímenes'.
Marta Herrera, Unidad Anticorrupción del M. Público
-"Esperamos que en esta región se investigue para aclarar estas situaciones, porque también están ocurriendo en otras partes del país'.
Marcos Silva, Concejal comuna de Guaitecas (PPD)
