La Tercera
Con el paso de los días se hace posible sacar conclusiones sobre la crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví. A la hora de enfrentar una crisis como esta es fácil equivocar las prioridades, y por lo mismo, lo primero es establecer qué es lo principal. Y en este caso, lo principal era y es la protección de la población afectada. Ni la búsqueda de culpables, ni el funcionamiento de la industria, ni el prestigio de las empresas involucradas son lo medular ni lo más urgente. Así, lo primero en este caso debió ser siempre evitar nuevos episodios de intoxicación de la población. Esto es lo moralmente correcto y, además, lo políticamente necesario, pues es la hebra desde la que se puede generar un momento de unidad que facilite converger en una solución pronta de la crisis. Este es, de hecho, el principio que adoptó exitosamente el primer gobierno del presidente Piñera para el rescate de los mineros el 2010: antes de sancionar, proteger.
Los organismos públicos directamente involucrados no asumieron oportunamente este criterio ni hicieron esta distinción: así, el foco quedó en lo sancionatorio (en contraste con las declaraciones del Presidente y del ministro Blumel, quienes sí enfatizaron la importancia de la descontaminación y la protección de la salud). En los hechos, lo central se convirtió en la búsqueda de responsables, y, en particular, en la formulación de cargos realizada por la Superintendencia del Medioambiente (SMA) a ENAP —procedimiento orientados a establecer responsabilidades y sanciones, no a proteger—.
La SMA ha estado en el ojo del huracán por buenas razones, pues es el órgano técnico estatal que tiene tanto la capacidad y responsabilidad de fiscalizar, como la función de tomar medidas para proteger a la población. Y es claro que falló. Falló, en primer lugar, en la prevención, al no haber suficientes procesos de fiscalización en curso en esta zona crítica. Algunos han sostenido que esto se debe a que la Superintendencia no tendría suficientes recursos, como si cada fracaso se explicara por nuestra precariedad y al mismo tiempo fuéramos ricos para vivir aumentando los recursos de los órganos públicos. Lo cierto es que el presupuesto de la Superintendencia es sustancial, elevándose a casi diez mil millones de pesos. Por cierto, los recursos serán siempre limitados, lo que exige de quienes lideran un organismo público la capacidad de priorizar. Pero revise los procesos de fiscalización de los últimos años, y encontrará una tendencia creciente en la SMA a fiscalizar casos de bajo impacto: pubs, restoranes, discoteques, minimarkets, iglesias evangélicas, peluquerías, gimnasios, dentistas y notarios. Y ahora, por supuesto, falta fiscalización en Quintero...
Pero la deficiencia más notoria está en la reacción. Pasaron más de dos semanas sin que se supiera la fuente de la contaminación, para que eventualmente la SMA adoptara una medida de baja intensidad (sellado de estanques) tres días después de tomar conocimiento de los hechos, incluso con posterioridad a la suspensión de clases decretada por la Seremi de Educación, habiendo cientos de intoxicados antes y después de la medida. Luego, la SMA abre un procedimiento sancionatorio, que genera tensión con los dirigentes y sindicatos de ENAP, y que abre un flanco respecto a la solidez de la acusación. Por cierto, potestades no le faltan. En simple: previa autorización del Tribunal Ambiental, la que puede ser dada incluso por teléfono, podría paralizar cualquier industria si tiene suficientes indicios de una infracción. Pero ejercer eficazmente estas potestades exige información, y producir información exige la fiscalización oportuna que faltó. En ese escenario, lo urgente era concentrar esfuerzos en diagnosticar, adoptando medidas de protección eficaces. Sancionar las infracciones a la ley es una exigencia del Estado de Derecho, pero no lo es sancionar antes que todo. De hecho, los primeros días de la crisis eran un mal momento para hacerlo, cuando las circunstancias arrojan dudas sobre una formulación de cargos hecha contra reloj y bajo presión, haciendo más probable que ésta pueda ser impugnada.
La conducción del Estado es un asunto complejo porque exige articular exigencias variadas. Como en el ajedrez, el factor tiempo es crucial y la llave para armonizar muchas tensiones. Hoy es la hora de la información y la protección, mañana de la prevención, y por último la sanción. Aquí, el orden de los factores sí altera el producto.
