La Segunda
Un objetivo: 'A partir del análisis de las causas y raíces de la actual situación que vive la Iglesia, definir los caminos a seguir a nivel nacional para las diócesis'. Así lo plantearon los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile (Cech) cuando anunciaron que esta semana se reunirían en una asamblea plenaria extraordinaria, en Punta de Tralca, que finalizará mañana. El mismo día darán a conocer las conclusiones del encuentro.
En el mundo católico, la expectación de dicho anuncio es grande, especialmente entre las víctimas de abuso, quienes esperan un gesto de 'limpieza' de la Iglesia. Dos teólogos, una historiadora y un abogado canónico analizan cuáles son los cambios que debería anunciar el episcopado para mejorar los mecanismos de atención de los casos de abusos.
1. Consejo autónomo y comisión de verdad y justicia
Los expertos coinciden en la creación de un organismo autónomo que se ocupe de recibir e investigar las acusaciones contra miembros del clero. 'Se deben crear oficinas llevadas por laicos especializados, pero no de la misma zona. No pueden depender de los obispados; tiene que ser un ente autónomo para que no hayan influencias indebidas', dice la historiadora María José Castillo.
Instancia que debe tener más atribuciones, dice el abogado canonista Alejandro Álvarez. 'La Comisión Nacional de Prevención de Abusos, como está hoy, no ofrece garantías mínimas para las víctimas', asegura. Por eso, debe 'tener facultades jurisdiccionales para iniciar procesos canónicos, incorporar a la PDI, al Ministerio Público y profesionalizar a los laicos'.
Aunque está de acuerdo con esta instancia, el teólogo Álvaro Ramis explica que en Chile 'sólo se puede dar un figura simbólica extracanónica'. Esto porque el Derecho Canónico no permite la implementación de organismos como el de una Fiscalía Eclesial. 'Para que tenga validez, requiere una reforma propuesta por el Papa', acota. Algo que podría 'liberar a los obispos de un doble rol: ejercen como juez, recogen las denuncias, investigan, pero también son parte interesada porque tienen que resguardar al clero', afirma Ramis. 'Es una situación anómala que se podría liberar con la figura de un fiscal o comisión independiente'.
La teóloga UC, Claudia Leal, va más allá y dice que es importante que la Iglesia 'comprometa su voluntad ante la posible creación de una comisión de verdad y reconciliación'. Una postura que el sacerdote y académico de Derecho Canónico UC, Francisco Astaburuaga, comparte: 'La Iglesia chilena ha dado ejemplo en la defensa de los derechos humanos cuando estos han sido violados por razones políticas e ideológicas. Por tanto, una comisión de verdad y justicia también puede llegar a ser un acto de reparación en favor de las víctimas. Habrá que evaluarlo y asegurarse de elegir las personas más idóneas para una misión tan delicada y dolorosa'.
2. Obligación de denunciar
Además, Álvarez espera que se establezca la obligatoriedad de informar a la justicia sobre los casos que involucren a menores de edad, acción que 'aporta a la transparencia, el restablecimiento de la confianza y da garantías a las víctimas', dice.
La idea no es nueva: el episcopado español cuenta con esta obligación en sus protocolos, 'apenas tenga noticia del hecho, incluso antes de que se inicie una investigación o un proceso canónico', dice el abogado. 'Si los obispos lo incorporan a su protocolo se convertiría en norma. El que no lo hiciera, tendría que responder por qué'.
Dada la gravedad de estos delitos, Astaburuaga afirma que 'se deben crear los protocolos y condiciones de una recíproca cooperación con la justicia civil, respetando siempre el parecer de las víctimas'. Además, cree que 'se debe mantener lo que ya existe, de indicar a las víctimas y sus familiares que tienen todo el derecho de denunciar ante el Ministerio Publico'.
3. Participación de los laicos
El rol de los laicos también es un punto a tratar. Para Ramis, existen instancias, como los consejos parroquiales, comisiones diocesanas y episcopales, que son integradas por laicos, pero no son respetadas. 'Pondría énfasis en que se obligue al cumplimiento de estas instancias, porque daría fuerza y protagonismo a la participación laical', dice. También, porque su incorporación implica mayor transparencia en los procesos: 'En muchos casos, estos consejos deberían tener carácter resolutivo. Los obispos deberían escuchar y asumir esas orientaciones, no solo como sugerencia sino como mandato', afirma.
Además, para Castillo, los laicos que trabajan en las diócesis necesitan un acompañamiento especial. 'Hay gente que ha tenido que callar, omitir; hacer como que no ve cosas, que no deberían pasar. Ellos también son víctimas', asegura. Por eso, propone una renovación del personal. 'Esto está podrido por dentro', dice.
4. Formación afectiva
'Vamos a seguir teniendo conflicto con la cultura del abuso. La única forma de romperla es con formación', afirma Castillo, quien asegura que deben contar con una 'educación de verdad, adecuada al siglo XXI', lo que implica incorporar educación sexual y afectiva. Así como, dice Leal, una ética profesional 'donde se despliegue el abuso en todas sus dimensiones: de conciencia, de poder y sexual'.
Algo que, asegura Astaburuaga, el Papa abordó en su carta al Episcopado, en la que 'mencionó la necesidad de revisar los procesos formativos. En este sentido, hay que examinar las orientaciones ya existentes en la aceptación o no de candidatos al sacerdocio'. Esto porque, 'el no haber respetado en determinadas realidades eclesiales, tales orientaciones magisteriales ha tenido graves consecuencias para las personas víctimas de abusos, de parte de aquellos que nunca debieron haber sido ordenados sacerdotes'.
Para Ramis, la formación teológica debe regirse según criterios académicos, e incorporar un protocolo de denuncias para condiscípulos y formadores. 'El tipo de enseñanza del clero es de claustro, que implica un aislamiento de la sociedad y que genera patologías cuando no es bien procesado. La apertura al entorno debería ayudar a la madurez afectiva de las personas que se forman', añade.
