La Segunda
En Chile y en el mundo, en general, no hay un normativa que regule la libertad de expresión en redes sociales ni la calidad jurídica de las cuentas en Twitter o Facebook.
De hecho, recién el pasado 23 de mayo, en Estados Unidos, la jueza federal Naomi Reice Buchwald sentenció que el Presidente de ese país, Donald Trump, no puede bloquear usuarios en Twitter, red social que usa diariamente.
La magistrada estableció, con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de EE.UU., que "dicho espacio es un foro público designado, y que el bloqueo de los demandantes, basado en su discurso político, constituye una discriminación".
Para el profesor de la Universidad de Chile, doctor en Sociología y experto en derecho informático Salvador Millaleo, la resolución tomada contra Trump "tiene consecuencias para Chile". "Las cuentas institucionales y la interacción digital en torno a ellas son un espacio público donde se relacionan Gobierno y ciudadanos, por lo que el Gobierno no puede hacer restricciones, porque si lo hace puede afectar la libre expresión".
Millaleo agrega que "la idea es que las cuentas institucionales se traspasen, que no se restrinja a nadie, a menos que se trate de discursos de odio". A su juicio las redes debieran ser "bienes públicos". Pese al auge, cree que aún faltan directrices por parte del Ejecutivo antes de aventurarse a una "regulación global donde se precisen alcances de libertad de expresión y derecho a la información".
Sobre la calidad jurídica de las redes sociales, Sandra Ponce de León, profesora de Derecho Público de la UC, señala que "no hay una legislación en Chile en la materia, al igual que a nivel internacional, es tierra de nadie. Pasó con los correos electrónicos, caso que llegó al Tribunal Constitucional. No hay una regulación en el uso de las tecnologías, entonces se va reaccionado en cada caso de relevancia".
Respecto del fallo contra Trump, Ponce de León cree que cuando hay casos, "con mucha publicidad en el extranjero, eso obliga a mirar esa situación, pero no necesariamente va a generar una legislación inmediata. Puede ser un buen caso de análisis para replicar en el país".
Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, bloquear usuarios de parte de una autoridad "es un acto atentatorio contra la libertad de expresión. Una persona que sintiera que no está siendo respetado su derecho a expresarse o dirigirse a la autoridad podría ejercer algún derecho de la Constitución como recurso de protección. No se ha visto el caso, pero uno lo entendería".
El experto en comunicación política Juan Cristóbal Portales dice que bloquear "es al menos irregular y va contra la naturaleza de una comunicación estratégica en redes sociales. Le quita la posibilidad a un ciudadano de recibir información o contactarse con el órgano institucional".
