El Mercurio
"Ningún mecanismo de evaluación contempla el impacto positivo o directo de los programas que conforman la red Sename. Hasta 2017, la red solo había sido evaluada una vez, en 2011". Ese es uno de los hechos que constata el estudio "Atención de la infancia vulnerable en Chile: Diagnóstico sobre su institucionalidad y propuestas de mejoras", elaborado por el comité ejecutivo del Centro UC de la Familia, cuya presentación realizará hoy su directora, Carmen Domínguez, en un seminario organizado por la universidad.
La investigación identifica -a partir de estadísticas y entrevistas a los actores del sistema, entre otros elementos de análisis- cuáles son los "nudos críticos" en el plano legislativo, la responsabilidad estatal y las falencias en el Poder Judicial en relación con la infancia vulnerada en Chile, en particular los niños y adolescentes atendidos por la red del Servicio Nacional de Menores (Sename).
"No tenemos en este minuto una institucionalidad de infancia de carácter estatal que no cambie con cada gobierno, que ponga objetivos y fiscalice el resultado de los recursos que se invierten para cumplir esos objetivos", advierte Domínguez, y adelanta: "Esto no se resuelve en el corto plazo y las medidas a adoptar convocan a los tres poderes del Estado".
Deficiencia en evaluación
Los deficientes mecanismos de evaluación y fiscalización impactan, a juicio de los investigadores, si se considera la inversión del Estado en materia de infancia. "Chile no es que esté por debajo de otros países de Latinoamérica, lo que hay es que tiene una déficit de gestión gigantesco", asegura la abogada.
También hay, entre otros, problemas en el ámbito presupuestario de los organismos colaboradores del Sename, que tienen a su cargo el 79% del total de las residencias o centros que integran la red. Existe "demora en la entrega mensual de subsidios por parte del Sename, cuya tardanza afecta presupuestariamente a estos organismos (...). De este modo, estos organismos terminan subsidiando al Sename", reseña el estudio UC.
"Como última razón, institucionalizar"
Junto con la responsabilidad que toca al Ejecutivo, el informe también aborda la responsabilidad que cabe a los tribunales de familia en materia de infancia.
Para Domínguez, solo "como última ratio, uno debiera institucionalizar (a los niños, niñas y adolescentes)". Sin embargo, lo que ocurre aparentemente no es eso. "La deficiente calidad de información que reciben los jueces significa que muchas veces tienen que decidir incluso sin ningún informe de diagnóstico de cuál es la situación del niño, porque están dentro del contexto de medidas cautelares y, en ese contexto, el juez tiene urgencia de resolver, no puede decir 'una medida cautelar la voy a resolver en el plazo de un año', porque deja de ser medida cautelar", explica la académica. Entonces, dice: "¿Qué pasa? Por esa deficiente calidad de información (...) muchas veces están siendo institucionalizados niños que, si hubiera habido una mejor calidad de información, probablemente no lo estarían".
Desde el propio Poder Judicial, consigna el informe UC, se reconoce que existen graves problemas en el desarrollo de los procedimientos de protección. Entre ellos, se enumera la dilación excesiva en la dictación de sentencias, cuyas decisiones deben ser de carácter urgente; que los informes llegan con escasa antelación o el mismo día de la audiencia, lo que complica su análisis.
También, que hay una enorme cantidad de causas cuya tramitación es suspendida por falta de prueba (pericia de las Oficinas de Protección de Derechos u otra entidad distinta del Sename del área de salud o educación), y "si la prueba no llega a la segunda audiencia, pueden ocurrir dos escenarios: se decide una medida de protección sin la prueba necesaria para determinarla; o se decide esperar la prueba, aunque el niño vulnerado tenga que esperar meses para que se le decrete una medida de protección", dice el estudio.
Y a lo anterior se suma la falta de uniformidad de los criterios jurídicos en la determinación de la vulneración de derechos, dado que "la regulación de las medidas de protección no establece pautas o criterios fijos para la determinación de cuándo debe entenderse que existe una vulneración de derechos", describe el estudio. Ante el vacío legislativo, la determinación queda al criterio de cada juez.
Defensores en Familia
Sin perjuicio de todo ello, la directora del Centro de la Familia cree además que es, al menos, recomendable la creación de una especie de Defensoría Penal Pública, pero de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un abogado especializado, en definitiva, que los represente judicialmente en los procesos, en reemplazo de la figura de la curaduría ad litem . Hoy, los procedimientos de familia, por regla general, requieren de patrocinio de abogado, la excepción son las medidas de protección o los de violencia intrafamiliar -precisa el estudio-, y es allí donde justamente surgen algunas dificultades.
Como tercer punto, el informe aborda la actuación del Poder Legislativo. En este capítulo, entre otras cosas, el documento menciona la lentitud en la tramitación de proyectos de ley ligados a la infancia, lo que "permite demostrar que, pese al discurso público, las respuestas ante la infancia vulnerada siguen sin ser una prioridad en Chile". Y se identifica como otro problema "la opción efectuada por la administración anterior (Presidencia de Michelle Bachelet), de ingresar los proyectos por distintas cámaras de origen (algunos por el Senado y otros por la de Diputados), lo que impide hacer un análisis global que asegure la coherencia del nuevo diseño".
