El Mercurio 

Rodrigo Azocar 158x158

Aunque hay evidencia de que la capacitación y las oportunidades laborales mejoran las posibilidades de reinserción y se asocian a una menor reincidencia delictual, de acuerdo con una investigación del Centro de Políticas Públicas UC varios factores dificultarían que estos efectos se concreten para las personas privadas de libertad en Chile.

"A nivel de estándares internacionales, uno podría hacer un análisis teórico bastante bueno. Pero el acceso, la cobertura, la calidad, si te fijas cómo se desarrollan (los programas)... Ahí ya no se pasa la prueba de cómo funciona en la práctica", plantea el académico de la Facultad de Derecho UC Rodrigo Azócar, autor y coordinador del estudio.

Dificultades

La baja cobertura sería uno de los obstáculos. De las 49 mil personas privadas de libertad que hay en el país -cifra de Gendarmería, a 2017-, se estima que apenas un 30% lograría participar en una actividad laboral.

Además, el estudio advierte que el otorgamiento de estos cupos y en qué recintos se generarían los espacios dependería de factores discrecionales. "En la dinámica penitenciaria, el acceder a un trabajo remunerado tiende a ser visto y tratado como un 'premio' a la conducta (...) Es decir, trabajar en una cárcel no es un derecho ni una obligación, sino que una recompensa", explica el documento.

Emprendimientos

Según la investigación, muchas de las posibilidades a las que pueden acceder estarían ligadas a tareas más bien artesanales y de autogestión. Emprendimientos que muchas veces comenzarían con actividades como el lijado de un trozo de madera, que daría origen a objetos como barcos, joyeros y otras piezas de lo que el estudio denomina "artesanía canera".

Sin embargo, al no verse potenciadas debidamente, no generarían un verdadero proceso de reinserción que se pueda proyectar tras la salida a la libertad.

Francisca Lewin es coordinadora general de proyectos en la fundación Paternitas, que tiene un programa de capacitación laboral y reinserción en la R. Metropolitana, en conjunto con el Ministerio del Trabajo. Para ella este punto es clave.

"Hay personas que llevan cuatro años haciendo crochet en la cárcel, salen en libertad y lamentablemente el crochet no les abre ninguna puerta laboral. Y ahí generas más frustración", advierte.

A esto se sumarían las dificultades de haber pasado por experiencias de exclusión social antes de llegar a la cárcel. "El 50% estuvo en hogares del Sename, muchos no han terminado su enseñanza media. ¿De qué emprendimiento estamos hablando si les faltan habilidades blandas? Muchas veces, el emprendimiento es una fuente de frustración y eso invita al delito", afirma Lewin.

Para evitar esto, en Paternitas se detectan primero las necesidades que determinadas empresas tengan, para así capacitar a los privados de libertad en oficios que les aseguren proyección. "Nos preocupamos de hacer que este match funcione lo mejor posible", dice la experta.

Cambios de fondo

Para Azócar, otras problemáticas serían la infraestructura de los recintos y la falta de espacio suficiente.

"Si bien las condiciones varían, el grado de hacinamiento no te permite poder desarrollar programas, que las empresas estén dentro de los recintos o realizar capacitaciones", explica.

"Porque claro, hay que priorizar los espacios y entre tener un taller, por ejemplo, y tener más espacio para otro tipo de actividades... Es complejo", añade.