El Mercurio
Hace algunas semanas, la Corte Suprema falló a favor de un funcionario público luego de que la Superintendencia de Valores y Seguros decidiera no renovar su contrata. Al respecto, la Corte declaró que cuando ha habido renovaciones de empleos a contrata por más de dos períodos ello se traduce en "relaciones indefinidas para el Estado", con lo cual se acopló al criterio desarrollado por la Contraloría General de la República.
La opinión pública ha entendido esta sentencia como un giro definitivo en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Lo anterior debe matizarse. En efecto, un estudio del Observatorio Judicial sobre las decisiones de la Corte Suprema en materia de contratas desde el año 2006 muestra que no es la primera vez que se acoge un recurso a favor de un funcionario público por no renovación o término anticipado de su empleo a contrata. Con todo, las sentencias favorables a los funcionarios públicos alcanzan un 44% del total, con lo cual queda de manifiesto que la última decisión de la Corte viene a sumarse a una tendencia importante, pero que todavía no demuestra ser mayoritaria.
Más interesante aún es el patrón de votación de las decisiones. Del total analizado, un 64% fue resuelto con voto dividido; una cifra altísima, considerando que lo habitual suele ser la unanimidad. Siguiendo esta tendencia, la última decisión de la Corte se adoptó por tres votos a favor y dos en contra. Por lo tanto, todo indica que, contrario a la impresión general, la discusión sobre la desvinculación de funcionarios públicos a contrata al interior de la Corte Suprema sigue abierta y plenamente vigente.
