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¿Ha tenido la mala pata de que le pase algo feo en un lugar de uso público? ¿Le hubiese gustado que una cámara registrara todo? A Ro-mina Figueroa le sucedió.
Todo ocurrió en el metro Cal y Canto, donde pidió ayuda a una asistente del andén para que orientara a una persona no vidente. Según contó ella en Facebook, la asistente le respondió en malos términos y decidió tomarle una fotografía, momento en que comenzó una gran discusión que involucró a cinco guardias de Metro. En su muro se quejó: "Cuando llamé a Carabineros, pidieron a Metro las imágenes. Y aquí viene lo insólito: desaparecieron o según ellos la cámara no grabó el momento. Gracias a las personas que grabaron y me hicieron llegar estas imágenes podré defenderme".
Si viviera una situación similar, ¿sabe usted cómo solicitar las imágenes?
Diferencia entre lo público y privado
Pablo Viollier, asesor de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, explica que es necesario distinguir entre las cámaras que pertenece a instituciones públicas y las de empresas privadas.
En dependencias privadas, como un mall o un supermercado, no están obligados a entregar el material que registran. "Sí tienen que colaborar cuando se trata de investigaciones penales y, por tanto, si un tribunal les ordenase poner a disposición esas grabaciones para efectos de pruebas, sí se les podría exigir", precisa.
En el caso de algunas instituciones públicas, se puede recurrir a la Ley de Transparencia, que obliga a organismos estatales a entregar los antecedentes que tengan en su poder, en la medida que no tengan causal de reserva, como en temas de seguridad. Por los plazos que entrega la legislación, es muy difícil que esta información se revele antes de 40 días.
Francisco Leturia, docente de la facultad de Derecho UC y consejero del Consejo para la Transparencia, aclara: "En caso de que todo ocurra en un lugar público y sea captado, por ejemplo, por cámaras de seguridad municipales, las imágenes se pueden pedir mediante esta ley. Es posible que otras instituciones públicas no las entreguen pues la ley tiene un listado exacto de los órganos que están sometidos a ella. Y de no estarlo, no pueden realizar la gestión". Un ejemplo: no se puede preguntar a Carabineros cuántos funcionarios tiene porque es materia sensible para la seguridad.
Luis Cordero, académico de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, detalla que Metro, como empresa del Estado, está sujeta a obligaciones de transparencia pasivas, lo que significa que para tener la información, en caso de ser negada, se tiene que recurrir a los tribunales.
¿Y las cámaras de la calle?
Cordero detalla que en el caso de las cámaras operadas por los municipios, sus tomas son registros públicos que sirven para tomar decisiones. Esta información puede ser solicitada por un particular y, en caso de que la respuesta sea negativa, sí podría recurrirse a la Ley de Transparencia.
Detalla que el problema radica en que las imágenes pueden ser utilizadas para la denuncia de delitos, pero también dan origen a registros que pueden constituir información pública.
"Actualmente, se está discutiendo este tema en el Congreso porque el material también posee datos personales de la gente", cuenta el abogado, doctor en Derecho.
Cordero agrega que Chile está creando una institucionalidad para la protección de datos personales. "Esta regulación es de muy poca garantía para los ciudadanos y, respecto a la captura de imágenes, peor todavía. Es muy débil y por eso la protección de datos personales, incluyendo las imágenes, está sujeta a muchísimos riesgos en el sistema institucional chileno", describe.
En cuanto a las cámaras de vigilancia, la jefa de comunicaciones de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, Claudia del Solar, detalla que como carecen de una regulación legal expresa, no existe en la ley un derecho de los particulares a solicitar las grabaciones captadas por las cámaras de vigilancia. "La entrega de las mismas dependerá exclusivamente del criterio de cada entidad (supermercado, mall, municipio, etcétera) y del caso concreto de que se trate", explica.
¿Y la UOCT?
La Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) dispone de 257 cámaras en la región Metropolitana, pero exclusivamente para gestionar el tránsito, a través de ángulos que captan el plano general de las calles. "En caso de que una persona sea víctima de un delito, por ejemplo, del robo de un vehículo en un lugar de la vía pública que coincida con los puntos estratégicos donde la UOCT posee sus cámaras, será necesario que el afectado acuda a la justicia, ya que esta es la única forma de pedir el registro visual", informó la oficina de prensa.
Desde la institución recomiendan iniciar el proceso judicial lo antes posible, pues las imágenes son eliminadas tras un periodo de 30 días con fin de ceder espacio a nuevas tomas en los servicios de almacenamiento.
