El Líbero
Los modelos democráticos consideran fundamentales las garantías a las personas de poder expresar sus ideas, juicios o pareceres, de buscar la verdad, acceder a la información, debatir sucesos o interpretaciones, presentar sus modelos y propuestas a la sociedad, formar asociaciones en torno a ellos y participar en la toma de decisiones públicas a través de éstos u otros mecanismos.
Tales postulados sin duda emergen de un modelo, por esencia, tolerante y pluralista. La tolerancia se manifiesta en el respeto a las ideas, expresiones y juicios ajenos. Significa, a su vez, el reconocimiento de la dignidad humana y del derecho de los demás no sólo a expresarse, sino a discrepar de lo que nosotros pensamos o creemos. Por su parte, el pluralismo es un paso siguiente, pues no sólo acepta que los demás sostengan sus propias ideas o consideraciones de la realidad, sino que se traduce en una doctrina de acuerdo a la cual el mundo está compuesto de realidades independientes y mutuamente irreductibles, considerando además que la diversidad enriquece y es positiva para el sistema.
Sin embargo, entrado ya el siglo XXI, si bien todos los modelos democráticos se declaran pluralistas y tolerantes, y como tales adscriben —entre otros valores— a la protección de la libertad de expresión, ello no impide que vayan surgiendo ciertas tendencias a sesgar o dotar de contenidos al pluralismo. En efecto, si bien hemos dejado atrás en nuestro país los límites constitucionales al pluralismo de ideas, que consideraban contrarias a la Constitución las doctrinas basadas en la lucha de clases, por ejemplo, o que consideraban conductas sancionables las de difundir tales doctrinas —y lo hemos reemplazado por la declaración del artículo 19 N° 15 de la Carta Fundamental chilena en favor del pluralismo político y la prohibición de conductas violentas o antisistémicas—, ello no significa que los actuales intérpretes del modelo hayan renunciado a la pretensión de jerarquizar ciertas “verdades” o criterios.
Así, no siempre las doctrinas o los comportamientos excluidos se corresponden con el rechazo de las libertades democráticas, sino crecientemente con el cuestionamiento a ciertas ideas-fuerza tales como la calidad de vida, la corrección política, la autonomía del sujeto o la no discriminación, todas ellas elevadas a grandes principios de magnitud difusa que se han vuelto poderosos e indiscutibles, como antes lo fueron dogmas religiosos o verdades oficiales. En el desarrollo de tales purismos debemos ser especialmente cuidadosos, en particular evitando confundir las visiones ajenas que nos violentan por ser diametralmente diferentes a la nuestra, de aquellas que objetivamente proponen usar la violencia contra las personas y sus derechos.
En una adecuada lectura de La sociedad abierta y sus enemigos de Popper, no encontraremos la justificación de la agresión y el ostracismo de quienes piensan diferente, por incomprensible que nos parezca su criterio, sino una limitación a la participación política de las entidades que propugnan con sus conductas la existencia de una sociedad cerrada y monista. En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional alemán ha declarado la posibilidad de declarar inconstitucionales a partidos o movimientos políticos sin “el requisito de que exista actividad delictiva, ya que la disposición constitucional tiene un carácter preventivo. La clave es que el partido persiga activamente una meta inconstitucional, sin que sea determinante el que exista una posibilidad de éxito o que ésta, dada la escasa relevancia de la formación, sea meramente utópica o ilusoria”.
Luego, la interpretación sobre nuestro pasado, las valoraciones morales, las críticas políticas y las propuestas normativas no pueden esgrimirse para expulsar a nadie del sistema, para silenciar a sus agentes o para ser complacientes con ataques físicos a sus personas. La empatía y la orientación no pueden ser condiciones del ejercicio de los derechos o de su pérdida. Pretenderlo, más que hacernos defensores de la sociedad abierta, nos transforma en sus enemigos.
