La Segunda
Señor Director:
En una reciente columna, el historiador Juan Luis Ossa apunta nuevamente sobre la conveniencia de tomar como referente la Constitución de 1925, para enfrentar el problema de la anhelada reforma constitucional.
Acierta el autor al observar que el proceso constitucional iniciado en la pasada administración fue, en resumen, desprolijo y oscuro, así como al reconocer que el momento constitucional, pese a encontrarse de capa caída, no ha sufrido su derrota final. Por el contrario, pese a las declaraciones del ministro Chadwick en torno a ralentixar el proceso de discusión del proyecto presentado inoficiosamente a cinco días de terminar el anterior mandato coincido en que el tema constitucional llegó para quedarse.
La agenda pública pareciera no estar controlada por el Gobierno, el cual si bien ha acertado en enfocar sus esfuerzos en problemas urgentes e importantes, ha mordido el señuelo de enfrascarse en discusiones que se alejan del centro de su discurso. Es necesario aprovechar la oportunidad que rodea a la instalación de un nuevo Gobierno para, precisamente, intentar influir en torno a los "grandes acuerdos", dentro de los cuales debiese incluirse una solución constitucional.
La tesis defendida por Ossa y otros desde hace algún tiempo pareciera sin embargo no tener real potencial. Alega el autor el alto grado de aceptación y legitimidad de la Carta de 1925, sin tomar en consideración que dicha Carta al igual que la vigente, no tuvo una redacción transparente y participativa, y que su proceso de aprobación tuvo mayor abstención que votos emitidos. Con ello se evidencia que los vicios originales de dicha carta, por muy validada y aceptada, contaminarían el proceso en la misma medida en que la supuesta falta de legitimidad de la actual Carta viciaría cualquier proceso de reforma por la vía institucional.
No se me malinterprete: el tema constitucional requiere de una solución que garantice amplios acuerdos, que provean de un apoyo legítimo, transversal e incuestionable a nuestra Constitución —cosa que de entrada no se lograría al discutir el proyecto recientemente enviado—, pero intentar buscar la solución en referentes históricos como el citado no tendría sustento en Derecho.
