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Este 19 de marzo comienzan los alegatos orales de la demanda marítima interpuesta por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

A partir de ello, el tribunal internacional tratará de establecer si nuestro país tiene o no la obligación de negociar de buena fe una salida soberana al mar para la nación vecina.

Después de las audiencias -que se extenderán hasta el 28 de marzo- los 17 jueces integrantes de la corte definirán un fallo que, a grandes rasgos, podría tener dos variantes.

Posibles escenarios

"Una (variante) es que se rechace la pretensión boliviana y, otra, que diga que existe una obligación de negociar", explica Astrid Espaliat, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, doctora en Derecho Internacional y ex asesora del equipo chileno en La Haya.

En el primer caso, la académica sostiene que de negarse la solicitud de Bolivia, se habrían agotado las opciones a las que podría recurrir el gobierno Evo Morales.

"(La Haya) es el único tribunal al que los dos Estados le hemos dado competencia", comenta Espaliat, agregando que no ve "otra opción jurisdiccional".

La profesora de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica, Elisa Zavala, plantea que Bolivia ha intentado acudir a otras alternativas diplomáticas como la Organización de Estados Americanos o la Organización de Naciones Unidas, pero estas no pueden ordenar acciones a Chile.

"Ninguno de estos organismos tiene la facultad de obligar a un país a tomar cierto curso de acción, a diferencia de lo que ocurre con la Corte Internacional de Justicia", señala Zavala.

Respecto a la segunda opción -que el fallo sea favorable a Bolivia- la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet, asegura que sea cual sea la resolución no podrá satisfacer lo que ha prometido Evo Morales a los ciudadanos bolivianos. Cabe recordar que el mandatario plantea la obtención de una salida al mar como uno de los objetivos clave de su mandato.

"Se está jugando buena parte de su oportunidad política", comenta al respecto la profesora Milet.

Elisa Zavala coincide con esa visión: "Incluso en el peor escenario, en que Chile pierda totalmente el caso, eso no va a implicar una entrega de territorio ni de soberanía del mar de forma automática", asevera.

"La Corte Internacional de Justicia no puede sujetar la obligación de Chile, en el caso de que lo reconociera, a un resultado específico", indica la profesora de la Facultad de Derecho UC, mencionando que lo que el tribunal podría exigir a ambos países en litigio sería llevar adelante una negociación de buena fe.

Dicha condición apunta a una conducta de parte de los involucrados, no a un resultado de cesión de soberanía. "Básicamente significa que no puede haber mala fe: engaño, subterfugios, ese tipo de situaciones", aclara Edmundo Vargas, director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile.

La profesora Espaliat hace énfasis en la distinción entre una negociación de buena fe y una con un resultado esperado, recordando que ambos conceptos apuntan a cosas distintas.

Por el momento no se conoce la fecha de entrega del fallo, aunque en el pasado han tardado algunos meses luego de los alegatos. "Quiero apostar, y esto no lo digo con ninguna certeza, que (la entrega del fallo) sería dentro del segundo semestre de este año", plantea el profesor Edmundo Vargas.