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Diversos son los desafíos que a la luz de los expertos tiene la nueva normativa de libre competencia, que empezó a regir el año pasado. Así quedó de manifiesto en la XII Jornada de Libre Competencia, organizada por la Universidad Católica y la Fiscalía Nacional Económica (FNE)
Uno de los principales retos es aquel que recae sobre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), y que dice relación con la cuantificación de los daños en caso de colusión. 'En esta materia van a haber muchas diferencias en relación a cómo se realiza en un proceso civil normal', señaló el presidente del TDLC, Enrique Vergara. Y agrego que es
importante definir un modelo de metodología, para evitar sesgos e inconsistencias dentro de las investigaciones.
Vergara además insistió en que la actual normativa requería de distintas definiciones aclarativas, como por ejemplo, qué se entiende por compensaciones integrales, a quiénes se les deben realizar y cuáles son sus límites.
Además, subrayo que en este sentido se debe abordar también la figura del intermediario, en muchos casos, el de la empresa distribuidora. Debido a que pueden sufrir también alteraciones de precios al estar entremedio de una colusión, por lo cual también puede ser acusado, según Vergara,
La gran pregunta para el presidente del TDLC es 'si los productores pueden defenderse en un juicio y decir que el distribuidor no sufrió ningún daño', a lo que aseguró que en modelos similares en el extranjero existen ambos casos, de aceptación y rechazo.
Fusión y colusión. Otro de los temas del seminario fue el tratamiento a los responsables de las colusiones que puedan presentarse dentro de las compañías. En ese punto expuso el abogado, Cristóbal Eyzaguirre, sobre el tipo de responsabilidad que recae en las empresas por hechos realizados por sus directivos en contra de la libre competencia. Eyzaguirre enfatizó que en estos casos de colusión se deben definir responsabilidades desde el más alto ejecutivo hasta los trabajadores dependientes.
En materias de fusiones específicamente, se criticó la modificación actual que el ente fiscalizador dictó este año a través de las Guía de Fusiones. El abogado Jaime Barahona enfatizó que 'es importante que la FNE mantenga un alto nivel de transparencia de sus criterios mediante resoluciones que dicte en el procedimiento de control de fusiones'.
Barahona agregó que en este ámbito existirá otro desafío. Y es que actualmente está fijado un umbral mínimo de aproximadamente US$11 millones en ventas brutas de ambas entidades que desean unirse. 'En cuanto a este monto, se deben tener los resultados del control para evaluar si está acorde con un sistema eficiente y oportuno', agregó el abogado.
Si bien señaló que hasta el momento no se han presentado grandes conflictos, este será un problema que saldrá a relucir en cualquier momento.
