El Mercurio
Diversas consecuencias generó el cierre de la investigación y el archivo de los antecedentes que dieron origen a la arista de la colusión de los "pañales", en el marco del caso Tissue , dispuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como consecuencia de la prescripción. Esto, considerando que la conducta aludida se produjo en un período que concluyó hace más de cinco años (entre 2002 y 2009).
Casi de manera inmediata, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, pidió el viernes pasado, en forma inédita, al organismo persecutor que lidera el fiscal Felipe Irarrázabal la entrega de los antecedentes de la investigación del supuesto caso de colusión que involucra a CMPC Tissue y Kimberly Clark. Estas empresas habrían acordado una supuesta alza artificial de precios en este mercado.
En la ocasión, el secretario de Estado sostuvo que "la ciudadanía y las instituciones de la República merecen conocer todos los aspectos de la investigación que derivaron en el cierre de la causa".
Sin embargo, desde el Ministerio reconocieron ayer que esperan que el ente persecutor que lidera el fiscal Felipe Irarrázabal solo exhiba todos aquellos antecedentes de carácter público que dieron origen a la indagación. Así, la petición no aborda aquellos antecedentes que tienen la calidad de confidenciales.
Prescripción
Sobre este caso también se refirió ayer en La Segunda el ex presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca, quien sostuvo que la institución de la prescripción debió declararla el TDLC, no la FNE. El propio tribunal se encargó de responderle a Menchaca y afirmó que "solo se pronuncia a través de los fallos respecto de las causas que llegan a su conocimiento".
El "caso pañales" no llegó a conocerse por el TDLC, ya que el ente persecutor cerró la indagación en forma previa y archivó los antecedentes por prescripción.
Congreso
En su exposición ayer ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el fiscal Irarrázabal -acompañado por el subfiscal, Mario Ybar, y el jefe de la unidad anticarteles del organismo, Juan Correa- se refirió a los detalles de la investigación que originó la arista "pañales".
En la ocasión, el líder de la FNE desmintió las acusaciones que afirman que el ente no investigó la situación. Afirmó que la indagación sí se realizó, pero que los hechos ya habían prescrito cuando conocieron el caso. También rechazó que tildaran a la FNE de avalar la impunidad. "Me molesta profundamente, porque hay un compromiso de persecución y creo que ha habido resultados. Hemos acusado a Agrosuper, Transbank, Walmart, Cencosud, Latam, la Bolsa de Valores y CCU", afirmó.
También lamentó la filtración. "Nunca hemos tenido una filtración. Estamos devastados. El negocio nuestro -si no hay un contexto de confidencialidad y de delación compensada- es difícil para llegar a resultados concretos. Las filtraciones son extremadamente graves. Destruyen la confidencialidad", afirmó el fiscal.
Ministerio, sin facultades para exigir documentos
El director del Centro de Libre Competencia de la Pontificia Universidad Católica, Carlos Concha, sostuvo que, en principio, bajo el actual ordenamiento jurídico, el Ministerio de Economía no puede pedir los antecedentes confidenciales de la investigación del "caso pañales" a la FNE. "La Fiscalía es un organismo autónomo, que tiene funciones específicas y realiza actividades bajo reserva. Los antecedentes son reservados, justamente, para permitir que la delación compensada salga adelante", afirmó el experto.
El abogado señaló que cada institución tiene sus roles. Indicó que, si bien tanto el Ministerio de Economía como la FNE pueden estar interesados en perseguir la colusión, al primero no le cabe ningún rol en combatirla.
"Esto está entregado a la FNE y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)", aclaró. Agregó que "no basta con un interés público para preocuparse por estos temas. Por ejemplo, los legisladores pueden tener el mayor interés en este asunto de la colusión, pero en la Constitución se establece que cada autoridad tiene facultades dentro de la órbita de sus atribuciones y debe ejercerla en la forma que indica la Constitución y no por otra".
El abogado recordó que en el pasado ha habido autoridades interesadas en velar por el interés público y que se les ha negado acceso a antecedentes y documentos, ya que no están a cargo de proteger ese interés.
"Todo eso se remite al Estado de Derecho, en que cada autoridad tiene una órbita de atribuciones para actuar", sostuvo.
En el caso de la colusión, Concha afirmó que la investigación es de cargo de la FNE y su juzgamiento corresponde al TDLC. "Solo la Fiscalía Nacional Económica y el tribunal están facultados para revisar los antecedentes confidenciales", manifestó el experto.
En el evento de solicitar información confidencial, Concha aseguró que la Contraloría General de la República, en ejercicio de su rol fiscalizador, podría revisar -incluso de oficio- si el acto efectivamente se ajusta al ordenamiento jurídico.
"Ese es el órgano facultado para revisar la legalidad de las actuaciones de los organismos públicos, incluidos los ministerios", dijo.
Además, indicó que la FNE podría recurrir a un juzgado civil para interponer un recurso contra la solicitud del Ministerio en defensa de la confidencialidad de los antecedentes.
"Los antecedentes son reservados justamente para permitir que la delación compensada salga adelante".
