El Mercurio
María Elena Santibáñez 158x158

"El Estado no solo ha incumplido sus obligaciones internacionales en promoción, prevención y protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA), sino que tampoco ha generado políticas públicas que promuevan el respeto y protección de niños y niñas".

Esa es una de las conclusiones a las que arriba el capítulo sobre infancia de la 14 {+a} versión del Anuario de Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales (UDP), que se presenta mañana en el Aula Magna de su Facultad de Derecho.

Además, señala que si bien la actual administración creó el Consejo de la Infancia "con la convicción de que existe una necesidad imperiosa de situar las carencias de niños y niñas en un lugar prioritario en el ámbito de las políticas públicas (...), a dos años de su implementación, su avance en términos legislativos es escaso, por no decir prácticamente nulo".

Elementos clave

Dos fueron los elementos que las investigadoras Camila de la Maza y Francisca González tomaron para analizar la situación de los derechos de los menores: las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo en su reciente revisión a Chile (2015) y los proyectos de ley ingresados ese mismo año por el Ejecutivo en la materia.

Advierten en su análisis que "durante 2015, al alero del Consejo para la Infancia, existían grandes expectativas sobre los avances que el Gobierno podría alcanzar en la materia; sin embargo, solo se logró la presentación de dos proyectos de ley, que eran parte del compromiso de representantes del Estado ante el Comité de los Derechos del Niño, que realizó la revisión en Chile en septiembre de ese año".

Se trata del que crea el Sistema de Garantías de la Niñez así como del que modifica el Ministerio de Desarrollo Social, creando la Subsecretaría de la Niñez, los que -en opinión de las investigadoras- "no se ajustan cabalmente a los estándares fijados por el derecho internacional de los derechos humanos".

El primero, afirman, deja "serias dudas sobre su efectividad, toda vez que condiciona gran parte del catálogo de derechos a la disposición presupuestaria del Estado", y tampoco otorga mecanismos administrativos y judiciales para ejecutarlos.

A juicio de De la Maza, investigadora principal del estudio, "no existe una política pública de infancia. Lo que hay es un servicio, con un mandato muy acotado -solo atiende a los niños que ya han sido gravemente vulnerados en sus derechos- y que no se ha modernizado en sus formas de intervenir. Lo hace a través de programas (...), sin ninguna articulación".

La investigadora dice que "la situación no está peor que hace 3 o 5 años, lo que no indica que esté bien, sino que es una realidad invisible (...) la creación de la Subsecretaría de la Infancia podría ser un gran avance, proyecto que está en el Congreso hace más de un año".

Valoran Subsecretaría de la Niñez

En el informe se valora el proyecto de ley que modifica el Ministerio de Desarrollo Social y que crea la Subsecretaría de la Niñez, y que su "objetivo central sea coordinar y sistematizar la respuesta del Estado frente a su obligación de promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes", porque -a juicio de las investigadoras- "la gran falencia que ha tenido el sistema es carecer de una mirada holística e integradora".

Por ello, dicen, "no es casual que el 71% de los NNA del país, de manera transversal, refieran haber sido víctimas de violencia física o psicológica y que esta cifra se mantenga prácticamente invariable en los últimos 10 años", citando datos de la Unicef.

Reacciones ante el estudio

El ex director del Sename Francisco Estrada dice tener coincidencias y discrepancias con el diagnóstico del reporte: "Coincido en problemas de estrategia legislativa, pero no considero problemático que no se avance en un proyecto de Subsecretaría de la Niñez, porque no creo que una burocracia sofisticada de alto nivel incida en mejoramiento de condiciones de aplicación de derechos de la niñez".

Para la abogada María Elena Santibáñez, el informe "constata una realidad de la que hemos sido testigos quienes nos dedicamos al tema de la infancia. En este gobierno y en el anterior han existido muchas iniciativas para efectuar reformas importantes; sin embargo, no han visto la luz. No se ha concretado una reforma integral, pero tampoco reformas menores que permitan subsanar problemáticas urgentes".

Recuadro :

Iniciativa

El proyecto de Garantías de la Niñez aún no es aprobado por el Congreso.

-Proponen cuatro ejes

Aprobar con prontitud el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez y que no se sujete el reconocimiento de derechos a la disponibilidad presupuestaria.

Derogar la Ley de Menores del año 1967, que es absolutamente incompatible con las normas dispuestas en la Convención de los Derechos de los Niños, con un adecuado abordaje de las políticas públicas desde una perspectiva de derechos, abandonando completamente la doctrina de la situación irregular.

Visar prontamente el proyecto de ley que modifica la ley orgánica constitucional del Ministerio de Desarrollo Social y crea la Subsecretaría de la Niñez, para que esta, como órgano rector, articule las políticas públicas en materia de infancia.

Ajustar las políticas públicas y las normas a los principios básicos que fundan e informan el derecho internacional de los derechos humanos en materia de infancia, especialmente en lo relativo al principio del interés superior del niño y el derecho a ser oído.