El Mercurio
"Uno se cansa de las alzas". El jubilado Ricardo Araya enhebró una retahíla de quejas el miércoles de esta semana, al bajar las escalinatas de un antiguo edificio de calle Marcoleta, en Santiago. Acababa de gestionar su enésimo recurso de protección contra una isapre. Esta vez por el aumento en el programa de salud de uno de sus hijos.
Minutos antes, en el cuarto piso, había elogiado a Waldo Albornoz, director de Ganasalud, el estudio jurídico que lo volvió a asistir en este plano. "Don Waldo es Jalisco, no pierde nunca", dijo, aludiendo a la efectividad de los reclamos que tramita la oficina.
Albornoz, contador auditor y máster en economía, agradeció con una sonrisa el comentario de Araya. Porque "efectivamente no hemos perdido nunca un caso por alza", como él mismo reconoce. Habla con la autoridad de quien partió presentando "25 o 30" recursos mensuales hace una década. Y que hoy concreta "del orden de 4 mil" acciones por año.
Un informe de la consultora Altura Management, encargado por la Asociación de Isapres, indica que Ganasalud entabló exactamente 6.441 recursos en 2015. Lo que la ubica en el segundo lugar dentro del ranking de las oficinas de abogados que más reclamos de este tipo elevaron ante los tribunales.
El reporte detalla que en ese período las quejas ante la justicia por los ajustes de los programas de salud llegaron a 133.501. La misma consultora proyecta unas 160 mil para 2016, a partir de las cifras que exhiben hasta este minuto las distintas cortes de apelaciones del país.
¿Y cómo reditúan los estudios de abogados? Las ganancias provienen exclusivamente de las costas que pagan las isapres al perder los recursos. Vale decir, de los gastos asociados a la tramitación de los pleitos.
Consultora: "Industria de abogados"
Diversos actores han alertado frente al fenómeno. Sea por la carga que los miles de recursos implican para los resortes del sistema judicial. Por la necesidad de que el Ejecutivo enfrente el problema a través de una reforma legal. O el hecho de que los defensores de los afiliados ganen fácilmente estos casos, sin siquiera alegar ante las cortes.
Las controversias en torno a los abogados, sin embargo, no se reducen a la tramitación de las quejas. Tiene que ver con múltiples aspectos que van desde las estrategias "publicitarias" que algunos de ellos emplean para captar clientela, hasta las ganancias que obtienen.
Cuadro que el estudio de la mencionada consultora describe así: "Con el paso de los años se ha consolidado una industria de abogados especializados en la materia, quienes con nombre propio han generado marcas asociadas a la defensa de derechos en salud e incluso dedicadas exclusivamente a casos de isapres y las alzas de los planes".
Visión que comparte el presidente de la Asociación de Isapres. Rafael Caviedes apunta a un "vacío legal aprovechado por un grupo de abogados" que en los últimos siete años han logrado "recaudar unos 110 millones de dólares". Jugando, además, a "ganador", toda vez que los tribunales acogen virtualmente sin distinción los recursos.
Caviedes sitúa el origen de esta "industria" en 2005. Año en que un cambio legal reemplazó los ajustes diferenciados para los distintos planes por "un solo guarismo" para "toda la cartera de afiliados". Desde entonces, previene, las isapres han debido aumentar los cobros por una suma de razones. Entre ellas, el envejecimiento de la población, con el consiguiente aumento de prestaciones, y el desarrollo de la medicina, lo que permite a los usuarios ir más al doctor, según él mismo anota.
Los tribunales han rechazado sistemáticamente los argumentos de estas instituciones, por considerar que las alzas deben darse por "un cambio efectivo y verificable del valor de las prestaciones médicas" y no de "forma arbitraria", como ha venido ocurriendo, según miles de fallos pronunciados en los últimos años.
20 bufetes entablaron más de 50 mil recursos
El informe que la Asociación de Isapres encargó a Altura Mangement indica que solo veinte estudios de abogados elevaron 52.705 de los más de 133 mil recursos presentados el año pasado.
Varias de esas oficinas ofrecen sus servicios en internet. Algunas de ellas, bajo sugerentes nombres de fantasía: S.O.S. Isapres, Me Subieron el Plan, Detén el Alza, Evita el Alza y Stop Alza Isapres, entre otros.
Los mensajes dirigidos a los potenciales clientes son igualmente directos. "¿Cansado de que te suban el plan? No aceptes el alza, es ilegal", interpelan, por ejemplo, desde S.O.S. Isapres.
En sus páginas web , algunas oficinas acusan a las isapres. Te Defendemos habla de "abusos", lo mismo que Ganasalud: "Evite este abuso hoy mismo".
Operan en Santiago y regiones
La presencia de los estudios en internet y las redes sociales se relaciona con el hecho de que parte importante del trámite puede realizarse de modo virtual. "Ingrese sus datos aquí para que presentemos su recurso", convoca Me Subieron el Plan en su portal.
Lo anterior facilita que algunos bufetes atiendan simultáneamente recursos en distintas regiones. Marcando once puntos en un mapa, Detén el Alza anuncia: "Tramitamos en todo Chile". "Presentamos recursos a nivel nacional, Antofagasta, Talca, Concepción, Valparaíso, Rancagua", enumera Waldo Albornoz, de Ganasalud.
Más allá de algunas diferencias de tono y estilo, las oficinas enfatizan ante sus potenciales clientes que interponer los recursos es gratis. S.O.S. isapres lo explica así: "Nuestra empresa le cobra a la isapre vencida todas las costas y gastos, por lo que nuestra empresa corre con todos los gastos hasta que la isapre nos paga".
Las cortes de apelaciones examinan cientos de recursos cada día. Y de manera prácticamente invariable dan la razón a los afiliados, sin necesidad de que aleguen sus defensores.
Basta con que estos abogados acrediten su presencia en el tribunal el día de la vista de la causa para poder cobrar más adelante la costa correspondiente. Caviedes asegura, en base a las cifras del año pasado, que el gasto de las isapres por este concepto representa en torno al 70% de las utilidades del sector.
Isapres pagan distintas "tarifas" a lo largo del país
Aunque estos recursos se gestionan de igual manera a lo largo del país, las distintas cortes de apelaciones tienen su propio "tarifario" para las costas. El informe 2015 de Altura Management anota que mientras en Iquique el monto es de $50.000, en Antofagasta llega a $410.000. En otras jurisdicciones, los rangos son intermedios: $142 mil en La Serena y $281 mil en Puerto Montt.
En el tribunal de alzada de Santiago, el importe se mantuvo un tiempo en $130 mil. En agosto de 2015, el pleno de la corte lo bajó a $50 mil. Pero si los abogados apelan ante la Suprema, se repone la costa de $130 mil.
La creciente cantidad de afiliados que impugnan las alzas y la relativa sencillez del litigio ha generado competencia entre los estudios, lo que, a su vez, ha desembocado en polémicos episodios.
Entre ellos se cuentan casos puntuales de profesionales que han ofrecido dinero a cambio de los patrocinios para interponer las acciones. O la entrega de gift cards con el mismo propósito.
En julio de este año, Gerardo Varela, abogado de una isapre, expuso en una carta a "El Mercurio" que algunos colegas "pagan $25 mil a sus clientes por representarlos". Debido al rechazo que genera, dicha práctica estaría en retirada. Pero aún hoy hay en Facebook un aviso en que Asesoría Jurídica Concepción plantea: "Evitamos el alza de tu plan de forma gratuita, rápida y te bonificamos con $25 mil al momento de firmar patrocinio o mandato".
También con el fin de captar interesados, los estudios subrayan que la presentación de los recursos es prácticamente una carrera corrida. "¿Cuáles son las posibilidades de éxito?", se lee en el sitio de Stop Alza Isapre. Ahí mismo se entrega la respuesta: "Altísimas. Llevamos una cantidad importante de recursos tramitados, todos acogidos favorablemente". Lo que Caviedes censura: "Creo que hay una situación anómala en que se ofrezca litigar como ya ganado".
En el mismo escenario se han dado casos de acciones judiciales duplicadas. Vale decir, de afiliados que aparecen presentando dos o más recursos por un mismo ajuste en su plan.
Por regla general, los responsables del problema no son los cotizantes, sino los estudios que deducen quejas en paralelo por una misma persona. "A veces, en este festival de demandas, los abogados cometen errores. Quiero interpretarlo como errores", dice Caviedes.
Abogados: "Actuar ilegítimo de isapres"
Algunas de las oficinas que más recursos elevaron durante 2015 admiten que se dan algunos problemas al calor de estos pleitos, pero tienden a cargar los dados contra las isapres.
En general, rechazan que se hable de una "industria" en torno a los recursos. Dicen que ellos no los inventaron. Y que estos se multiplican, porque esas entidades insisten en subir los planes, replicando criterios que los tribunales han catalogado una y otra vez como arbitrarios e ilegales.
"Lo que se ha generado en relación a los abogados es la consecuencia de un actuar ilegítimo de las isapres, no obstante haber sentencias que dicen que el alza es ilegal", sentencia Juan Castillo, de Castillo & Cía., que en 2015 entabló más de 2.500 de estos recursos, de acuerdo con el reporte de Altura Management. "Si las isapres cumplieran con lo que dicen las cortes, nadie acudiría a nosotros", coincide Sebastián Troya (3.500 recursos).
Un paso más allá, Cristian Reyes, de Detén el Alza (2.300 reclamos) está convencido de que los planes siguen subiendo porque solo una parte de los afiliados se anima a presentar recursos: "Lo hacen porque un número importante de afectados aceptará el alza".
Carlos Tagle (más de 5 mil reclamos en 2015) defiende su trabajo y el de sus colegas, en la medida en que se trata de gestiones netamente jurídicas: "No hago nada que no sea lo que estudié".
"Boca a boca" entre usuarios
En este círculo, creen que en el aumento exponencial de acciones (de 8 mil a 133 mil en cinco años) repercute igualmente el mayor conocimiento que los afiliados tienen en torno a sus prerrogativas. Lo que en cierta medida se daría a partir de la experiencia de quienes han reclamado: "Tengo clientes que han hecho esto por tres o cuatro años. Ellos les van indicando a otros que lo hagan", cuenta Troya. Lo que se concatena con una "sensación creciente de descontento" en los usuarios, frente a prácticas de las isapres que "pueden ser calificadas de abusivas o abiertamente discriminatorias", como plantea Reyes.
"No es mentira que esto sea rentable"
Están conscientes de que sus ganancias generan suspicacias. Pero aseguran que respecto de este punto se han tejido algunos mitos. Entre otras razones, porque con esos fondos deben pagarles a sus equipos de abogados y de procuradores, así como mantener sus oficinas.
"No es mentira que esto sea rentable. Pero conmigo trabajan ocho personas, dedicadas exclusivamente a este tema", previene Castillo. Juicio que comparten en Ganasalud: "La oficina se tiene que financiar (...). Trabajo con dos abogados a nivel nacional y una serie de procuradores", argumenta Waldo Albornoz.
Pagos tardarían hasta 3 años
Dineros que, además, demoran en llegar, según cuentan en los estudios. La "vuelta completa" entre la presentación del recurso y la entrega del monto correspondiente a las costas puede prolongarse tanto como dos o tres años, conforme a los mismos datos.
"A mí ahora me están recién pagando recursos de 2012", asegura Troya. Lo que atribuye al hecho de que las isapres dilatan los depósitos y a que los tribunales tardan en despachar los cheques y aún más en entregarlos: "Salen de a gotitas", anota él mismo.
Ello incide en que a los estudios se les vayan acumulando las platas en las cortes. Castillo, por ejemplo, advierte que su oficina tiene alrededor de $400 millones pendientes en esas cuentas: "Los tribunales no dan el ancho para girar todos esos montos".
En este punto, los abogados aclaran que una de sus motivaciones es defender los derechos de sus clientes. Pero también obtener una retribución por sus servicios, "como en cualquier trabajo", según advierte Tagle.
"Echan en el mismo saco a todos"
De las historias que circulan respecto de su actividad, las que más les incomodan son aquellas que tienden un manto de duda sobre su honorabilidad. Versiones que, apuntan, han tomado cuerpo a partir de episodios aislados.
Como el de los estudios que han ofrecido dinero y gift cards a cambio de los patrocinios. La totalidad de los profesionales contactados descartó categóricamente haber esgrimido alguna vez incentivos para tener clientes. "No compartimos la entrega de premios o estímulos económicos a los usuarios para que recurran", sostiene Reyes. Incluso más, asegura que "hoy día no existen" estudios que incurran en esas conductas. "Rechazamos eso. Éticamente no es correcto. ¿Cuál es el problema? Echan en el mismo saco a todos los abogados", se queja Castillo.
Tampoco les parece que los mensajes con que promocionan sus servicios sean incorrectos. "Hacemos publicidad respecto de un hecho que es ilegal (el alza)", afirma Castillo. "Decimos que los aumentos son arbitrarios, nada distinto a lo que han dicho por años los fallos", apunta Troya.
En cambio, sí conceden que a veces se producen duplicidades en las representaciones de algunos afiliados. "Ocurre que a mí me puede contactar alguien que ya le había mandado carta a otro abogado. El que, a su vez, interpone el recurso, sin avisarle al usuario", explica el mismo Troya.
Puertas adentro de las oficinas, están conscientes de que también se les critica por el hecho de que ganan los recursos sin alegar en las cortes. Cuestionamiento que, en todo caso, les parece sin sustento: "No tiene sentido alegar exponiendo argumentos fácticos y jurídicos que ya son ampliamente conocidos. Y son las cortes las que han determinado que es innecesario efectuar alegatos", sentencia Reyes.
Incluso más, algunos ven una injusticia en esas críticas. Dice Troya que no basta con entablar el recurso, también es necesario dar otros pasos: "Pedir apercibimientos, presentar escritos. Hay que hacer un montón de cosas".
Acciones que a fin de cuentas redundan, según ellos, en beneficios que trascienden a los usuarios. Hablan derechamente de una contribución al Poder Judicial, que por la vía de aprobar los recursos, mejorarían su imagen ante la opinión pública. Como Castillo le hizo ver hace un tiempo a un magistrado, cuyo nombre se reserva: "Le dije: nosotros les ayudamos a ustedes. (Sin los recursos), no estarían en la ola".
Análisis de Ángela Vivanco y Arturo Alessandri Cohn: Académica dice que "se ha desnaturalizado" rol del abogado y presidente de la Orden afirma que es una "actividad legítima"
Ángela Vivanco, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y experta en derecho público, ve "varios problemas" en torno a los recursos por alzas contra las isapres. Entre ellos, que las cortes de apelaciones operen "prácticamente como una oficina de partes", al acoger estas acciones sin que medien alegatos: "El abogado gana las costas, la persona que recurre no tiene ningún gasto... es win-win el tema".
Vivanco tiene la impresión de que los jueces acogen los reclamos, al considerar inadecuado que el sistema de salud funcione "como un sistema de seguros". Pero advierte que si se desea cambiar lo anterior, corresponde impulsar una modificación legislativa: "Quien corresponde que se haga cargo es el Gobierno".
Con todo, insiste en formular reparos a la manera en que los recursos contra las isapres se ventilan en los tribunales. Como al hecho de que estas causas se aprueben unas detrás de otras, a partir de escritos que se replican: "Esto no es un juicio en realidad, se ha transformado en una cuestión mecánica".
Ello la lleva a decir que en estos pleitos "se ha desnaturalizado totalmente el papel del abogado". Aún más considerando los casos de profesionales que han ofrecido incentivos como gift cards para captar clientes: "Esto se sale del marco ético de la profesión".
Caso en Antofagasta
La judicialización en este plano "surge ante la ausencia de una solución de Estado, que debiera ser de iniciativa tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso Nacional", advierte el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri Cohn.
Respecto de las acciones legales en sí, defiende el papel de sus colegas, pero admite que en este ámbito ha ido surgiendo una "industria": "La interposición de recursos de protección en contra de las isapres es una actividad legítima para los abogados en su ejercicio profesional quienes, en general, se han limitado a defender a sus clientes. Dado el aumento explosivo de tales recursos es inevitable que hayan surgido casos de 'industria' en su interposición".
Y agrega: "El problema surge con oficinas dedicadas a promover la litigación por intermedio de la solicitación, lo que es contrario a nuestro Código de Ética".
La "solicitación", explica, es "toda comunicación de un abogado relativa a uno o más asuntos específicos, dirigida a un destinatario determinado (...), cuyo sentido sea procurar la contratación de sus servicios profesionales".
¿Es ético que se empleen estrategias que impresionan como publicitarias para incentivar la interposición de estas acciones?
-Por las razones antes expuestas, por supuesto que no. Sin embargo, no hemos recibido denuncias contra ningún asociado.
De hecho, detalla que al colegio solo se le consultó "por un caso" de una abogada que ofreció gift cards en Antofagasta: "El uso de gift cards o productos similares como herramientas de solicitación me parece un hecho grave y absolutamente contrario a la ética".
Inquietud en el Poder Judicial
Cortes crean "unidades especiales" para encarar aumento de acciones legales
Los recursos de protección en contra de las alzas en los planes de las isapres inquietan a los tribunales. Tanto, que el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, lo incluyó entre los tópicos más relevantes del discurso que pronunció en marzo pasado, al inaugurar el año judicial.
Puntualmente, el magistrado urgió a "descongestionar los tribunales de justicia del exagerado ingreso que se produce con los reclamos que provienen de los contratos de salud, dictando normas, ojalá consensuadas, que eviten las interpretaciones diversas respecto de sus condiciones contractuales".
De esa forma, apuntó al impacto que el alto número de recursos contra las instituciones privadas de salud tiene sobre el funcionamiento de las cortes, principalmente las de apelaciones, donde se entablan esas acciones legales.
Un mes más tarde, el secretario del tribunal que encabeza Dolmestch, Jorge Sáez, abordó la misma materia en una columna publicada por este diario.
"La urgencia de resolver el alza de planes de las isapres", se tituló el artículo de Sáez. En él, subrayó que "más de dos tercios del total de causas que conoce la Corte Suprema" corresponden a estos pleitos.
En el mismo texto apuntó a un "fenómeno de reclamos masivos sin precedentes". Y consideró "razonable" la inquietud del presidente del máximo tribunal, tomando en cuenta que ha sido necesario crear en las cortes de apelaciones de Santiago y de otras ciudades del país, unidades especiales para afrontar las tareas ligadas a estos recursos.
Solo la sección del tribunal capitalino cuenta con una dotación de 50 personas. Cuyas remuneraciones, sumadas a las de otros funcionarios que desempeñan tareas similares, implican un gasto anual superior al millón de dólares.
"Si bien es cierto, la problemática que genera este tipo de reclamos corresponde ser abordada por las autoridades del sector salud, la falta de definiciones respecto de un modelo que regule las alzas de los planes de salud de las isapres, considerando los legítimos intereses de todos los actores involucrados -las instituciones de salud previsional, los afiliados y la autoridad-, está impactando la administración de justicia, área que es materia de preocupación de otra cartera del Ejecutivo, lo cual ha sido expresamente destacado por el presidente Dolmestch", anotó Sáez en la columna.
Más adelante, volviendo al gasto que los recursos contra las isapres implican para los tribunales, advirtió: "Este problema del sector salud no solo ha pasado a afectar al sector justicia, sino que también trasciende al sector económico, lo que supone la necesaria preocupación de la cartera de Hacienda".
Quienes siguen de cerca el tema, plantean que los tribunales debieran igualmente abordar otro aspecto: las distintas costas que cobran los abogados, dependiendo de las cortes de apelaciones en que tramiten los recursos contra las isapres. Pese a la petición de "El Mercurio" para conocer el sentido de esas diferencias, desde el Poder Judicial declinaron pronunciarse al respecto.
