El Mercurio
"Se va a poder cumplir". Ayer, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que el país tendrá gratuidad universal en la educación superior. Sin embargo, precisó que el beneficio, que este año debuta para los alumnos del 50% más vulnerable de 30 universidades, no se completará en su mandato. "Jamás dije que el 100% iba a ser durante mi gobierno. Nosotros estimábamos que en seis años se podía llegar".
En entrevista con Radio Agricultura, Bachelet añadió que pronto enviará el proyecto de reforma a la educación superior, donde "va a estar definida la gradualidad para llegar al 100%". E insistió en que el tema se abordará "con la seriedad y la responsabilidad que el país y los ingresos pueden asegurar".
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, añadió a las palabras de la Presidenta que el tema se está viendo junto con Hacienda, y puntualizó que "el factor económico es importante para ver cómo se sigue avanzando, sobre todo del séptimo decil hacia arriba, porque, por cada decil que se avanza, son muchísimos alumnos los que se suman".
Eduardo Cordero, constitucionalista del estudio Guerrero Olivos, también apunta a los recursos para el avance de gratuidad. Según el abogado, el fijar en la ley cómo avanzar en gratuidad puede ser "una aspiración, legítima desde el punto de vista de un programa de gobierno, pero que va a estar condicionada año a año a las necesidades, y puede no cumplirse necesariamente". Agrega que esta meta también estará sujeta a los "programas y políticas que tenga el próximo Presidente".
El profesor de Derecho Constitucional de la U. Católica Sebastián Zárate añade que "no es inconstitucional el comprometer, en términos generales, una prestación social". Sin embargo, precisa que si se quiere hacer algún cambio en la legislación, "hay un cierto principio que se argumenta en los derechos sociales: que no se puede retroceder en su reconocimiento".
Discrepancias
Los parlamentarios tienen opiniones opuestas sobre si se puede comprometer un gasto más allá del período presidencial. El diputado Jaime Bellolio (UDI) sostuvo que "decir que se va a cumplir el 100% en otros gobiernos es de una irresponsabilidad tremenda", y añadió que "parece que todas las reformas que quiere hacer este gobierno en materia educacional tendrán que hacerlas otros".
En tanto, la diputada Camila Vallejo (PC) planteó que "cuando hablamos de garantizar derechos sociales fundamentales, hay que abordarlo como una política de Estado (...). Y, en ese marco, es legítimo que una ley con visión de Estado aborde más de un gobierno, porque asegurará un derecho que tiene que ser permanente".
Recuadro :
"Va a ser con seriedad y con responsabilidad (...) porque no quisiéramos asegurar un derecho y el próximo año tener que cortarlo".
MICHELLE BACHELET PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
''En la medida en que existan más prestaciones, estas no se pueden privar, porque se entiende que hay un derecho social reconocido".
SEBASTIÁN ZÁRATE ABOGADO CONSTITUCIONALISTA
''Puede ser una aspiración (...), pero que va a estar condicionada año a año a las nuevas necesidades".
EDUARDO CORDERO ABOGADO CONSTITUCIONALISTA
Diputados piden analizar licitación 2016 de Junaeb
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, y el director de la Junaeb, Cristóbal Acevedo, asistieron ayer a la comisión investigadora que indaga las irregularidades cometidas en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entre 2014 y 2015, por un contrato que le habría significado un sobrecosto al Estado de $5 mil millones.
En la sesión, Acevedo expuso los hechos que fueron investigados por la Contraloría y que hoy están en la fiscalía. Sin embargo, algunos diputados también pidieron antecedentes sobre el proceso de licitación de 2016, el que ha sido cuestionado por un supuesto error en la valoración de las ofertas.
"Nos preocupa la licitación 2016, entendiendo que ha habido una buena intención de resolver los problemas, pero creemos que los problemas existen en este proceso", dijo Sergio Gahona (UDI).
Alejandra Sepúlveda (Ind.) también consideró necesario revisar el último proceso, y pidió además antecedentes a la Junaeb sobre "quiénes están detrás de las empresas y qué relación tienen" entre ellas y con los funcionarios.
Por su parte, Matías Walker (DC) recordó que la comisión tiene por objeto investigar hechos hasta 2015, y añadió que "una cosa es lo que podamos determinar como responsabilidades, pero más importantes son las recomendaciones que vamos a hacer".
Ante la petición, la ministra Delpiano dijo que explicarán el último proceso y las medidas que han aplicado.
