Diario Pulso
Se nos viene el tercer año de gobierno de la Presidenta Bachelet: año clave, por cuanto las iniciativas que no logren ver la luz este año difícilmente se concretarán en el cuarto, el cual se caracteriza más bien por actos y proyectos de ley meramente "testimoniales" sin mayor viabilidad política.
En materia legislativa medioambiental, lo más avanzado corresponde al proyecto de ley de fomento al reciclaje que establece la responsabilidad extendida del productor (REP), proyecto estudiado y presentado en la anterior administración del Presidente Piñera y que la actual ha logrado tramitar, en gran parte debido al consenso que significa esta última circunstancia. Es de esperar que el presente año culmine dicha tramitación con éxito. Sin embargo, en donde claramente estamos al debe, es en relación al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuestión destacada especialmente en el programa de gobierno y que está totalmente estancado en primer trámite legislativo (las últimas indicaciones de los senadores fueron en mayo de 2015). En relación a este proyecto, recordemos que el proyecto del anterior gobierno fue "retirado", habiéndose presentado uno nuevo, que es el que se está actualmente tramitando. Así como van las cosas, todo hace recordar el tiempo de tramitación de la Ley de Bosque Nativo. En paralelo a la tramitación de este proyecto, resulta esencial que el Ejecutivo le otorgue mayor celeridad al proyecto de ley que establece el Derecho Real de Conservación y al proyecto que uniforma los distintos regímenes de incentivos a las donaciones, incluyendo las que tienen finalidades ambientales. Ambos proyectos son importantes complementos a la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Otro proyecto en que ha existido intervención del Ejecutivo, corresponde al proyecto de ley sobre protección y preservación de glaciares, también en primer trámite en la Cámara, y que tiene su origen en una moción parlamentaria, a la cual se le quiso dar una salida más política a través de la presentación de indicaciones, generándose un confuso proyecto que hace caso omiso a instrumentos de gestión ambiental ya establecidos como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y las Áreas Protegidas. Otro proyecto en que se ha anunciado intervención del Ejecutivo, corresponde al que establece delitos ambientales, cuya inviabilidad a estas alturas del partido es incuestionable, especialmente ya que un proyecto de estas características debiera significar una importante reforma al sancionatorio administrativo ambiental, modificándose a este efecto la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Finalmente, tenemos la muy publicitada modificación a la Ley 19.300 en materia del SEIA, para lo cual se formó una Comisión Asesora Presidencial que aún no presenta sus propuestas, las cuales habrían de traducirse luego en un proyecto de ley preparado por el Ejecutivo. En este caso, parece como altamente improbable que este trabajo culmine en ley de la República, ya que los tiempos que le restan al gobierno simplemente no dan, y es por esto que lo más probable que ocurra a este respecto es que antes del término del gobierno se presente un proyecto de ley de carácter más bien "testimonial".
Desde el punto de vista de la gestión política, lo más llamativo resulta la increíble demora en la designación de los ministros del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, así como de la designación de los ministros titulares abogados del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, así como del Tercero de Valdivia. Aunque este tema está radicado en Presidencia (salvo el último caso que requiere de una tramitación previa), resulta fundamental la gestión política que ha de hacer el Ministerio del Medio Ambiente, ya que recordemos que la propuesta presidencial de los nombres de los ministros, ha de ser ratificada por el Senado.
En temas normativos, resultan relevantes las declaraciones de áreas saturadas y los distintos procesos para la generación de planes de descontaminación, los cuales son muy importantes para formalizar y darle presupuesto a la lucha contra la contaminación, especialmente en las ciudades del sur de Chile. Pudiendo existir discrepancias en relación a algunas de las medidas (por ejemplo, la restricción vehicular permanente para vehículos fabricados en forma previa al 2012 en el caso de la Región Metropolitana), resulta fundamental potenciar este instrumento de gestión ambiental, ojalá dotándolo de mayor blindaje legal incorporando instrumentos económicos. Sin embargo, es importante precisar que los planes son solamente la consecuencia de la superación de una norma de calidad, resultando fundamental la generación y revisión de normas que le den sustento a la gestión ambiental, especialmente el SEIA. Sin perjuicio de la revisión de la norma primaria de dióxido de azufre, se echa de menos el impulso que la anterior administración le dio a la tramitación de normas, como por ejemplo la de procesos y calderas y las normas de calidad secundaria de aguas, normas cruciales para el ordenamiento de cuencas. Esto es especialmente relevante si se quiere hacer gestión ambiental territorial, la que no pasa por los "Programas de Recuperación Ambiental y Social" que no tienen reconocimiento legal, sino que por la generación y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental en el territorio.
