Diario Estartegia Legal
Ha llamado poderosamente la atención de la opinión pública el hecho de que el nuevo fiscal Regional de Antofagasta Alberto Ayala, haya sido elegido por el fiscal Nacional en este cargo en los precisos momentos en que está siendo investigado criminalmente por el presunto delito de revelación de secretos y tráfico de influencias. Estos últimos hechos se refieren a la supuesta filtración que habría realizado dicho Fiscal, en ejercicio de su cargo, en medio del caso Soquimich al entonces ministro del Interior Rodrigo Peñailillo.
Un gran problema que ya ha sido correctamente denunciado desde estas páginas, es la "práctica de las sillas musicales" que está ocurriendo al interior del Ministerio Público, donde estando prohibida la reelección de un fiscal regional después de expirado su período de 8 años, se la elude eligiéndolo en ese mismo cargo pero en otra región. Así, determinadas personas han podido venir siendo reelegidas como fiscales regionales por largo tiempo, generando "un grupo al interior de la institución que se va rotando el cargo en todo el país, quienes en la práctica son designados a partir del nexo o cercanía que tienen con el fiscal nacional ya que este los nombra a su arbitrio desde una terna para postular al cargo que elabora la Corte de Apelaciones respectiva, a la cual no es difícil acceder".
Ahora queremos analizar cómo el principio de presunción de inocencia se ha impuesto aún contra la prudencia, ya que resulta lógico suspender a quién se encuentra postulando a un cargo público, cuando los antecedentes denunciados están revestidos de fundamentos serios y son de la mayor gravedad. El conocimiento de estos ha ido aumentando paulatinamente, especialmente después de la entrevista que diera a CNN el ex subdirector jurídico del SII Cristián Vargas. Éste señaló que la información habría sido filtrada directamente por un fiscal, lo que habría motivado los reclamos del entonces director del Servicio y también parte inhabilitada para conocer de esa investigación, Michelle Jorrat.
A la luz de la gravedad de tales antecedentes, ya que Vargas - quién fue desvinculado por su oposición a aceptar "presiones o injerencias políticas" respecto de la actuación del servicio en los casos Penta y SQM- y Jorrat estarían cometiendo el delito de obstrucción a la justicia si las declaraciones en que involucran al fiscal Ayala son falsas, queda la sensación de que la decisión del fiscal Nacional de ordenar instruir una investigación criminal en contra del fiscal Ríos no fue más.
En efecto, surge una duda importante por la omisión en haber ordenado una investigación administrativa, en forma previa a la investigación criminal. ¿Se lo trató de ayudar o perjudicar con esta decisión?
Hay quienes sostienen que se lo trató de ayudar, ya que para lograr una condena en materia penal se requiere un estándar de prueba mucho más alto que para establecer la responsabilidad administrativa. Por cierto, hay una omisión al reglamento que regula a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público. De acuerdo a esta normativa, quienes infrinjan sus obligaciones o deberes funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa –que debe ser establecida mediante una investigación administrativa- sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle. Hasta donde sabemos, en el caso del Fiscal Ríos esta investigación administrativa no se iniciado.
Entonces pareciera que se lo está juzgando, dando por establecida la comisión de un delito penal, cuando ni siquiera se ha iniciado un sumario para determinar su responsabilidad administrativa. La diferencia es que el estándar para la sanción administrativa es mucho más bajo. Aun cuando sea una infracción grave. Persiste la duda entonces de por qué no se inició una investigación de este tipo.
Y entonces surgen de inmediato quiénes afirman que la designación del fiscal Ayala fue realizada para que este proteja a quienes están prontos a dejar el Ministerio Público. ¿Se busca la protección entre los miembros del círculo? ¿No fue Ayala el que realizó las filtraciones sino otro Fiscal y a éste se lo quiere proteger? Finalmente, está el pequeño problema de que no existe impedimento legal alguno para postular a un cargo público de esta entidad, aunque se esté siendo investigado criminalmente.
