El Mercurio Legal
Más de 700 personas asistieron la semana pasada a la cuarta versión de la Feria del Trabajo de Derecho, organizada por la Universidad Católica, donde los organismos más solicitados fueron, además del Ministerio de Educación, los estudios Carey, Prieto y Cía., Barros y Errázuriz y Philippi, Prietocarrizosa y Uría.
En total se realizaron alrededor de 550 entrevistas a potenciales candidatos, siendo la mayoría de los participantes alumnos o egresados, además del plantel organizador, de las universidades de Chile, Diego Portales, de los Andes, Finis Terrae y Adolfo Ibáñez.
Las regiones también tuvieron representantes en la actividad, con la presencia de 40 estudiantes provenientes de distintos planteles del país. Aunque la mayoría pertenecía a las universidades de Concepción y de Talca, también asistieron al encuentro alumnos de la U. de Tarapacá, U. Austral, UC del Norte, U. de Valparaíso y UC de la Santísima Concepción.
Sobre esta instancia, el decano de Derecho UC, Carlos Frontaura, destacó el carácter único de la convocatoria, además de ser un "punto de encuentro entre estudiantes, egresados y empleadores, que brinda a sus visitantes la posibilidad de acceder directamente a información sobre oportunidades laborales, prácticas, pasantías y participar de entrevistas de reclutamiento con las más prestigiadas instituciones del sector público y privado".
Quiénes participaron
Este año asistieron al encuentro 20 firmas de abogados y 10 organismos públicos.
En el primer caso se trató de las oficinas Alessandri & Cía.; Aninat Schwencke & Cía.; Arteaga Gorziglia & Cía.; Avendaño Merino; Baker & McKenzie; Bahamondez Álvarez y Zegers; Barros & Errázuriz; Bofill Mir & Álvarez Jana; Carey; Cariola Díez Pérez- Cotapos & Cía.; Chirgwin Larreta Peñafiel; Claro & Cia.; Correa Gubbins; Ferrada Nehme; Fontaine & Cía.; Guerrero Olivos; Morales y Besa; Philippi Prietocarrizosa & Uría; Prieto y Cía. y Urenda Rencoret Orrego y Dörr.
En tanto, las instituciones públicas presentes fueron la Academia Judicial, Contraloría General de la República, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública, Fiscalía Nacional Económica, Fundación Pro Bono, Ministerio de Educación, Ministerio Público, Subsecretaria de Transporte y Telecomunicaciones y la corporación Comunidad y Justicia.
