Diario Estrategia
El abogado experto en derecho constitucional aseguró que los cambios a la Carta Magna deben realizarse dentro de la institucionalidad, rechazando de plano la posibilidad de una Asamblea Constituyente.
¿Cómo se reciben los anuncios referidos a la regulación anti corrupción de la política y los negocios?
Hay dos planos: de primero, como expresión de liderazgo presidencial en un momento complejo, los anuncios deben recibirse muy bien. Hay indignación con los problemas por todas conocidos. Debernos apoyar la ruta de la corrección, de la solución. del correspondiente debate legislativo. El segundo plano es de las medidas concretas las hay muy acertadas y las hay equivocadas. Prohibir a las personas jurídcas donar a campañas puede aparecer urgente hoy, pero sacrifica el derecho fundamental de libre expresión.
Lo que mayor conmoción causó fue el proceso constituyente que comenzaría en septiembre. ¿Cuál es su postura al respecto?
No me gusta confundir mecidas anticorrupción con una refundición jurídica da Chile. En esto último tengo una postura clara, desde el derecho constitucional, no desde la política. La Carta Fundamental actual permite perfectamente a Chile transitar hacia su destino. Podemos reformarla, evolucionar, pero no me gustan los fuegos artificiales jurídicos.
¿Cuál es el sustento legal que permitida liderar este proceso, y cómo debería realizarse?
Siempre es positivo promover diálogos, debata y consultas; el punto es que no queda claro cómo eso se puedo conectar con un proceso al que se le llama "constituyente". ¿Se trata de un proceso consultivo? ¿O será da alguna forma vinculante? El vínculo debe estar claro y debe enmarcarse en lo que la propia Presidenta definió, esto es, debe ser institucional. Nada justifica omitir las instituciones en algo tan trascendental como la ley suprema de un país.
¿Ha notado algún ruido a nivel internacional por los anuncios?
Internacionalmente, veo estupor, sorpresa, inquietud. Dos de los pilares de Chile que son transversalmente admiradas casi idolatradas en el extranjero, están remecidas. El primero, su baja corrupción, pública y privada; el segundo su estabilidad en las reglas del juego, su estada da derecho. La Asamblea Constituyente, débilmente justificada y manoseada más de la cuenta desde la política no se entiende bien afuera, en un país que lleva al menos 30 años de progreso en un proceso de permanente evolución, sin refundición.
