Revista Palabra
No ha sido sorpresa. Estaba anunciado en el programa de su candidatura presidencial 2013. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó el pasado 31 de enero un proyecto de ley de despenalización del aborto en tres situaciones: cuando la vida de la madre se encuentre en grave peligro (aborto “terapéutico”), cuando el embrión-feto tenga patologías incompatibles con la vida (eugenésico) y en el caso de violación (ético-social). En esta última causal se propone que las mayores de catorce años tomen la decisión asesoradas por sus representantes legales; para las menores de catorce años, en cambio, se requeriría la autorización de su representante legal (padres o tutores). El plazo para realizar el aborto sería de doce semanas de gestación para las mayores de catorce años y de dieciocho semanas para las menores de catorce. El proyecto considera la objeción de conciencia del médico, que le eximiría de realizar el aborto, a menos que la mujer por su estado de salud requiriese una atención inmediata.
El año 2012 el Senado chileno rechazó por amplia mayoría un proyecto similar propuesto por algunos senadores. Pero en marzo de 2014 asumió un nuevo gobierno, nuevos legisladores en la Cámara de Diputados y se renovó la mitad del Senado. En ambas cámaras la oficialista Nueva Mayoría tiene una mayoría absoluta. Por esta razón, el resultado de esta iniciativa gubernamental tiene posibilidades de ser aprobada.
En estas semanas el debate público en los medios de comunicación ha sido intenso: políticos, agentes sanitarios, asociaciones civiles, académicos, autoridades universitarias, obispos católicos y representantes de otras comunidades religiosas han manifestado sus posturas y argumentos. En algún momento del año ambas cámaras votarán.
Entrevistamos en primer término a Sebastián Illanes, gineco-obstetra y profesor de Medicina de la Universidad de los Andes, en Chile:
¿Qué le parece el proyecto de ley de aborto?
—El gobierno ha presentado este proyecto como algo necesario para proteger la salud de la mujer gestante, cuando se ve enfrentada a peligro de muerte por el embarazo, cuando el feto tiene una condición patológica grave, o cuando el embarazo sea producto de una violación. Sin embargo, es una falacia pensar que su aprobación mejorará realmente la salud de ellas.
¿Cuáles serán las consecuencias de las tres causales previstas?
—En el caso de riesgo vital materno, los protocolos de manejo clínico vigentes en nuestro país, contemplan la posibilidad de adelantar el parto para salvar la vida de la madre. Es evidente que la conducta médica no se verá alterada por la existencia o no de una ley como la propuesta. Es más, las bajas cifras de mortalidad materna, comparables con las de cualquier país desarrollado, avalan que las conductas clínicas en nuestros hospitales son las adecuadas para manejar estas situaciones de alto riesgo.
En el caso de fetos con malformaciones graves, no existe evidencia que demuestre que el aborto proteja a la madre de traumas psicológicos producto de tener un hijo con malformaciones. Es más, la evidencia científica actual apunta a que el aborto eugenésico puede afectar profundamente a los padres y que una parte considerable de ellos sufrirá de síntomas de estrés postraumático y sentimientos depresivos varios meses, incluso años, posteriores a la realización del aborto.
Otro tanto sucede en el caso de la violación, en donde ningún estudio ha sido capaz de demostrar algún beneficio del aborto electivo sobre la salud reproductiva o mental de la mujer. Por el contrario la evidencia señala que el aborto solo incrementaría el trauma que de por si conlleva la violación.
Conversamos también con Carmen Domínguez, profesora de Derecho Civil y directora del Centro de la Familia, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
¿Las instituciones de salud vinculadas a la Iglesia deben negarse de forma absoluta a realizar abortos, aún a riesgo de recibir sanciones?
—Las instituciones de salud vinculadas a la Iglesia o a cualquiera entidad hospitalaria que considere que la vida comienza desde la concepción no sólo deben negarse en forma absoluta a practicar abortos en sus dependencias sino que, de aprobarse el proyecto de ley que se ha propuesto, no tendrán obligación alguna de hacerlo. Como el propio Ejecutivo que está detrás del proyecto ha declarado, con él no se pretende legalizar el aborto ni reconocerlo como un derecho absoluto. Se ha dicho que sólo se persigue “despenalizarlo” en ciertos casos excepcionales. Si es así y no existe un derecho al aborto, nadie puede ser forzado a realizar uno. Pese a ello, el rector de mi Universidad ha sido atacado por su rechazo a que se realicen abortos en la red de salud de la Universidad Católica. Un parlamentario, incluso, ha amenazado a la Universidad con la expropiación.
¿Cómo contener la avalancha liberal que está cambiando los valores de la cultura chilena sobre la familia?
Es una pregunta compleja pues son muchos los factores que inciden en el cambio de valores.
Por lo pronto, parece difícil poder refrenar una espiral de reformas tan esenciales que inciden en la familia y la vida cuando quien las propone tiene mayoría parlamentaria para obtener su aprobación, incluso al margen de la calidad o necesidad de las mismas. Además todas estas iniciativas son tramitadas en el Congreso con pleno desconocimiento de lo que en realidad se está aprobando. Por lo mismo, es esencial, por un lado, mostrar la verdad de lo que se está queriendo aprobar y, por otro, que existe una mayoría que –una vez entendidos los alcances reales de esos proyectos– no está de acuerdo con ellos. Y ello requiere que los miles de ciudadanos pasivos, que sólo se quejan en silencio o en la sobremesa de lo que se está proponiendo, se informen y expresen su opinión. Este es un tema que no sólo nos compromete a nosotros, sino también a las generaciones futuras y, por lo mismo, nadie que en realidad se declare respetuoso de la dignidad de toda persona desde la concepción hasta su muerte natural debiese permanecer pasivo.
Max Silva, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad San Sebastián, aborda otros aspectos del tema.
¿Qué posibilidad ve usted de una eventual inconstitucionalidad de este proyecto de ley?
—El proyecto es claramente inconstitucional, debido a que la Constitución protege la vida del que está por nacer (artículo 19, número 1) sin distinciones, razón por la cual permitir el aborto en ciertos casos atenta contra la igualdad ante la ley (artículo 19, número 2). Lo anterior significa que antes de votar una ley de aborto se debería modificar la Constitución con los quórum requeridos. Debe tenerse en cuenta, además, que el mismo espíritu de la legislación chilena es claramente contrario al aborto, puesto que 1) se lo castiga como delito, 2) en 1989 se derogó el llamado “aborto terapéutico”, y 3) el Código Civil contiene diversas disposiciones que protegen la vida del que está por nacer y se refiere a su respecto siempre desde la “concepción”, sin perjuicio de considerar como persona a “todos los miembros de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición”.
Usted ha hecho notar que hay una presión de diversos organismos internacionales para obligar a Chile a legalizar el aborto. ¿Podría explicarnos su visión?
— Chile es el único país de América donde el aborto es ilegal. Existe una gran presión de diferentes organismos internacionales no sólo para permitir el aborto en ciertos casos, sino en realidad, para transformarlo en un “derecho” de libre disponibilidad para la mujer, en virtud de los llamados “derechos sexuales y reproductivos”. Y si bien no existe aún ningún tratado internacional vinculante que lo establezca, diversos documentos no vinculantes, así como fallos de tribunales internacionales, abogan por él.
Además, casi no hay conferencia internacional en que no se trate el tema de estos derechos sexuales y reproductivos, lo que significa en buenas cuentas, apoyar la anticoncepción y el aborto. Las razones últimas de lo anterior subyacen en un plan más o menos confesado de control de la natalidad a nivel mundial, en el pasado siguiendo la doctrina maltusiana y hoy las teorías del calentamiento global, que ven en el hombre un severo problema para el planeta. Por eso, para esta entalidad, el aborto se ha convertido, en el fondo, en un método anticonceptivo más.
Jorge Sabag, diputado de la coalición de gobierno que, sin embargo, es contrario al proyecto:
Perteneciendo usted a la coalición política que gobierna Chile se ha manifestado públicamente contrario al aborto. ¿Cuáles son las motivaciones de su postura?
—Los que están por nacer son seres humanos que al igual que la madre merecen espeto y un esfuerzo por prestarle ayuda ante situaciones complejas durante el embarazo. Ninguna situación justifica eliminarlos y cualquier acción médica debe tener como fin dar la salud a la madre y al hijo independientemente de que como consecuencia de esa acción se produzca la muerte del hijo por nacer.
Recientemente usted y otros parlamentarios han presentado un proyecto de ley de acompañamiento a la mujer que presenta un embarazo difícil. ¿Podría explicarlo?
—El proyecto de ley crea un sistema integral de protección de la mujer con embarazo de alto riesgo; embarazo vulnerable es aquel en el que la vida de la madre está en riesgo, el feto tiene patologías incompatibles con la vida, violación o cualquier otra circunstancia que ponga el riesgo el término normal de un embarazo.
En esas circunstancias el Estado debe proveer un acompañamiento profesional de apoyo a la madre y al hijo para que se proteja la vida de ambos.
