La Tercera
En cinco meses más, aproximadamente, se llevará a efecto el concurso público que deberá llamar la Corte Suprema para el nombramiento del nuevo Fiscal Nacional. Luego de las exposiciones de los candidatos, la Corte forma una quina para la consideración del Ejecutivo y posteriormente éste propone un nombre al Senado que requiere de una aprobación de un quórum bastante alto.
Sin pretender referirme en profundidad a ninguno de los desafíos del nuevo Fiscal Nacional, y a modo de resumen, mencionaremos las siguientes complejas tareas:
1) Creación y funcionamiento de las Fiscalías de Alta Complejidad. Al revés de lo que expresa la prensa y algunas autoridades, estas fiscalías no existen legalmente. Se trata de proyectos de modificaciones a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, pendientes en el primer trámite constitucional en el Senado desde diciembre de 2014. Si alguien quisiera preguntar dónde se encuentran estas fiscalías especiales, no las va a encontrar en ningún punto de Chile. Sin duda que son necesarias, pero hay que crearlas orgánicamente, de modo que puedan funcionar. En resumen, lo único que existe son las fiscalías regionales y las fiscalías locales y el Consejo General de Fiscales Regionales.
2) Introducir modificaciones al Consejo General de la entidad, de modo de integrar a algunos destacados juristas y expertos para revisar las políticas generales y ejercer algún modo de control sobre el funcionamiento del Servicio.
3) Urgente aumento de los fiscales adjuntos en el país. Desde los inicios de la Reforma Procesal Penal, los Fiscales Nacionales han insistido en que deben aumentarse los fiscales porque el movimiento de causas excede largamente a las previstas en la preparación de la reforma. En las cuentas públicas, desde el año 2004, se ha solicitado este aumento sin éxito. Las excusas para no legislar han sido varias como, por ejemplo, el mejoramiento de la gestión o la no persecución de los delitos de bagatela o la espera de varios años en la iniciación de la reforma en la Región Metropolitana. Existe un proyecto de ley también pendiente para aumentar la planta del Servicio, sin que se haya despachado. Frente a esta realidad, observamos cómo el Ejecutivo y el Parlamento están despachando rápidamente un proyecto para aumentar los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.
4) Mejor utilización de los abogados auxiliares. Tenemos el convencimiento de que con una mejor capacitación, éstos podrían ejercer varias funciones que hoy cumplen los fiscales. Para ello deben efectuarse algunas modificaciones al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
5) Sin afectar la autonomía, deberían establecerse algunos controles externos para optimizar la administración y las tareas del Servicio.
6) Deberá instarse por la colaboración entre el Ministerio Público y los organismos de seguridad (Investigaciones, Carabineros, Unidad de Análisis Financiero, Agencia Nacional de Inteligencia) y cuáles son las entidades que pueden fiscalizar esta colaboración. ¿Es suficiente el control del Ministerio del Interior o debe repensarse la idea de un Ministerio de Seguridad Pública, como se promovió en un primer proyecto enviado al Congreso en el año 2007?
