El Mercurio
La canadiense Potash Corp -controladora del 32% de la propiedad de SQM- explicó ayer las razones que motivaron la noche del martes la abrupta salida de los tres directores de la minera no metálica elegidos con sus votos: Wayne Brownlee, José María Eyzaguirre y Alejandro Montero.
"El Ministerio Público de Chile ha hecho graves acusaciones de irregularidades cometidas por SQM y su gestión", aseguró ayer la compañía internacional a través de una comunicación oficial. "PotashCorp y sus representantes en el directorio de SQM han exigido una investigación exhaustiva, transparente e independiente por la empresa", agregó la firma.
Sin embargo, a juicio de la canadiense, estos planteamientos ha enfrentado problemas dentro del gobierno corporativo de la compañía local.
"El directorio de SQM no ha autorizado una revisión que cumpla con los estándares que esperamos, a pesar de los esfuerzos constantes por parte de nuestros representantes en el directorio, de que SQM coopere plenamente y de forma voluntaria con las autoridades competentes, en particular en el caso de la solicitud del Ministerio Público", aseveró en el comunicado la empresa multinacional.
Según trascendió, la compañía canadiense era partidaria de explicar lo sucedido ante la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos -el símil de la SVS-, entidad que tiene jurisdicción en el caso debido a que SQM emitió ADR's en ese país. También los asesores legales en Estados Unidos de SQM, el estudio Sherman & Sterling habían emitido una recomendación similar e instado a colaborar con las autoridades chilenas.
"Ha quedado claro que, dada nuestra posición minoritaria y disidente en el directorio, no podemos garantizar que se lleve a cabo una investigación adecuada o que SQM colabore efectivamente con el Ministerio Público", dijo Potash.
La decisión de renunciar a la mesa de la minera chilena se explica también por la responsabilidad legal que tienen los representantes de Potash Corp, tanto en Chile como en el extranjero. Como emisor de ADR's en Estados Unidos, SQM debe cumplir con la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de 1977. Canadá, de donde proviene PCS, tiene una norma muy similar, la ley Corruption of Foreign Public Officials Act (CFPOA), de 1999.
Expertos opinan
Varios expertos afirman que los directores de SQM que no renunciaron a sus cargos podrían enfrentar una situación complicada en Estados Unidos. La empresa se transa en Wall Street a través de ADR's por lo que los miembros de la mesa directiva podrían ser cuestionados por las autoridades pertinentes de ese país si se identifica que estos cometieron faltas a su deber fiduciario con la compañía.
Dicho contexto ya se está materializando, porque tres estudios de abogados estadounidenses -Pomerantz, Rosen Law, Peiff Rosca Wolf- anunciaron ayer que preparan demandas colectivas en contra de SQM para compensar las pérdidas de los inversionistas institucionales e individuales en ADR's, ya que sus precios han caído con fuerza la última semana debido a los cuestionamientos que tiene el gobierno corporativo de la empresa. Respecto al futuro del directorio de SQM, Matías Zegers, profesor de derecho y director del Centro de Gobierno Corporativo UC, afirma que los próximos pasos será notificar una fecha para renovar el directorio de SQM, que podría ser en abril, cuando se celebre la próxima junta ordinaria de accionistas de la firma.
