El Mercurio
La justicia civil es supletoria en materia penal, laboral y de familia, es la única que no ha sido reformada, y tiene problemas de sobrecarga y lentitud. El proyecto de nuevo Código Procesal Civil está suspendido y parte de la comunidad académica se muestra inquieta.
Tras las críticas de especialistas y parlamentarios a la falta de definiciones orgánicas (estructura y cantidad de tribunales), en agosto del año pasado la comisión de Constitución del Senado ofició al ministro de Justicia, José Antonio Gómez, anunciando su decisión de no continuar la tramitación del proyecto hasta contar con estudios sobre el impacto que tendrá el nuevo sistema en el Código Orgánico de Tribunales, plazo que se dijo no superaría los 18 meses.
Pero además, y en consonancia con el rechazo de la Cámara de Diputados y la Corte Suprema a la figura del oficial de ejecución, el secretario de Estado decidió impulsar la creación de tribunales especiales de ejecución civil, laboral y previsional, los que estarían dentro de la estructura tradicional del Poder Judicial y cuyas primeras definiciones se conocerían el segundo semestre de este año.
El proyecto de código
El abogado procesalista Cristián Maturana, miembro de la comisión asesora presidencial para la reforma, está de acuerdo con la paralización, pero advierte: "Mientras más tiempo pase, el problema va a ser más grande, porque la cantidad de ingresos no corresponde a las salidas del sistema y las respuestas van a ser cada vez más lentas".
La opinión de Raúl Tavolari, profesor de Derecho de la U. de Chile y miembro de la comisión, es que "la calidad de la justicia se fue al suelo". "Treinta mil ingresos anuales es la tónica en Santiago, una carga de trabajo increíble y que hace imposible que las causas se puedan resolver en plazos razonables", dice.
Matías Insunza, académico del mismo plantel que ha participado en la reforma procesal civil desde 2005, es más radical: "Somos muchos los que nos hemos sorprendido con la actitud del Gobierno de no darle prioridad a uno de los proyectos que estaban dentro del programa de la Presidenta Bachelet, más todavía cuando en su primer mandato se hizo entrega del primer proyecto".
Desde la Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia de ese ministerio responden que se está trabajando y que las definiciones irían por el camino de tribunales similares a los reformados, con un "fortalecimiento del rol del administrador y la institucionalización de una estructura de apoyo al trabajo jurisdiccional". Se está a la espera de datos estadísticos del Poder Judicial para precisar la cantidad de jueces y funcionarios, así como de instalaciones físicas y tecnológicas.
¿Nuevos tribunales de ejecución?
La decisión del ministro de crear nuevos juzgados se topa con la mala evaluación de los actuales tribunales de cobranza laboral y previsional, donde el juez continúa a cargo de labores administrativas y muy sobrecargado.
Para Insunza, el camino tomado por el ministerio da una señal "nefasta" que redundará en un "grave deterioro" de la justicia civil. "Los tribunales de cobranza fracasarán, al igual que lo han hecho en materia laboral. Los sistemas modernos van por otra vía", afirma.
El profesor de la U. Católica de Valparaíso y especialista en ejecución, Álvaro Pérez-Ragone, dice que el eje no debiera estar en crear más tribunales y subir el número de jueces, sino en la sustitución de los receptores y la profesionalización de los auxiliares de la administración de justicia, en una actividad que claramente no sería jurisdiccional.
Por su parte, José Pedro Silva, profesor UC y también miembro de la comisión asesora, explica que el principio que inspiró a los oficiales de ejecución era "sacar del ámbito del juez esas funciones para las cuales no tiene ni la vocación ni la expertise ". "Hay muchos modelos; si ese principio se conserva, los tribunales pueden resultar".
En el ministerio dicen que el establecimiento de tribunales de ejecución "altamente especializados" constituye la mejor manera de proteger los derechos del deudor y del acreedor, buscando al mismo tiempo una mayor eficiencia en el cobro de los créditos.
¿Qué régimen jurídico tendrán el actual Código de Procedimiento Civil y el nuevo Código? ¿Un procedimiento especial y transitorio? La información oficial es que estarán "en perfecta armonía con los sistemas procesales ya reformados" y que ya se está trabajando en una primera versión del proyecto de ley, que regulará tanto el modelo orgánico como el sistema procedimental. "Esperamos iniciar la socialización de esta propuesta durante el segundo semestre de 2015 a fin de contar con un proyecto afinado a fines de año", indican.
