La Tercera
El bullado caso farmacias, que sancionó a las principales cadenas del rubro por colusión, ostentaba la marca de las mayores multas pagadas en un proceso sancionatorio sobre libre competencia en Chile. Eso, hasta ayer, luego que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolviera condenar por colusión a las avícolas Agrosuper, Ariztía, Don Pollo, y al gremio que las reúne, aplicándoles en conjunto una multa por US$ 60 millones (ver infografía).
Se trata de una sanción histórica, pues aplica por primera vez la máxima multa en dinero desde que en 2009 se aumentaron los montos para esta clase de delitos.
En su sentencia, el TDLC acogió la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y aplicó una multa a beneficio fiscal de 30.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) para Agrosuper y Ariztía, lo que equivale a US$ 25 millones para cada empresa. Asimismo, dictaminó sobre Agrosuper "la obligación de consultar previamente cualquier operación de concentración en este mercado en la que participen".
En el caso de Don Pollo, sin embargo, multó con 12.000 UTA, equivalente a US$ 10 millones, pese a que la FNE también había pedido la máxima sanción.
Para la Asociación de Productores Avícolas (APA), el TDLC "dio por acreditado que la APA tuvo un importante rol en la coordinación, ejecución y fiscalización de cumplimiento del acuerdo" y ordenó su disolución, aunque no aplicó multas en dinero.
Sin perjuicio de lo anterior, fuentes relacionadas con temas de libre competencia señalaron que la APA puede volver a organizarse, ya que no existe restricción al respecto. De todas maneras, los ministros del TDLC Andrea Butelmann y Radoslav Depolo recomendaron que de volver a reunirse en un gremio, las empresas realicen una consulta previa. Hoy la consulta para cualquier empresa es voluntaria.
Diez años de colusión
La sentencia se dicta a cinco meses desde que se cerrara la investigación y a casi tres años desde que la FNE presentara ante el TDLC el requerimiento en contra de las tres principales empresas avícolas del país y su asociación gremial, acusándolas de colusión al asignarse cuotas de mercado y restringir la producción de pollos durante por lo menos 10 años.
Si bien las multas para Agrosuper y Ariztía corresponden a los máximos que permite la ley, el fallo del TDLC estableció que el beneficio recibido por Agrosuper dentro de la colusión habría sido de ocho veces la multa; y para el caso de Ariztía, de cuatro veces lo condenado a pagar. En tanto, para Don Pollo, su beneficio habría sido el equivalente a la condena establecida por el TDLC.
El hecho que Don Pollo recibiera una sanción más baja que el resto de las empresas también tiene relación con su tamaño de mercado, ya que de recibir una multa al mismo nivel que Agrosuper y Ariztía, posiblemente desaparecería, explicó a 24 Horas la directora del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, María Elina Cruz.
"Niños bien portados"
De acuerdo al requerimiento ingresado en 2011 por la FNE, el cartel conformado por las tres empresas funcionaba al alero de la APA, su asociación gremial, que era la encargada de recibir la información de las cargas o pollos que cada empresa le resportaba y asignar para cada una las cuotas de producción.
En uno de los correos electrónicos que formaron parte de las pruebas presentadas por la FNE, el presidente de la APA Juan Miguel Ovalle felicitaba a las empresas por haber cumplido en determinado período las cuotas asignadas, señalando que eran "muy bien portados para ser niños normales".
Para el TDLC "resulta aún más grave que la APA haya compartido con las Empresas Avícolas Requeridas la información de cargas descrita en la consideración anterior, ya que el acceso a esta información permite a cada empresa conocer la producción inmediatamente futura de sus competidores, y eventualmente monitorear desvíos de un acuerdo de producción", dice la sentencia.
De acuerdo a los informes económicos encargados por la FNE en el marco del caso, el cartel generó un perjuicio económico por US$ 1.500 millones.
Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía Nacional Económica, encabezada por el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, valoró las multas establecidas por el tribunal. "Estamos enormemente satisfechos con la sentencia del TDLC. Este ha sido, a nuestro juicio, el cartel más grande que el sistema de libre competencia haya tratado de desbaratar en Chile, desde su creación en 1959", dijo Irarrázabal, quien ya había advertido la magnitud del cartel en abril de este año.
