El Mercurio
Enrique Barros, presidente del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa, le pidió esta semana a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) "más confianza" para fomentar la autorregulación bursátil.
Y fue más allá, porque pidió que se estudie aplicar mecanismos como el "silencio administrativo". Este permite que las propuestas de cambios de normas por parte del sector privado que se envíen a la autoridad comiencen a regir al menos temporalmente si es que el regulador no las aborda después de un período determinado.
Su idea tuvo ayer un respaldo por parte del presidente del directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), Juan Andrés Camus. "Tengo mucho respeto por la SVS, pero es cierto que hay algunas cosas que toman más plazo del deseado. Solo puedo manifestar que es una buena idea (la de Barros), pero es la autoridad la que debe analizarlo", indicó.
El representante de la mayor plaza bursátil del país destacó como ejemplo que al directorio que preside le gustaría que la propuesta enviada a la Superintendencia respecto del cambio de la normativa bursátil -que surgió tras el estallido del caso Cascada- obtenga autorizaciones rápidas.
No obstante, expertos en la materia no comparten la idea de que el silencio administrativo sea un instrumento idóneo para impulsar la autorregulación del mercado.
El abogado y socio del estudio Ferrada Nehme, Luis Cordero, señala que "para que funcione bien la autorregulación, debe haber confianzas mutuas".
Y agrega: "la opinión del Comité de Buenas Prácticas no toma la parte completa de la autorregulación. La lógica del silencio administrativo es distinta (...) No basta con sostener que la autorregulación per se es buena. Lo que sabemos hoy, y hay abundante literatura sobre este tema, es que la autorregulación en actividades que comprometen el interés general de algún u otro modo solo pueden tener resultados positivos si se dan en contextos de marcos normativos regulados. A eso se le denomina autorregulación regulada".
En tanto, Matías Zegers, profesor de derecho y director del Centro de Gobierno Corporativo UC, señala que antes de hablar del silencio administrativo, es más efectivo que las entidades privadas generen, en sus espacios, normas más profundas de autorregulación. "Es decir, que ellas propongan ciertos estándares de comportamiento más estrictos: como bienes corporativos, proceder financiero, y entrega de mayor información. Eso es algo que se puede realizar en el muy corto plazo y creo que no se requiere proponer nueva regulación", afirma.
