La Tercera
"Creo que es importante superar la visión de la consulta indígena como un evento único, aislado en el tiempo", asegura el abogado Sebastián Donoso, profesor de legislación indígena de la Universidad Católica e integrante del bufete Barros & Errázuriz.
El profesional asegura que "la participación debe entenderse como un proceso mucho más amplio y permanente, que involucra distintos esfuerzos en diversos ámbitos. La consulta indígena es uno de estos esfuerzos (...) por lo que siempre estará sujeto a críticas y perfeccionamientos".
¿Cree que puede acercar la relación del Estado y privados con las comunidades?
Existe una percepción, en algunos sectores, de que la consulta indígena es más un problema que un aporte, porque se la asocia con conflictos, judicialización y obstáculos de proyectos de inversión. Sin embargo, creo que será un factor clave en la instalación de un nuevo paradigma de relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Y también entre éstos y las empresas (...). No sólo es un bien en sí mismo, sino que, además, debería contribuir a una mayor certeza jurídica, en la medida que se consoliden los mecanismos de consulta indígena del Estado y las iniciativas de participación que implementen los privados.
Pero, se dice que adolece de problemas metodológicos.
Los temas metodológicos siempre serán discutibles y con el tiempo se construirán acuerdos. Lo que está claro es que la relación del Estado con los pueblos indígenas no se agota en la consulta, pues requiere de un diálogo permanente y una mirada más integral.
Parece haber desconfianza desde el mundo indígena a este proceso...
Nuestro país, como muchos, tiene una historia de desencuentros y desconfianzas entre el Estado y los pueblos indígenas. Por cierto que hay muchos temas pendientes, y no es posible abordarlos y resolverlos todos a la vez. Es probable que algunas comunidades argumenten que no van a participar en ésta y otras consultas, mientras no se solucionen sus demandas de tierras u otras reclamaciones. Me parece clave que el gobierno, en paralelo a esta consulta, que sólo se refiere a la institucionalidad, abra un proceso de diálogo sobre otros temas que son muy sensibles para el país, como las tierras y su vinculación con el conflicto de La Araucanía y parte del Biobío.
¿Fue acertado incorporar este proceso dentro de las medidas de los primeros 100 días de gobierno?
Era obvio que la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y de un consejo de pueblos no se podían cumplir en 100 días. Lo lógico era comprometer que dentro de ese lapso se iniciarían los procesos de consulta. Y así ocurrió. La clave, ahora, es la etapa de planificación, que requiere de acuerdos con las propias organizaciones.
¿Cómo han funcionado las consultas en otros países?
No conozco ningún país que haya ratificado el Convenio 169, donde la implementación de mecanismos de consulta indígena no hayan estado sometidas a tensiones y problemas de implementación. Así lo reconoce la propia OIT. Hay que estar atento a las lecciones de otras naciones, como Colombia, Canadá o Nueva Zelandia. En ninguno de ellos el tema está resuelto. Es un proceso.
