El Mercurio
La Municipalidad de Santiago tiene cinco días para apelar del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que le ordenó impedir, adoptando las medidas que sean necesarias, nuevas tomas en el Instituto Nacional.
Aún no está claro si ello se hará o no (el Concejo Municipal verá hoy el asunto), pero sí, explica la directora jurídica del municipio de Santiago, Daniela Cañas, se pedirá más precisión al tribunal de alzada: "Nos parece razonable que la Corte nos aclare qué medida en particular y con qué oportunidad la debemos tomar (para evitar las tomas)". Con todo, dijo, se acatará la sentencia.
Sin embargo, aunque la resolución aún no está "a firme" -porque si es apelada, puede ser confirmada o revertida por la Corte Suprema- llamó la atención de distintos abogados constitucionalistas.
Primero, dice el abogado Eduardo Cordero, porque hace un "pronunciamiento explícito y claro sobre las tomas, en este caso de colegios, afirmando que son actos ilegítimos y arbitrarios". Esto abre un debate que podría llegar a la Corte Suprema y lo que ésta resuelva en esta materia será relevante, porque para muchos la toma es un acto legítimo, que se consideraría como parte de la libertad de expresión.
En cuanto a las medidas dispuestas por el tribunal para evitar nuevas tomas, los abogados concuerdan en que el incumplimiento del mandato puede traducirse en dos modos de responsabilidad para la alcaldesa Tohá, o quien ocupe su cargo.
Para el abogado Francisco Zúñiga, por una parte, "si se confirma este fallo quien es responsable de proveer el servicio educacional, en este caso la alcaldesa de Santiago, queda expuesto a su responsabilidad por notable abandono de deberes (política) y, por tanto, a que concejales deduzcan requerimiento ante el tribunal electoral regional competente, a fin que se la remueva del cargo". También agrega su par, el constitucionalista Rodrigo Delaveau, el "incumplimiento está sancionado por el delito de desacato, que se encuentra descrito en el Código de Procedimiento Civil". Pero además, advierte, la Corte tiene las facultades para dictar nuevas medidas para dar cumplimiento efectivo a lo resuelto.
Ayer, en tanto, la concejal Carolina Lavín llamó a no apelar de la resolución, la que consideró aclaraba el manejo de las tomas.
