El Mercurio
Señor Director:
A propósito de la decisión del Gobierno de derogar el decreto que establece "el consentimiento explícito" para los contratos financieros, el profesor Ruperto Pinochet sostiene que los contratos de adhesión, cuyas condiciones solo pueden ser aceptadas o rechazadas por los consumidores (pero no negociadas "sentándose a la mesa"), producirían un consentimiento impuesto, que no valdría como consentimiento.
Permítame disentir. En el mundo del derecho comercial la contratación masiva hace imposible que las partes se puedan "sentar a negociar". Pensemos por ejemplo en los contratos masivos como es el de transporte. El consumidor que toma una micro acepta tácitamente las condiciones que, en forma también tácita, le propone la empresa de transporte. No hay negociación ni de precio, ni de recorrido, ni de nada; lo acepta o no.
Lo mismo pasa con las compras en un supermercado, los términos de las licencias de softwares , la contratación a través de máquinas (bebidas, estacionamiento, aplicaciones), etcétera.
Generalmente no se cuestiona la existencia de un verdadero consentimiento, aunque parece evidente que se requiere la existencia de leyes e instituciones públicas que protejan razonablemente a quienes solo pueden aceptar las condiciones de los contratos.
Para una empresa que tiene contratos de duración indefinida con miles o, como en el caso de las empresas de telefonía celular, millones de clientes, es imposible sentarse a negociar con cada uno de ellos las modificaciones a los contratos que puedan razonablemente requerirse durante el transcurso del tiempo.
Debe existir un mecanismo razonable en el que la empresa proponga los cambios con la debida anticipación y el cliente pueda aceptarlos, en forma tácita o expresa, o dar por terminado el contrato.
Sostener lo contrario implicaría que los contratos de adhesión de duración indefinida serían perpetuos e imposibles de terminar, condición que no tiene ningún contrato en nuestra actual legislación, ni siquiera el de matrimonio.
