La Tercera
El Tribunal Constitucional (TC) está investido de un conjunto significativo de potestades. Y aun cuando alrededor del 85% de las sentencias que emite inciden en requerimientos que buscan que un determinado precepto legal no tenga aplicación en un juicio concreto, nuestro TC dispone también de la facultad de revisar directamente, y en abstracto, la validez constitucional de proyectos de ley y decretos supremos.
Dada su razón de ser, el TC está llamado a desarrollar una relación compleja con los órganos de representación ciudadana (Presidente y Congreso). Si por un lado debe estar dispuesto a enfrentar la tensión que supone reprochar -cuando ello sea necesario- la validez de decisiones adoptadas por las instituciones directamente democráticas, al mismo tiempo debe ser respetuoso de las esferas de discrecionalidad que le competen propiamente a la política.
En la medida que las decisiones del TC pueden tener efectos generales sobre toda la comunidad y que ellas, además, pueden contradecir lo que ha sido el juicio de la representación popular, resulta crucial que las distintas actuaciones de dicho órgano estén sometidas a un escrutinio público informado.
En el afán de contribuir al propósito descrito, esta columna y la que sigue buscarán proponer algunos elementos para evaluar la actuación del TC durante el año pasado.
Tomemos nota, en primer lugar, de los cambios producidos en su composición. En marzo de 2013 el Congreso confirmó en su cargo a Gonzalo García y aprobó la incorporación de Juan José Romero. Simultáneamente, el Presidente Piñera designó a María Luisa Brahm.
En segundo término, hay que recordar el cambio producido a mediados de año en la presidencia del TC. Luego de varios empates y tras unas semanas de suspenso, se generó un acuerdo que le permitió a la profesora Marisol Peña transformarse en la primera mujer en encabezar el TC. Ese mismo acuerdo contempla una próxima presidencia del profesor Carlos Carmona.
Quiero concluir refiriéndome a los esfuerzos del TC por abrirse a la comunidad. Se ha continuado con la práctica de celebrar audiencias públicas en aquellos casos en que los proyectos en debate presentan un alto grado de interés público. De esta manera, y junto con consultarse oportunamente el parecer de los especialistas, se produce un espacio para que las organizaciones sociales puedan hacer sentir su voz. Y así fue, por ejemplo, que a propósito del requerimiento contra la Ley de Pesca, y en el contexto del debate sobre los alcances del Convenio 169 de la OIT, los ministros del TC tuvieron la oportunidad de escuchar a un dirigente indígena referirse -en su lengua nativa- a la posición de sus representados.
El TC también ha desplegado un plan de trabajo para mejorar el diálogo con los miembros del Poder Judicial. Manifestación de ello son las dos sesiones ordinarias que el TC ha celebrado en las sedes de las cortes de Rancagua y Valparaíso. Amén de valorarse el afán descentralizador que entrañan estos desplazamientos, estas actividades han sido ocasión para que ministros del TC, jueces y ministros de las cortes conversaran sobre la manera en que deben articularse las atribuciones de unos y otros.
