El Mercurio
En el ámbito de las prioridades políticas, la justicia suele no estar a la par de otras necesidades colectivas como la educación, la salud o la vivienda, no obstante su función política en el sentido de gobierno de un asunto público de la mayor importancia para el desarrollo del país: la resolución de los crecientes conflictos humanos en cantidad y complejidad -individuales y colectivos- (artículo 76 de la Constitución Política de la República).
Una evaluación justa, y por lo tanto que vaya más allá de la justicia-sentimiento y de los intereses públicos afectados por las decisiones jurisdiccionales, requiere de una mirada de conjunto de todos los componentes del sistema que inciden en ella y sus relaciones.
Así, influyen en la labor judicial: las leyes sustantivas y procesales que aplican los jueces para determinar la verdad judicial mediante la prueba legal de los hechos establecidos en cada caso; los órganos públicos dependientes del Gobierno y la administración del Estado que corresponde al Presidente de la República, como por ejemplo Carabineros e Investigaciones, encargados de dar eficacia al derecho y garantizar el orden y la seguridad pública interior; otros servicios públicos dependientes del Ejecutivo que auxilian a la administración de justicia, y el Ministerio Público, organismo constitucionalmente autónomo, encargado de la investigación y persecución de los delitos, no bien diferenciado aún del Poder Judicial en la percepción ciudadana.
Se agrega la formación profesional, ética y cultural de los abogados, fuertemente arraigada en la resolución adversarial o litigiosa de conflictos en su rol de representar una parte del total de los intereses contrapuestos en los juicios. Son todos aspectos del sistema penal que inciden positiva o negativamente en la función jurisdiccional. Por ello, atribuir a los jueces responsabilidad en el multicausal problema social de la delincuencia es una evaluación injusta y un reiterado error político con alcances negativos en la percepción ciudadana de la función judicial.
Desde los albores de la República el Poder Judicial ha sido, salvo períodos excepcionales, un baluarte del Estado de Derecho y de la estabilidad democrática que la comunidad internacional le reconoce a Chile. Se trata de jueces en su inmensa mayoría independientes, imparciales y probos en el ejercicio de sus delicadas funciones a través de todo el territorio nacional, y con prohibiciones legales estrictas que limitan su participación en el debate público. Es un activo-país que, sin perjuicio de su perfectibilidad, debe reconocerse, cuidarse y priorizarse de modo equivalente al resto de las necesidades colectivas.
La reforma procesal penal hecha con el concurso del tiempo y el apoyo decidido de vastos sectores sociales, políticos y académicos, y con resultados razonablemente satisfactorios, debe ser fuente de aprendizaje para las otras reformas que el país requiere en el ámbito de la justicia.
Una lección aprendida ha sido la necesidad de difundir como política pública aspectos del derecho y la justicia vinculados a la vida cotidiana de las personas, que explique en lenguaje sencillo y comprensible no solo el funcionamiento del sistema judicial, sino, además, la escrituración de las leyes, de los contratos privados vinculados a las necesidades colectivas como la salud, el consumo, el funcionamiento del sistema financiero y otras, y la forma en que los órganos públicos se relacionan con los usuarios.
La relevancia del lenguaje jurídico ciudadano radica en que tiene que ver con el ejercicio del poder, la forma de gobernar, la transparencia y la participación ciudadana que hoy exigen los movimientos sociales y, en última instancia, con la educación cívica que cuanto mejor funcione, menor será el trabajo de los jueces.
