La Tercera
SOoy de la opinión que Dark Knight es una gran película de superhéroes. Sin perjuicio del mérito que le cabe a Heath Ledger por haber encarnado un Guasón inolvidable, la mayor fortaleza de este filme radica en la forma en que la historia aborda el problema de la seguridad ciudadana. Justo en los momentos en que ciudad Gótica enfrenta una peligrosa amenaza criminal, aparece un fiscal de distrito (Harvey Dent) dispuesto a enfrentar a los delincuentes con valentía, inteligencia, honestidad y apego al derecho.
Batman, que ha estado luchando contra el crimen por medios bastante menos convencionales, se da cuenta que esta figura pública, investida de poderes legales impecables, representa la única manera de garantizar en forma estable el orden y la seguridad. Es, además, una institución que puede recabar la necesaria colaboración de una comunidad que, como lo muestra la escena notable de los barcos cargados de explosivos, no ha perdido su sentido esencial de moralidad.
El problema es que en el clímax de la película, el fiscal -antes de morir trágicamente- enloquece y traiciona todo lo que ha llegado a representar ("... todas las investigaciones y todas las condenas que obtuvo Dent, todo perdido... La gente perderá la fe", expresa desolado el jefe policial Gordon).
Es en ese instante que Batman elige asumir toda la responsabilidad por las faltas del fiscal. "Persíganme a mí... Eso es lo que debe pasar... A veces la gente merece algo más. A veces la gente merece que su fe sea recompensada", señala el enmascarado.
Esta película recoge de modo muy gráfico el papel esencial que juegan los fiscales. Esta importancia no justifica, obviamente, que para mantener su prestigio deban taparse sus faltas. Sí demanda, en todo caso, que todos los sectores de la ciudad, y no sólo los héroes, nos ocupemos de cuidar esta función.
El gobierno actual, que prometió terminar con la fiesta de los delincuentes, no ha cuidado de nuestros fiscales. El maltrato comenzó desde el día uno. Recuérdese toda la presión política desplegada para que se "agilizara" el emblemático caso bombas. Luego, y ad portas del juicio, el Ministerio del Interior se lleva al fiscal estrella para destinarlo a una función que nunca se explicó bien. Posteriormente, el caso bombas se cayó a pedazos. En los años siguientes, los roces se han multiplicado. Mientras tanto, los fiscales no han encontrado en el gobierno un interlocutor con el cual conversar sus preocupaciones profesionales.
El 5 de septiembre pasado, el gobierno coronó su campaña contra el Ministerio Público presentando indicaciones al proyecto de ley de "reforma a la reforma". Entre otras materias muy negativas, la iniciativa del Ejecutivo tendría el efecto de dar autonomía operativa a las policías (véanse las reformas propuestas a los arts. 80 y 83 del Código Procesal Penal), desconociendo la norma constitucional que le reconoce a los fiscales la dirección de la investigación de los hechos delictivos (art. 83 de la Constitución).
El tema es delicado. El único que podría reírse es el Guasón.
